El gobierno busca un acuerdo nacional y está dispuesto a hilar fino en la letra de las normas. La CGT quiere indexar el mínimo imponible y limitar la avanzada anti sindical.
En paralelo el gobierno lanzó, desde Tucumán, la convocatoria al Consejo de Mayo en el que aspira a conformar una suerte de acuerdo nacional, con la CGT incluida, que de apoyatura a su plan de gobierno.
En apenas unos días se concretó el convite. El titular de la cartera laboral, ex gerente de Techint y dirigente de la UIA, ofició de anfitrión en la sede de Alem de la cartera de Trabajo acompañado por el Subsecretario de Trabajo, Martín Huidobro, la Subsecretaria de Empleo, Eugenia Cortona, la Subsecretaria de Seguridad Social Alexandra Biassutti y la directora nacional de Relaciones Laborales, Mara Mentoro.
Por el lado de la CGT participaron Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, Maia Volcovinsky, Abel Furlán, Jorge Sola y Noemí Ruiz. Pablo Moyano, tal como había adelantado en la reunión de mesa chica, prefirió no ser parte.
La reunión giró formalmente alrededor de una serie de puntos en los que el gobierno ha tomado la ofensiva con la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. En primer lugar amortiguar profundidad de la reforma laboral que la entidad sindical pretende limitar a través de la reglamentación de la ley y preservando la inconstitucionalidad del DNU 70/23 dictada por la Corte Suprema sobre el capítulo de la reforma laboral. Por eso los dirigentes pidieron al gobierno que, para allanar el camino del diálogo, retirara la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema.
En concreto, los dirigentes cegetistas se fueron con el compromiso de la conformación de una mesa técnica tripartita con participación de la parte empresaria. Ese organismo fijará una serie de reuniones por un período de dos semanas con el propósito de elaborar un decreto de reglamentación de ese capítulo de la Ley Bases.
El ámbito elegido no luce alentador para revertir lo que dispuso el Congreso en tanto la legislación vigente limita el campo de acción de la reglamentación a “establecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que respeten el espíritu de la norma y sirvan razonablemente a su finalidad”. La CGT cuestiona diversos puntos de la nueva legislación que van en un sentido muy definido: limitar el derecho a la protesta y la actividad sindical y precarizar las relaciones laborales.
El primero de esos puntos es el que está referido a la Libertad Sindical a partir del endurecimiento en las limitaciones para la actividad y la legitimidad de medidas de acción directa como ocupaciones, piquetes y bloqueos de empresas. En el mismo sentido cuestionan la flexibilización de la legislación antidiscriminatoria que prohibía los despidos por motivos de “etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial” para los que ahora reserva una indemnización especial. Las empresas para sacarse de encima a un delegado o dirigente gremial sólo deberán pagar un costo adicional.
Otro de los puntos cuyo alcance aspiran limitar es el de las relaciones laborales. Allí pretenden a condicionar el articulado que permite las contrataciones bajo el régimen del monotributo para micro empresas.
Pero uno de los puntos más sensibles surge de la ley de paquete fiscal que restituyó el pago del impuesto a las ganancias a gran parte de los que revistan en la cuarta categoría del tributo (trabajadores asalariados). La norma modificó lo que el mismo Congreso había resuelto en septiembre de 2023 con el voto favorable del actual presidente y que había dispuesto un piso salarial equivalente a 15 salarios mínimos para ser alcanzado por el tributo. Hoy serían más de $3,5 millones.
La nueva norma reduce el piso hasta los $1,8 millones brutos que, según cálculos gremiales, alcanzaría nuevamente más de 1,2 millones de asalariados. Allí la central adelantó que, además de los cuestionamientos judiciales que los sindicatos harán en forma particular, la CGT reclamará que ese monto se indexe según la inflación registrada desde el momento en que el texto fuera elaborado, en enero de 2023. En el curso de 2024 la suba de precios acumula un 79,8%. De primar ese criterio, el mínimo pasaría a poco más de $3,2 millones.
“Con lo que en enero se compraban diez kilos de pan hoy se compran cinco”, explicitó Héctor Daer a la salida de la reunión.
Por último, la parte sindical dejó sentada su posición con relación al libre ejercicio de las paritarias para las que reclamaron no haya “intromisión de pautas de porcentajes por parte del Gobierno” y la agilización en la homologación de los convenios ya firmados.
Los dirigentes de la CGT, además, aseguran haber dejado sentada su posición política acerca del rumbo de la economía del cual no ven “perspectivas de mejoras de recuperación en el corto plazo”. Para la central “el programa de Gobierno que vemos, no contempla la Producción, el Desarrollo y el Trabajo, privilegiando solo la cuestión monetaria e inflacionaria”. Por eso, aseguran haberle transmitido al Secretario de Trabajo, genera un “estado de profunda recesión, pérdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos”.
Desde el ministerio de Capital Humano del cual depende Julio Cordero ratificaron que en la reunión se “acordó avanzar en una agenda que incluya los temas planteados por la cúpula sindical”. Julio Cordero señaló que “en el marco de una reunión cordial” la cartera propuso “la constitución de una mesa de diálogo social tripartito que incluya al sector empresario”.
De hecho, adelantan, el secretario convocará al nuevo ente luego de “un encuentro con representantes del sector empresarial pautado para la semana próxima”.
De esa forma la reunión del Consejo Directivo pautada para el 25 de julio se realizará en el marco de avanzadas negociaciones que no garantizan que no se produzcan acciones particulares en sindicatos que resisten particularmente el alcance de ese gravamen como, por ejemplo, la Federación Aceitera y la Asociación Bancaria.
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