La trama que oculta la dimensión política de la Masacre de Avellaneda

En la actualidad Eduardo Duhalde sigue poniendo en duda que hubo 33 heridos con balas de plomo durante la Masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002. La causa judicial que investigó las responsabilidades materiales del operativo represivo y puso tras las rejas a Alfredo Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta, consideró probada esa cifra, pero el lomense hace como que no existe. Dice que no tiene ninguna información al respecto sin sonrojarse. «No la tenía y no la tengo hoy» contesta para negar cualquier rastro sobre su responsabilidad política en el operativo represivo que ordenó ese día e implicó el despliegue más importante de fuerzas policiales y federales desde el 19 y 20 de diciembre de 2001, que dejó 39 muertos en todo el país.

Duhalde habla cómodo en la actualidad y omite que le tocó presidir el país con un peronismo débil, que cuando articuló el plan jefas y jefes de hogar, en medio de una tirante negociación con el FMI, decidió cortar de cualquier modo con la protesta de los movimientos sociales que le estaban disputando el territorio. El expresidente responde suelto a las preguntas que le hace el cineasta Patricio Escobar, director de «La crisis causó dos nuevas muertes», quien este sábado presentó en la Estación Darío y Maxi, de Avellaneda, el corto de 30 minutos que anticipa la segunda parte del documental que fue estrenado en 2006 y sigue siendo una pieza clave para comprender la dimensión política de esos dos asesinatos.

El mandatario interino niega que haya existido un involucramiento de toda la fuerza policial y le echa la culpa a Fanchiotti, para revivir la idea del loco suelto. «Era una persona, un tipo, no es la policía que reprimió. Una persona que ante un enfrentamiento reacciona así», ataja tranquilo. Sabe que la causa que investiga a los responsables políticos de la masacre fue reabierta en 2014 y ocho años después continúa  sin grandes avances, a pesar de los indicios que siguen surgiendo, a dos décadas del hecho que tuvo un impacto determinante para lo que siguió. Cinco días después de los asesinatos, cuando los intentos de encubrimiento habían fracasado, Duhalde decidió adelantar las elecciones presidenciales que, finalmente ganó Néstor Kircnher ante una segunda vuelta que no se concretó porque ni Carlos Menem ni Ricardo López Murphy quisieron continuar luego del primer round.

Parte de esos indicios, que la Justicia sigue ignorando, son rescatados por el nuevo corto documental donde también se animaron a hablar el exgobernador Felipe Solá y el exministro del Interior, Jorge Matzkin, tristemente célebre por haber acusado a las organizaciones piqueteras de una tentativa de golpe de Estado que, 20 años después, reconoce que fue un error inducido por un informe de inteligencia elaborado por el entonces jefe de la SIDE, Carlos Soria, que estuvo al frente del organismo de espías que depende de la Presidencia. La operatividad estuvo en manos del señor ocho, el entonces subsecretario y exintendente del partido de Presidente Perón, Oscar Rodríguez.

El rol del aparato de inteligencia en la represión del 26 de junio sigue siendo un enigma. Ninguna de las gestiones que siguieron al frente de la entonces SIDE y de la posterior Agencia Federal de Inteligencia (AFI) movieron un solo dedo para entregar los archivos desclasificados. El único rastro que queda en pie es la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, que poco después de asumir recibió a los familiares y les prometió la desclasificación de los archivos secretos. Sólo tuvieron acceso restringido para ver dos carpetas que nunca pudieron fotocopiar. Según contó Alberto, el padre de Darío Santillán, era un compendio de recortes de diarios. Otras fuentes señalan que ese rejunte de datos era parte de un sumario interno de la SIDE cuyos detalles siguen siendo un enigma. Lo cierto es que incluso en el presente, durante el paso de Cristina Caamaño como interventora de la AFI, no hubo una sola señal para darle curso a los requerimientos para obtener información clasificada. La respuesta oficial es que existe un sistema informático que tiene una base de datos actualizada hasta los 90. Para indagar desde esos años hasta el presente dicen que hay que explorar en una sospechosa maraña de documentación  secreta que, hasta ahora, sigue inaccesible y no tiene registro. Una versión muy difícil de creer que tampoco fue desafiada por la Justicia. A pesar de los esfuerzos de los familiares para avanzar en la investigación de la causa que indaga las responsabilidades políticas, la fiscal federal Paloma Ochoa no sólo ha movido muy poco, sino que tampoco tiene conocimiento de material clave, como el documental que filmó Escobar en 2006 y que hace un recorrido con testimonios directos de funcionarios involucrados que siguen inadvertidos para la funcionaria. Hace dos semanas el director del documental, y del corto que se estrenó anoche, hizo una declaración testimonial y les pidió encarecidamente que, al menos, se informen de las investigaciones disponibles en estos 20 años.

Ese desierto en el expediente judicial permite que los involucrados directos hablen libremente sin tener que ofrecer más explicaciones que a su propia conciencia. En el troncal de responsabilidades no solo quedó en el olvido que fue Duhalde quien reglamentó y ejecutó la reforma a la Ley de Inteligencia que había aprobado el Congreso antes de la huída de Fernando de la Rúa, tampoco hubo indagaciones profundas sobre los cuatro llamados que salieron ese día desde le Estación Billinghurst de la SIDE al teléfono de Fanchiotti. Solo hubo una respuesta oficial que sostuvo que fueron realizados por un amigo del comisario para saber si estaba bien, pero esas comunicaciones salieron de la vieja cueva de la SIDE que funcionó como centro de reunión de información del AMBA, es decir, que recolectaba los datos de espionaje político en el conurbano bonaerense para interpretarlos y tomar decisiones.

Dos décadas después ese rol sigue despertando interrogantes que ni fiscales ni jueces se animan a indagar. Así como ya quedó claro que la decisión política de disciplinar a los movimientos sociales fue tomada un mes antes en La Pampa, durante una reunión de Duhalde y sus ministros con los gobernadores peronistas que estaban espantados por la presencia de las organizaciones piqueteras en sus territorios. Le pidieron mano dura y una respuesta ejemplar que el gobierno federal decidió aplicar en Avellaneda, con un operativo conjunto con fuerzas federales que fue ejecutado por la Bonaerense. Por entonces esa fuerza tenía más conexiones con Duhalde y Rodríguez que con Solá, uno de los que más habla para cargarle la culpa a otros.

“Puede ser Rodríguez, también se lo acusó mucho a (el entonces jefe de Gabinete Alfredo) Atanasof”, dijo Solá en el corto documental para apuntar al exsubjefe de la SIDE y al actual embajador argentino en Bulgaria que goza de una excelente relación con el extitular de la Cámara Baja, Emilio Monzó. “A mí me parece que se cocinó algo ahí. A lo mejor no dijeron ‘repriman con balas’, pero le dejaron las manos libres a Fanchotti. Le dejaron manos libres para cazar al hombre, que es mi tesis”, opinó el exgobernador pocos días atrás. Con sus palabras demostró que está más empeñado en deslindar responsabilidades propias que en aportar información para conocer la verdad. “Para mí fue una especie de decisión tomada por debajo de Duhalde de decir basta, que fue avalada por algunos gobernadores, pero como decisión general a nadie le plantearon ‘matamos gente’. No”, aseguró el exgobernador en el corto documental. “Yo pienso que Duhalde fue ingenuo o dejó actuar, y tengo que decir eso de Duhalde porque estoy diciendo eso de mí”, completó en tono autocrítico.

Los testimonios recogidos por Escobar revelan las preocupaciones que desvelan a los entrevistados. Parece que siguen apostando al olvido y que prefieren hablar de todo, menos del rol de la SIDE y de la planificación criminal de un operativo gigantesco que además de una masiva dotación de uniformados en servicio, contó con policías retirados, como Carlos Quevedo, cuyo rostro se hizo célebre porque le levantó las piernas a Maximiliano Kosteki cuando estaba agonizando ahogado en la Estación Avellaneda. Otro caso es Francisco Celestino Robledo, que había sido expulsado de la policía, pero el 26 de junio participó con empeño de la cacería de militantes y hasta ahora nadie se preguntó por qué hubo retirados en un despliegue represivo que contó con una innegable intervención del aparato de inteligencia y una presencia parapolicial que quedó colgando como un fleco de la causa por las responsabilidades materiales. Nadie tomó ese guante pero los familiares siguen reclamando Justicia, con una impotencia que se alimenta con la impericia de los funcionarios de Comodoro Py y la impunidad de los involucrados que hablan en la actualidad como librepensadores que no le deben una explicación a nadie. «