Cerca de Sergio Massa aseguran que en febrero se podrán tratar varios temas. Las idas y vueltas por el protocolo de funcionamiento y la ley de biocombustibles. El debate sobre las PASO. El fuego cruzado.
Con argumentos pocos claros, los distintos espacios que integran la Cámara Baja intentaron brindar los motivos de por qué no se abordó ninguno de los más de 25 proyectos propuestos por el Ejecutivo para el periodo extraordinario, tirándose las responsabilidades unos a los otros.
La semana pasada, parecía que la sesión era casi un hecho. El acuerdo de trabajo para el verano se había renovado el martes con el aval de casi todos los espacios que integran el cuerpo legislativo, menos Juntos por el Cambio.
Fue así que la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto, hasta el 12 de febrero, con mayoría de legisladores sesionando de manera presencial obtuvo un consenso mayoritario con el resto de la oposición. Y la firma clave del lavagnismo, a través del líder del bloque, Alejandro “Topo” Rodríguez, que pidió como condición que se trate el proyecto de ley que establece la prórroga hasta 2024 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible, que vence en el mes de mayo.
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández volvió a firmar un decreto de ampliación de temas donde sorpresivamente no aparecía la iniciativa que a esta altura es un reclamo de propios y ajenos. Ocurre que la discusión sobre la renovación del subregimen hasta 2024 para este sector energético es una discusión más grande que atraviesa lo partidario. La tensión del debate está entre provincias productoras de hidrocarburos y las que producen biocombustibles. Es por eso que algunos legisladores denuncian el lobby de las petroleras presiona al gobierno nacional para avanzar con el debate de un proyecto que se aprobó por unanimidad en el Senado. El tironeo estaría entre provincias productoras de biocombustibles, como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta, y las productoras de combustibles convencionales, como Neuquén o Mendoza.
Por otro lado, desde el Frente de Todos, varios diputados aseguraron que la intención es llegar a un acuerdo lo más amplio posible respecto al temario a tratarse en una sesión extraordinaria. En ese sentido recordaron que Juntos por el Cambio condiciona el debate exigiendo que los proyectos a tratar durante el verano queden establecidos por escrito para evitar debates de temas conflictivos como la reforma judicial y las modificaciones en el Ministerio Público para elegir al Procurador General de la Nación.
Sin embargo, desde Cambiemos, aseguran que no es su responsabilidad que no haya habido sesiones en enero sino que atribuyen la situación a un ruido interno en el oficialismo. “El tema de incorporar las PASO en la última ampliación de proyectos por parte del gobierno genera internas”, señaló el diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi.
Así las cosas, oficialmente, fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara comentaron a Tiempo que están abierta las negociones para sesionar la próxima semana. Y que hay muchos temas en carpeta que tienen el visto bueno de todos los espacios políticos y no generarían conflictos en el recinto como, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, modificaciones en el régimen de monotributo, la promoción del crédito hipotecario, incentivos a la construcción, cupo trans, travesti, en el sector público, el acuerdo marco con la Secretaria de Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos. Y el financiamiento del sistema nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros.
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