La modalidad comenzó con Rodríguez Larreta y continuó con Jorge Macri. Denuncian que invitan a proponer modificaciones institucionales por estos medios, que luego son ignoradas.
“Las cooperadoras nos enteramos con un mail y mensajes de texto que el ministerio de Educación comenzó la discusión por la Ley de cooperadoras. Mandaron para responder un cuestionario con distintas preguntas y los objetivos, como la participación y duración de los mandatos”, recuerda en diálogo con Tiempo Pablo Cesaroni de Cooperadores en Acción.
Tras responder el cuestionario, el ministerio de Educación dividió la ciudad de Buenos Aires en cuatro zonas y recién ahí comenzaron a implementarse algunas reuniones presenciales en la Legislatura donde se presentó un anteproyecto de Ley.
“Esos encuentros fueron complicados. Algunas cosas se modificaron en el primer borrador de la ley, pero las propuestas centrales que hicimos no. La oposición al macrismo votó en contra a pedido de muchísimas cooperadoras que seguíamos cuestionando el contenido de la ley. Fundamentalmente el artículo de conformación de las comisiones, donde por ejemplo no permite que personas que no tengan hijos en la escuela puedan seguir siendo miembros de las comisiones directivas”, agrega Cesaroni. “Con esto, el gobierno cumplió con uno de sus objetivos centrales que era alejar a familias y cooperadores que con mucho recorrido venían ayudando con su experiencia y su actividad a garantizar un buen funcionamiento. Este artículo lo único que hizo es condicionar la participación y después de dos años provocó que existan muchas menos cooperadoras y con menos integrantes de comisiones directivas”, termina.
Las puertas de la legislatura estaban cerradas. Afuera había miles de docentes intentando ingresar. Adentro, la ex ministra Soledad Acuña haciendo la presentación formal de la modificación del estatuto docente, un proyecto unilateral elaborado por el oficialismo porteño.
Quienes participaron de esa jornada del 15 de marzo de 2022, solo reclamaban ser escuchados y participar de la reforma docente que deterioró, en muchos aspectos, el trabajo dentro de las escuelas y los derechos adquiridos tras años de lucha.
Previo a esta presentación, la cartera educativa envió correos electrónicos y realizó llamadas telefónicas a algunos docentes para preguntarles si querían ‘ganar más dinero como maestro’ señaló por entonces Karina Costaguta, secretaria general del gremio docente CAMYP. “¿Qué es esa pregunta?, obviamente que no dieron más detalles ni tampoco nos invitaron a participar”, agrega.
“Cuando las reformas no tienen sustento pedagógico y/o institucional, cuando no están pensadas ni consensuadas con la comunidad educativa están destinadas a no prosperar. El fracaso con estas reformas tiene su principal eje en las políticas implementadas por la gestión de CABA que se repite a lo largo de los años. Un claro ejemplo de esto fue la modificación estatutaria realizada en el año 2022 que limitó derechos, redujo la capacitación plural y democrática y atacó fuertemente las trayectorias docentes”, sumó la titular deCAMYPen diálogo con este medio.
Para la docente y líder sindical esto mismo ocurre con la reforma educativa que quiere implementar Jorge Macri. “Quieren modificar las estructuras de las plantas funcionales de los secundarios, unificando materias y poniendo en riesgo las fuentes laborales. Mientras seguimos escuchando a especialistas opinando sobre el sistema, las voces docentes carecen de protagonismo”. En ese sentido, Kostaguta eñala que todo esto ocurre mientras la docencia vive problemas reales: “los salarios por debajo de la inflación, las graves condiciones edilicias de las escuelas, la carga administrativa de sistemas que constantemente tienen fallas, etc. Mientras buscan declarar la educación como servicio esencial responsabilizando impunemente a la docencia por la falta de días de clase, no hay proyecto ni reforma que apueste a invertir en el sistema educativo ni en aumentar el presupuesto educativo”.
“En el mismo enlace sigue abierta la posibilidad de realizar los aportes de manera virtual, como así también de acercar consultas e inquietudes que puedan surgir”, dice el correo electrónico enviado por el ministerio de Educación porteño, hoy comandado por Mercedes Miguel. El texto pertenece a las propuestas de reforma educativa que el macrismo quiere realizar en el nivel secundario.
Por este tema, los gremios docentes pusieron el grito en el cielo, dado que, los primeros indicios presentados por el GCBA, alertaban sobre la quita y fusión de de materias, la digitalización de muchos contenidos para cursar virtualmente, todas situaciones que provocarían, en principio, un recorte inminente de la planta docente.
“El pasado 4 de septiembre, la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) participó de una reunión con la Ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, sobre el Plan Estratégico “Secundaria Aprende”. A lo largo de la misma la UTE planteó la necesidad de una comunicación oficial que dé claridad con respecto a la implementación en términos de organización escolar de la reforma”, señaló el sindicato en un comunicado.
“Los principales puntos planteados fueron: La participación de manera voluntaria en las llamadas “Pioneras” . Mantenimiento de los mismos espacios/materias y carga horaria. La cursada presencial exclusiva. No se incluye la virtualidad/ educación a distancia”, agrega el documento.
Para la asociación ADEMYS la ministra tuvo que salir a decir algo pero el riesgo de ajuste en la planta docente sigue en pie. “Porque mientras siga proponiendo integrar materias y que cada estudiante continúe por su camino y que los profes concentremos horas en una escuela siguen proponiendo algo que no está bueno”, explica a Tiempo Lucía Agulló, profesora del Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández», y delegada de Ademys. “¿Quién quiere tener un mismo docente de primero a quinto año con el mismo estilo de enseñanza?”, increpa la docente y termina: “Además es imposible que integrando materias no desaparezcan contenidos”.
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