La UCR disidente afianza las críticas y propone una agenda alternativa

Mañana, en La Plata, se celebrará una nueva Convención Nacional de la UCR. Y los boinas blancas disidentes preparan una acción detrás del objetivo que se han trazado: que su partido haga valer su peso político para que el gobierno nacional tenga que discutir y corregir el rumbo neoliberal de la gestión. 

El camino elegido en esta ocasión será llevar una agenda parlamentaria propia. Se trata de una serie de proyectos de ley elaborados por el alfonsinismo. El objetivo sería que la Convención los debata y vote impulsarlos en carácter de agenda propia, con el mandato para los parlamentarios radicales de tratar de que se traten en el Congreso Nacional. 

Las iniciativas que presentarán los críticos, a las que tuvo acceso Tiempo, tienen un mensaje claro: fortalecer el rol del Estado como regulador de la economía y, particularmente, de los sectores más concentrados. Conceptualmente, se trata de pararse en la vereda opuesta a la visión del mundo que predomina en el universo macrista. 

Uno de los proyectos elaborado por los alfonsinistas fue, en su momento, analizado por el gobierno y luego descartado. Es la denominada Ley de Góndolas, inspirada en una regulación impuesta por Rafael Correa en Ecuador. La norma, a grandes rasgos, obliga a los supermercados a poner en exposición un porcentaje obligatorio de productos que fabriquen empresas pequeñas y medianas. La iniciativa implicaría que las grandes cadenas no podrían presionar a los empresarios menos fuertes, amenazándolos con no comprarles su producción si no aceptan los precios que proponen. Se sabe que el sector de los súper aprovecha su posición dominante en el mercado para imponer precios muchas veces ruinosos para las pequeñas empresas. 

La inictiava –además– intentaría estimular una reactivación del sector Pyme, fuertemente golpeado por los tarifazos.

El otro proyecto prevé fortalecer la Ley de Defensa de la Competencia. Uno de los puntos centrales es actualizar las multas para quienes violan la norma vigente. Hoy rigen tarifas en pesos reguladas en la década del ’90, cuando el peso estaba uno a uno con el dólar. Por eso las multas rara vez superan los 100 millones de pesos, que en aquella época eran 100 millones de dólares. La propuesta del alfonsinismo es multiplicar por diez las multas y crear, entre otras cosas, la figura del arrepentido para receptar denuncias de prácticas de cartelización por parte de las grandes empresas. 

El paquete de proyectos no se limita al terreno económico. Incursiona también en materia institucional. Toca un punto que fue muy sensible durante los primeros 15 meses de la gestión Cambiemos: la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Cabe recordar, por ejemplo, que durante el primer años de su gestión, Macri intentó poner dos jueces en la Corte Suprema por decreto, y, por esa vía, también demolió la Ley de Medios, modificó el blanqueo para que pudieran ingresar los familiares de funcionarios, y reformó la ley de ART. 

Aunque no puede adjudicarse sólo al actual gobierno el uso abusivo de los DNU, la decisión ha sido no cambiar el hábito. 

La propuesta de los radicales críticos, entre otras cosas, pretende imponer que si la comisión Bicameral que revisa los decretos los rechazara, sea obligatorio que la decisión pase por la aprobación de las dos Cámaras del Congreso para volverse aplicable. Hoy alcanza con que una lo avale.
Y, por último, los disidentes pedirán que su partido impulse también la creación del Consejo Económico y Social. El órgano, cuya creación se había anunciado durante el primer gobierno de Cristina Fernández, sin que llegara a concretarse, existe en la mayoría de los países de la Unión Europea. Supone la creación de un ámbito con empresarios, sindicatos, Estado, y organizaciones sociales, en el que se debatan las líneas directrices de la política económica.

Todo indica que mañana, en La Plata, será otra jornada caliente en el radicalismo. «

Ernesto Sanz y José Corral, firmes aliados de Macri, perderían poder dentro de la estructura de la UCR

En la Convención Nacional de la UCR que se celebrará mañana, en La Plata, decidirán también las nuevas autoridades de ese órgano partidario. El dato sería meramente formal si no fuera porque es un buen modo de medir la temperatura respecto de cómo vienen ganando o perdiendo posiciones las distintas tribus radicales. 

La actual presidenta de la Convención es Lilia Puig de Stubrin, que en su momento apoyó la alianza con el PRO, a la que se oponían otros sectores, que hoy están aglutinados detrás de Ricardo Alfonsín. La continuidad de Lilia, lógicamente, está respaldada por Ernesto Sanz, padre de la alianza con el macrismo, y por el actual presidente del Comité Nacional boina blanca, el santafesino José Corral. Los sectores críticos del gobierno impulsan para la presidencia de la Convención la candidatura de dirigente cordobés Jorge Sappia. 

La postulación de Sappia, que fue ministro de Trabajo cordobés durante la gobernación de Eduardo Angeloz, recibirá también el apoyo de la UCR porteña, liderada por Enrique Coti Nosiglia. Los motivos del apoyo del nosiglismo son distintos a los de los disidentes, pero el punto en el que ambos coinciden es en el objetivo de debilitar el peso de Sanz dentro de la estructura de la UCR. 

Los críticos respaldan al cordobés porque, según ellos, «tiene una visión similar». «Piensa que el partido tiene que aferrarse a sus ideas y desde ahí discutir con el PRO el rumbo del gobierno». 

Para el nosiglismo, en cambio, debilitar a Sanz permitiría que el Coti se vuelva el interlocutor principal con Mauricio Macri. Además, este sector pretende que su partido le ponga un fuerte impulso a la candidatura de Martín Lousteau, en quien depositan buena parte de sus expectativas de recuperación. «