Javier Milei planteó un proyecto de gobierno en el que afecta principalmente a la agenda de género.
Desde Grow- género y trabajo analizamos qué se pone en juego con las nuevas políticas.
Las dos iniciativas centrales que impulsó el gobierno (el DNU 70/2023 y la denominada Ley Ómnibus) pretenden reformar aspectos de la vida política, económica, social y cultural de nuestro país. Y en ese sentido, impactan de forma directa en la mayoría de las personas, pero especialmente en los grupos que atraviesan mayores situaciones de desigualdad.
En relación a las mujeres y personas LGBTIQ+, el DNU amplía los trabajos que se consideran esenciales -con lo que disminuye el derecho a la protesta y a la negociación- incorporando a los servicios de salud y de cuidados, sectores altamente feminizados. Suprime también las multas al empleo no registrado.
El caso de las empleadas de casas particulares es elocuente: alrededor del 75% se encuentran en la informalidad, y es un trabajo realizado en un 96% por mujeres (Programa Registradas, 2022).
Respecto a la Ley Ómnibus, esta propone la modificación de la ley de los 1000 días, que, entre otras cuestiones, limita la autonomía de las personas sobre sus propios cuerpos. También pretende modificar la Ley Micaela (cuyo objetivo es la capacitación en materia de género al interior de toda la administración pública), limitando su alcance a quienes se desempeñan en órganos competentes, en lugar de que sea transversal, como lo es actualmente.
Estas son solo algunas políticas, entre otras, que tienen un eje central: si el Estado no tiene nada que hacer para intervenir en las relaciones sociales, tampoco lo tiene en las desigualdades de género, que, de hecho, tampoco se perciben como tales.
En su discurso en el foro de Davos, el presidente Javier Milei nombró al feminismo como uno de los obstáculos en el camino a la libertad, sosteniendo que “el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos”. Pero esa igualdad de derechos no se traduce en los hechos. Las desigualdades de género se pueden observar en muchísimos ámbitos.
“En los discursos que se apoyan en la neutralidad, en el todos somos iguales, se desconocen las desigualdades estructurales”, plantea Georgina Sticco, directora y cofundadora de Grow- género y trabajo. “Los datos muestran que las mujeres no estamos en los mismos espacios de decisión, no tenemos la oportunidad de estar en los sectores más dinámicos y seguimos siendo responsables del cuidado. Ignorar estas desigualdades tienen el impacto de aumentar las brechas, no de cerrarlas”.
Las primeras políticas del gobierno enfrentan fuertes resistencias en distintos planos (político, judicial, organizaciones sociales). Una vez más, será tarea de la sociedad defender los derechos conquistados. Como ONG especializada en diversidad e inclusión en los espacios de trabajo, hace 13 años acompañamos a las organizaciones en sus procesos de transformación, confiando que muchos de los cambios experimentados en el último tiempo, tienen la fuerza necesaria para resistir tiempos políticos adversos.
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