La ultraderecha, el mercado y las formas jurídicas

Estamos frente a un punto de inflexión. El gobierno de Milei en sus peores semanas por la crisis de la entrega de los alimentos, el aumento de la conflictividad social y la incipiente (in)estabilidad financiera, pretende votar una Ley Bases. Una disputa legislativa que en este contexto funciona como manotazo de ahogado y como señal para «los mercados» de que es posible estabilizar en el tiempo el saqueo en curso.

Quisiera insistir en esta última  frase: el saqueo que ya está en curso. Esta secuencia por la cuál el saqueo de las corporaciones pretende a posteriori una arquitectura jurídica que lo legitime, nos muestra lo perversa y radicalmente más destructiva que es para este momento de capitalismo de guerra y rapiña «la seguridad jurídica».

La ley, como se ha insistido desde múltiples y varios sectores políticos, es un contrato colonial que cambia sustancialmente la formas contractuales de la relación capital trabajo retrotayéndonos a formas de la esclavitud junto con una cantidad de beneficios fiscales, cambiarios, impositivos que nos transforma en un paraíso para las corporaciones globales. Estas corporaciones que en su relanzamiento extractivo pretenden territorios arrasados.

El Estado además se transforma en un «derramador de informalidad laboral» destruyendo el monotributo social (un mínima formalización para las trabajadoras de la economía popular,) y flexibilizando el empleo público y privado.

El mismo Estado que luego te penalizará por no cumplir con los años de aportes derogando la ley de pago de deuda previsional. Hemos dedicado las últimas semanas a visibilizar que esta ley no tiene un sólo capítulo que beneficie a quienes viven de su trabajo. Hemos denunciado que es una ley profundamente misógina y que implicaría que nueve de cada diez mujeres no puedan acceder a una jubilación (como viene pidiendo el FMI desde 2018).

Es claro que la Ley Bases debe pensar en conjunto con el DNU 70/23, que sigue vigente, y que en conjunto significan una reforma constitucional de facto (sin pasar por un proceso constituyente). Ese DNU habilitó un saqueo que sucede todos los días y es el marco de resoluciones estatales que permiten ahogar financieramente a las provincias, despedir trabajadorxs y vaciar organismos estatales. Lo que nos muestra otra vez que hay una lógica de saqueo corporativo en el menor tiempo posible.

La Ley Bases no sólo es la prueba de amor para las corporaciones globales, sino también para un FMI que pide, quizás más en un paradigma de los ’90, algún tipo de institucionalidad para el plan de austeridad criminal.

Pero además, es parte de la producción permanente de un caos que comenzó en diciembre, en el que mientras se aplican políticas de ajuste brutal, se abre en paralelo una contienda legislativa que absorbe energías militantes.

Es parte de la división en «pantallas» a las que nos intenta someter una y otra vez el gobierno.  Por un lado, un plan de shock neoliberal que somete a la inseguridad alimentaria a gran parte de la población y, por otro, a quienes tienen algún derecho que defender en las sucesivas batallas legislativas. Insisto: de un lado políticas de hambre que están direccionadas a disciplinar y a volver imposible la organización social y del otro una rosca legislativa que pareciera estar en otro carril.

A esto se suma una pedagogía permanente de que las movilizaciones no tienen efectos reales o son impotentes, o más bien, que tienen efectos contraproducentes. Así, pretenden instalar una lógica del castigo a quienes se organizan. En ese plano no puedo dejar de nombrar que a pocos días del último Ni Una Menos el gobierno disuelve la Subsecretaría contra la Violencia de Género. 

Sin embargo, sabemos que la única salida es más organización. Sabemos que si hoy los «mercados» se permiten dudar no es porque están al interior de una conversación endógena al mundo financiero sino porque hay y hubo muchos cuerpos que durante todos estos meses se estuvieron poniendo en la calle, para romper cada pantalla, para hacer alianzas y producir unidad y transversalidad como trabajo político permanente.

El final está abierto, el congreso cristalizará lo que seamos capaces de producir como relación de fuerza en la calle. «