La topadora avanza: las provincias del norte entregan los bosques nativos

En la Casa Artivista La Bartolina, apenas «La Barto» para los que la conocen y frecuentan, los curacas andinos, los mburuvicha guaraníes y los caciques wichi, entre otras autoridades y jefes espirituales indígenas de Salta, elevaron la voz “ante la más cruda indiferencia estatal”, solo atenta a la rentabilidad extractivista mientras “las comunidades son despojadas, desalojadas, olvidadas a su suerte”.

La asamblea –la reacción– fue motorizada por el último atropello a los derechos constitucionales de los pueblos originarios: el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta que habilita desmontes en zonas que antes estaban protegidas por ley. Más de 70 mil hectáreas a tiro de las topadoras.

“Estas decisiones no solamente tienen consecuencias alarmantes a nivel provincial como la pérdida acelerada de bosques y su biodiversidad, sino que también sientan un peligroso precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones, debilitando aún más la protección ambiental de los bosques en todo nuestro país”, explica Ana Parellada, abogada especialista en ambiente y responsable de Biodiversidad de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La sospecha de Parellada está justificada. El 11 de diciembre, la Legislatura de Chaco aprobó de manera exprés el proyecto (había ingresado el día anterior) que modifica la Ley 4005-R de Actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. La flamante normativa, ya judicializada por tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco, la organización Conciencia Solidaria y el Parlamento de Naciones Indígenas, “expone graves deficiencias legales y técnicas que han sido señaladas por la misma Autoridad Nacional de Aplicación (ANA)”.

En concreto, la recategorización arbitraria de áreas de conservación redujo significativamente la cantidad de superficies de categorías I (roja) y II (amarilla), transfiriéndolas a categoría III (verde), donde, para sorpresa de nadie, se habilita el desmonte. Desde FARN destacan que las modificaciones carecen de “estudios técnicos sólidos ni justificaciones metodológicas” y critican “la falta de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas y la ausencia de participación ciudadana efectiva”. Ambos argumentos están incluidos en las demandas.

“Las recientes modificaciones al ordenamiento territorial en Chaco y Salta, no solo son irregulares desde un punto de vista legal y técnico, sino fundamentalmente porque representan un grave retroceso en la protección ambiental de nuestros bosques nativos. La recategorización arbitraria de áreas protegidas en Chaco y la creación de categorías ambiguas como es el caso del Área de Producción y Conservación en Salta abrirían la puerta a desmontes y a cambios en el uso del suelo en zonas claves para la protección de la biodiversidad”, advierte Parellada.

Destrucción acelerada

Chaco y Salta son, junto a Santiago del Estero y Formosa, las provincias con más tierra arrasada a nivel nacional. Según datos oficiales, desde 2007 hasta 2022, Chaco perdió 556.714 hectáreas de bosque, mientras que Salta unas 918.749. Esta región, que constituye uno de los pulmones verdes más importantes del país, se encuentra entre las más amenazadas del planeta. “La deforestación en ambas provincias –insiste Parellada– ya provocó la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosques comprometiendo los servicios ecosistémicos y el bienestar de las comunidades locales que dependen de ellos; si la situación no es revisada por las autoridades competentes y responsables, corremos el riesgo de que se acelere la destrucción de estos ecosistemas fundamentales, comprometiendo el cumplimiento de Argentina de los pactos internacionales en esta materia”.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. La “Ley de Desmontes”, como bautizó la Mesa de Derechos Indígenas de Salta al nuevo OTBN, «pone en el mercado más de 700.000 hectáreas (…), una decisión tomada por el Estado provincial sin consulta libre, previa e informada como obliga la Ley 24071 a los sujetos de derechos que son los pueblos preexistentes al Estado argentino, al provincial y a los municipios».

La asamblea de referentes indígenas insistió en multiplicar los esfuerzos para comunicar e informar en todos los territorios que se deben tomar recaudo frente a “tiempos retrógrados que ponen nuevamente al Estado y a la sociedad nacional como simple productora de materias primas, y una población disciplinada, y obligada a consumir bienes, tecnologías, no tan solo a precios exorbitantes, sino manufacturados con nuestros propios recursos mal pagados, producto de la entrega de la soberanía”. «