El default anunciado de tres grandes firmas agitó al sector en el cierre de 2024 y derivó en más presión para eliminar las retenciones. La Mesa de Enlace se mantiene con perfil bajo.
Doce meses después empieza a manifestarse un descontento por la continuidad de políticas que este año impactaron en la rentabilidad del sector.
Las quejas son, por ahora, tímidas viniendo de un sector de la patronal que fue muy confrontativo de gobiernos anteriores. No obstante, generan tensiones internas que ganan en intensidad. La crítica central está dirigida a la continuidad de las retenciones, que se combinó con el aumento de los costos y la caída de los precios internacionales de los cultivos.
Los referentes se cuidan para que quede claro que el apoyo a la orientación general de la política del gobierno sigue firme, pero señalan que necesitan nuevas políticas para recuperar ganancias, incluso en un plazo no mayor a cuatro meses, según declaraciones que hicieron a la prensa.
“Habrá que ajustar las cuentas públicas por otro lado”, rezongó un analista especializado en el sector agropecuario con el último informe de recaudación fiscal en la mano. En 2024, los derechos de exportación fueron el segundo impuesto que más recaudó, con un aumento del 31,7% respecto a 2023.
A ese problema se suma el encarecimiento de los insumos para producir y el costo del arrendamiento, además del movimiento de los precios internacionales.
En la víspera de año nuevo el ambiente se terminó de enrarecer porque tres grandes empresas, como Surcos, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, se declararon incapaces de cumplir con pagos de deudas.
Las compañías atribuyeron la situación a la caída de la rentabilidad devenida de la política del gobierno nacional para el sector.
La noticia ganó los portales de los medios nacionales en las últimas horas de 2024 y motivó al gobierno a responder, al menos informalmente, que el sector agropecuario no atraviesa ninguna crisis y que las empresas en default son responsables de su estado por haber tomado decisiones que generaron la “situación de iliquidez” que reportaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La Mesa de Enlace, que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), la asociación Coninagro, las Confederaciones Rurales (CRA) y la Federación Agraria (FAA), también se queja en voz baja.
Cerca de fin de año, en el entorno de este grupo reconocían su incomodidad porque, a diferencia de otros sectores de la patronal, las entidades agropecuarias no habían recibido convocatorias del presidente para hablar de los temas de agenda.
Por estos días, el presidente de las CRA, Carlos Castignani, declaró que “con el gobierno actual tenemos buena relación, pero este es un momento muy delicado, con precios internacionales realmente bajos y con costos altos en dólares para nuestra producción, que hacen que la rentabilidad sea neutra o de quebranto. Y los derechos de exportación son un impuesto injusto, arbitrario, que le está haciendo muy mal al sector”.
Su par de la SRA, Nicolás Pino, también destacó la relación con el gobierno pero reconoció que existen “discusiones” con la administración que se expresan en “puntos de vista donde no coincidimos”. En particular, sobre el tema retenciones, remarcó en Radio Perfil que está afuera de la lista de consensos alcanzados con las autoridades.
La titular de la FAA, Andrea Sarnari, habló con otro medio de “la necesidad de que haya señales claras para que haya rentabilidad” porque “los números son complejos y el que no tiene escala para más producción está preocupado, viendo cuánto se puede aguantar desde lo económico”. La dirigente expresó que la relación con Milei “no se rompió”, pero aclaró que en su sector todavía hay una gran expectativa de medidas a favor de los productores: “Entendemos que las retenciones no se pueden retirar de un día para el otro, pero creemos que puede haber un esfuerzo para reducirlas”, dijo a la prensa.
En la propia FAA, el expresidente, Pedro Peretti, expresa una posición antagónica a la de los dirigentes que mantienen el perfil bajo “por compromiso ideológico de un sector que militó este gobierno”. Consideró que “Las retenciones son una condición que impone el Fondo Monetario Internacional y, si Milei está negociando porque necesita 20 mil millones de dólares, las retenciones no se van a tocar y le van a tener que buscar una vuelta al tema de la devaluación”.«
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