El 15 y 16 de marzo se celebrarán dos audiencias públicas para determinar el precio de las tarifas. Preocupa que se libere el subsidio del Estado y la suba sea desmedida.
El viernes 26 de febrero es la fecha tope que tienen las distribuidoras y transportistas para presentar su propuesta, mientras que las productoras lo harán la semana que viene.
Fernanda Lacey, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, apuntó a Tiempo: “Nos importa el subsidio que va a establecer el Estado, para que no sea tan fuerte el impacto en la tarifa”. Luego de las presentaciones y de las audiencias, el gobierno dará a conocer el esquema de subsidios y recién ahí se conocerán los aumentos reales en la tarifa. “Si se libera el subsidio, puede haber un aumento fuerte”, advirtió Lacey.
La generación del gas representa alrededor del 50 por ciento de la boleta que paga el usuario. La otra mitad se compone por impuestos, transporte y, principalmente, distribución.
“Hay especulaciones del 20, 30, 40, 50 por ciento. Pero por ahora no hay nada en concreto. El viernes, estarán las propuestas de las empresas del sector y después se verá qué resuelve el Estado. Las celebraciones de las audiencias públicas siempre son algo positivo, aunque no sean vinculantes”, manifestó la abogada.
Al igual que ocurre en con la tarifa de electricidad, en el gobierno hay dos corrientes sobre el asunto: una más ligada a lo económico, que entiende necesario un aumento importante para equilibrar finanzas, y otra más cercana a los usuarios, que entienden a la energía como un servicio básico y esencial, al tiempo que no quieren profundizar los golpes a los bolsillos de los consumidores.
“Creemos que las condiciones no están dadas para que haya un aumento en las tarifas, a partir de los tarifazos del 3 mil por ciento que hubo en el gobierno anterior y que está siendo revisado. El usuario está muy castigado y el invierno pasado se sintió mucho el impacto del último prorrateo que había hecho el gobierno de Macri, en sus últimos meses”, amplió Lacey.
Finalmente, la especialista explicó: “El consenso entre las asociaciones de usuarios y consumidores es que no debe haber aumento y, que si lo hay, debe ser segmentado y progresivo; es decir, en cuotas y con una mayor carga para quien pueda pagar y una carga menor para quien esté en una situación de vulnerabilidad”.
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