Hay institutos que deciden por su cuenta cómo implementar las prácticas laborales educativas. Se levantaron las tomas por diez días, pero el gobierno de la Ciudad continúa sin dialogar.
Este diario comprobó que hay escuelas privadas que se manejan de manera autónoma a la resolución N° 3958/21 que declara la implementación de las Actividades de Aproximación al mundo del trabajo (ACAP) «como experiencias pedagógicas previstas en el Diseño Curricular destinadas a aproximar a los/las estudiantes al mundo laboral y la formación superior, a la vez que enriquecen la formación ciudadana durante el último año del Nivel Secundario de educación de gestión estatal y privada». Pero en los establecimientos privados no se dan casos de estudiantes que vayan a lavar los platos a cadenas de hoteles internacionales, hagan pochoclos en cines o limpien los pisos de grandes empresas. Por ejemplo, en el Instituto San Antonio de Padua realizaron un plan pedagógico individual para cada estudiante y pusieron una supervisora exclusivamente para eso. «El instituto es el encargado de buscar los lugares para las pasantías y firmar los convenios. Casi todos son firmados entre padres de estudiantes del mismo instituto que tienen empresas. Y conseguimos dos radios para los chicos de Sociales y Humanidades», detalla un docente. Desde el Ministerio aseguran que son obligatorias también para privados, pero admiten que aquellos colegios que no tienen subsidio optan con quién hacerlas. Como una transacción de empresa a empresa. «Nadie está en contra de la vinculación de formación y trabajo, pero las pasantías que ejecuta el gobierno de la Ciudad no tuvieron la opinión de las y los estudiantes respecto a su implementación –explica a Tiempo Mariano Mango, de la Secretaría de Educación Privada de UTE–. El objetivo es generar mano de obra gratuita y precarizada para empresas privadas».
Las experiencias negativas se multiplican. «A nosotros nos avisaron un lunes que el jueves comenzábamos con las pasantías, pero no nos dijeron qué íbamos a hacer», cuenta Juan Rub del colegio Juan B. Justo. Fueron enviados a una sede comunal de Palermo, alejada del colegio, y sin autorización de los padres. «Era patético, en cinco horas teníamos que contar árboles y detallar algunos datos, luego pasarlos a un Excel. La otra actividad era pasar por las casas que tuvieran grafitis, tocar timbres y preguntarle a los dueños si querían que el gobierno los tape o no. Un compañero nuestro fue obligado a entrar a una propiedad. El responsable de las ACAP lo dejó solo y nuestro compañero quedó desprotegido frente al propietario, que empezó a pedirle datos. Por este tema decidimos no asistir más a las pasantías y como castigo el Ministerio nos hizo reprobar cuatro materias».
«Lo único que lograron con las pasantías es hacernos perder el tiempo. Nos recortaron las materias de dibujo y pintura. Estuvieron muy mal aplicadas, nunca tendrían que haber sido obligatorias. La mayoría ya estudiamos y trabajamos», enfatiza Florencia Avilés Bernat, de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano.
En el Normal 8 les colocaron las pasantías a la orientación Sociales. Debían ir a la ONG Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), pero no les encomendaron tareas. «Los compañeros subían a sus redes que se la pasaban escuchando música, ‘pelotudeando’ y tomando café porque no había definida ninguna actividad concreta», subraya Filomena Vitle, del centro de estudiantes. Y acota, aludiendo a la ministra Soledad Acuña: «ya levantamos las tomas ¿y ahora qué? Lo único que esperamos es que a partir de la próxima semana convoquen a una mesa de diálogo así podemos resolver los graves problemas en la educación pública porteña. Vivimos el abandono y la persecución de éste gobierno, que hasta nos metió un infiltrado, Valentino Díaz Fontau, para destruir los centros de estudiantes». Florencia Avilés Bernat, coordinadora del Centro de Estudiantes de la ESEA Manuel Belgrano, completó: «le vamos a dar 10 días y ahí vamos a rever toda la situación y decidiremos si volvemos a tomar o no». «
El 21 de agosto, Tiempo dio a conocer en exclusiva un nuevo conflicto iniciado por el Ministerio de Educación porteño: sin consulta ni inversión, la Ciudad decidió pasar a jornada completa a más de 30 escuelas. Algunos de esos establecimientos educativos iban a arrancar en septiembre, pero la lucha de las familias obligó a la ministra Soledad Acuña a correr el inicio de esta modalidad para el próximo año. Incluso la idea es sumar más escuelas a la lista. La medida afecta a la organización de miles de familias que eligieron la jornada simple porque sus hijos realizan otras actividades, muchas de las cuales son artísticas, deportivas, médicas, terapéuticas, culturales, y recreativas. De concretarse en 2023, esas familias deberán reubicar a sus hijas o hijos en otro establecimiento educativo o abandonar esas actividades a contraturno. Por esta razón, las comunidad de la Escuela N° 12 del Distrito Escolar 9 presentó una acción de amparo colectivo, con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la APDH Capital, a fin de que se ordene al GCBA a mantener el sistema de jornada simple.
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Cierto que para éste pasquín está bien que les enseñen a ir a piquetes que a trabajar, dan asco cómo quieren arruinar la sociedad