Crecen las manifestaciones que exigen la salida de la presidenta, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. La represión policial ya dejó casi 50 muertes en poco más de un mes.
“Dina asesina”, fue el grito más repetido por los manifestantes, que se congregaron en la plaza Dos de Mayo y se movilizaron luego en forma pacífica hacia la estratégica plaza San Martín, en el centro de la ciudad, sin que la Policía se los impidiera.
“Estamos aquí para honrar a nuestros hermanos asesinados en (los departamentos de) Apurímac, Ayacucho, Puno; no están solos, ellos nos duelen”, le dijo a Télam Clotilde, quien se presentó como una pequeña comerciante del populoso distrito limeño San Juan de Lurigancho.
Hasta ahora, las protestas derivadas de la destitución del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte, a partir del 7 de diciembre, se habían realizado casi exclusivamente en el interior del país, sobre todo en el sur, salvo por algunas manifestaciones pequeñas en Lima, ciudad de tendencias conservadoras.
Según la Defensoría del Pueblo, más de 40 civiles y dos policías perdieron la vida en las protestas. Entre los civiles muertos, a ninguno de los cuales se le hallaron antecedentes delictivos, la mayoría fue víctima de balazos disparados por la Policía.
“Dina Boluarte tiene que renunciar y tiene que dejar de asesinar al pueblo”, clamaba en medio de la marcha un hombre de mediana edad que acompañaba sus gritos con golpes a un tambor.
La mandataria, a la que sus críticos acusan de haberse convertido en cómplice de una derecha a la que alguna vez combatió, era sin dudas el personaje negativo central de la marcha. Numerosos fotomontajes de la presidenta con sangre en sus labios formaron parte de la colorida procesión.
La movilización de este jueves en Lima, en la que salvo por unos 1.000 campesinos llegados de la región norteña de Cajamarca la mayoría eran habitantes capitalinos, podría ser solo un ensayo, pues dirigentes de otros lugares, en especial de los combativos Andes sureños, preparan marchas hacia la metrópoli.
Según el activista Omar Coronel, los visitantes podrían llegar a Lima entre el domingo y el lunes, aunque no había información de que hubieran partido de sus sedes. El hecho generaba preocupación por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, que actúan bajo Estado de Emergencia, recurran a la represión armada.
Boluarte y el Congreso trabajan en adelantar las elecciones generales para abril de 2024, una fecha que para los opositores es demasiado distante, en especial ante el uso de la fuerza que hacen la mandataria y su primer ministro, Alberto Otárola.
Castillo fue destituido el 7 de diciembre, después de que pretendiera sin éxito cerrar el Congreso. Lo reemplazó su hasta entonces vicepresidenta Boluarte, quien, contrario al clamor popular que mostraban las encuestas por elecciones inmediatas, anunció que pretendía quedarse hasta 2026.
Boluarte retrocedió ante las protestas, pero ya para entonces en país estaba incendiado y el excesivo número de muertos disparó un malestar cada vez más incontrolable.
Mientras Lima retornaba a la normalidad al caer la noche, varios departamentos se mantenían en pie de guerra, sin que ninguna de las partes avanzara hacia diálogos sustantivos.
Renunció el ministro de Trabajo
El ministro de Trabajo de Perú, Eduardo García Birimisa, presentó en las últimas horas su renuncia «irrevocable» al cargo, en una carta en la que criticó al Gobierno por las cerca de 50 muertes que se produjeron en el país en el marco de las protestas.
Casi un mes después de tomar juramento del cargo, García Birimisa envió ayer una carta a la presidenta, en la que argumenta que «la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran».
«Se requiere de un pronunciamiento del Gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido esas familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita», agregó García Birimisa en la misiva difundida en Twitter.
La renuncia de García Birimisa no es la primera en el Ejecutivo de Boluarte. Antes lo hicieron los exministros de Cultura y de Educación, Jair Pérez y Patricia Correa, respectivamente, quienes en sus notas de renuncia expresaron también su rechazo a la represión de las protestas sociales.
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