Habrá una mesa de diálogo con el gobierno porteño para intentar llegar a un acuerdo.
«Tenemos compañeras hacinadas en hoteles donde hay ratas, en paradores. La mayoría de nuestros niñes e infancias están enfermos, siguen asustados, no quieren dormir, tienen miedo, piensan que va a venir alguien a patear todo. La irregularidad con la que entraron fue súper violenta», dijo a Télam Gabriela, una de las desalojadas de Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), ubicada en Pringles 343.
Este miércoles a las 12.30, las mujeres de reunirán en la sede del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano porteño con funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y junto al Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Mariano Luongo.
«Vamos a ver qué ofrecen ellos. Sabemos que está muy lejos de lo que nosotras pedimos que es la reparación y una vivienda colectiva», sostuvo Gabriela, al tiempo que advirtió: «Quieren trabajar individualmente con nosotras, pero nosotras queremos hacerlo en colectivo».
La abogada de varias de las mujeres desalojadas, Paula Villani, explicó a esta agencia que el sábado pasado firmaron «un acta donde el Gobierno de la Ciudad se comprometió con nosotros a intentar llegar a un acuerdo para dar una solución habitacional a las chicas» y sobre eso van a trabajar este miércoles.
El desalojo comenzó el sábado a las 7 de la mañana para dar cumplimiento a una orden emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19, a cargo de Lorena San Marco, a raíz de una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el operativo, encabezado por la Policía de la Ciudad, se registraron corridas, golpes, forcejeos y fueron detenidas al menos seis personas, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y director de Gestión política y social de Acumar, Antolín Magallanes, y también el dirigente de ese espacio político, Franco Fernández.
El inmueble de Casa Pringles ATR pertenece al Gobierno porteño, quien en siete ocasiones intentó subastarlo, pero no logró concretar su remate debido a la falta de ofertas.
Antes del operativo judicial, en la vivienda vivían desde hace un año mujeres con sus hijos luego de haber «quedado en la calle» al escapar de situaciones de violencia de género, y juntas llevaban adelante un merendero al que asistían semanalmente entre 40 y 50 chicos del barrio.
Una de las integrantes de la vivienda, Eva, contó a Télam días atrás que hace unas tres semanas mantuvieron una reunión con Matías Vitale, director general de la Administración de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires, quien les informó que quería destinar el inmueble para «hacer una ampliación del hogar Eva Duarte»,
«Tenemos una cooperativa de vivienda, queremos seguir construyendo la vida colectiva con compañeras que vienen de vivir distintas situaciones de violencia», compartió Gabriela y detalló que venían «haciendo un trabajo que el Estado no lo hace, y sin cobrarlo: era un trabajo de segundeo, de acompañar».
«Como modo de reparación, y esto va tanto para las autoridades de la Ciudad como para las Nacionales, exigimos un nuevo espacio para habitar juntas. Que quede claro: para nosotrxs la reparación es seguir construyendo una vivienda colectiva», indicaron en las redes sociales de Casa Pringles.
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