La salud privada también quiere una reforma, pero con costos para el Estado

Por: Jonathan Raed

Busca que las finanzas públicas se hagan cargo de una parte de las prestaciones del PMO, como el tratamiento de la discapacidad, de las adicciones y de la obesidad.

«No podemos seguir recargando sobre la gente semejantes aumentos», aseguró el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial que ofreció en la última semana. «Cómo ese sistema se financia es la discusión que tenemos que afrontar», enfatizó el mandatario.

El 18 de diciembre, la vicepresidenta, Cristina Fernández, había hablado en el mismo sentido, al afirmar que «la pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente». A partir de allí, surgieron rumores de una reforma integral que abriera camino a la estatización del sistema de salud.

Más de la mitad de la población argentina se atiende en el sector privado de salud, según cifras basadas en datos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Alrededor de 20 millones de personas lo hacen en las obras sociales (PAMI incluido), mientras que otras 6 millones van a las prepagas. Las restantes 18 millones de personas se atienden en el sistema público de salud.

Esta semana, el presidente recibió al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. El presidente negó rotundamente la posibilidad de estatizar el sistema de salud. Esto no quita que el gobierno tenga grandes críticas sobre el actual sistema, al considerar que las prepagas son meros intermediarios entre el público y los prestadores de salud, y que cobran mucho por ese rol y ofrecen poco.

En ese sentido, trascendió que una reciente auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) alerta sobre «fallas severas en el control de obras sociales y empresas de medicina prepagas» durante el gobierno de Mauricio Macri. Cabe recordar que en esos cuatro años los aumentos en la medicina prepaga superaron el 330%, contra una inflación acumulada en el período del 300 por ciento.

Un importante vocero de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), agrupamiento gremial formado por las principales cámaras y federaciones del sector privado, y de la que Belocopitt es titular, le dijo a Tiempo que «las declaraciones del presidente (Alberto Fernández) no cayeron bien en el sector», pero que coinciden en la necesidad de «reformar las estructuras» del sistema de salud.

Según la fuente, las ganancias del sector representan el 3% del total del ingreso «en un año común, no en este». Agregó que un 24% de los costos de las prepagas está representado por los gastos sanatoriales (intervenciones, internaciones, cirugías), un 51% por gastos ambulatorios (consultorios externos, análisis y diagnóstico), un 19% por medicamentos y un 5% por odontología. En el año de la pandemia, la estructura se modificó y, si bien bajó el porcentaje provocado por los gastos ambulatorios (35%), subió el generado por los medicamentos (30%).

La argumentación de UAS es la de que se trata de un sistema de salud privada con costos elevados en un país signado por salarios deprimidos. «No va más el esquema de sobrecargar precios porque los salarios no aguantan. Debemos apuntar a una reforma de gran escala, donde se comprometan todas las instituciones», apuntó el vocero.

La reforma que pide el sector de las prepagas es que se lo alivie de una parte de las prestaciones obligatorias que conforman el PMO (Prestación Médica Obligatoria), especialmente las que derivan de lo que llaman «enfermedades catastróficas» tales como obesidad, adicciones o discapacidad. Esas prestaciones quedarían a cargo del Estado o de un fondo mixto al cual aportarían, en definitiva, los asociados vía su cuota mensual y el conjunto de la población a través de impuestos.

De cualquier manera, la estadística amplia soslaya que el sector de las prepagas está muy concentrado y apenas 10 empresas concentran el 75% de las asociaciones. La escala de estas firmas, con OSDE a la cabeza con unos dos millones de asociados, las ubica en otro plano respecto de las más de 500 prepagas y asociaciones privadas no sindicales que existen.

Trabajadores sin beneficios

Hay una tercera pata en esta mesa de delicado equilibrio, que es la de los trabajadores y trabajadoras de la salud privada, los que se desempeñan en los sanatorios y clínicas privadas, además de centros de diagnóstico. El aumento que obtuvieron en las paritarias fue del 29%, es decir, por debajo de la inflación, en un año que los tuvo en la trinchera de la lucha contra el Covid 19. Además, las y los trabajadores denunciaron desidia patronal a la hora de otorgar los equipos de protección individual contra el coronavirus, como fue el caso del Hospital Italiano.

Desde diferentes ópticas, tanto el gobierno como los privados desean cambiar el sistema de salud actual. La reparación deberá hacerse sin sobrecargar a los golpeados salarios, sin dejar gente afuera del sistema y sin precarizar a las y los trabajadores. «

El lunes, con los prestadores

Un sector de los prestadores de salud formó a fines de diciembre la Federación Argentina de Prestadores de Salud, por fuera de Adecrea-Cedim, que es la entidad patronal representativa del sector. Enfrentados con las prepagas porque les pagan tarde y mal, los prestadores visitaron al presidente Alberto Fernández el jueves pasado.

Según trascendió, mañana habrá una nueva reunión con este sector, al que podrían ofrecerles asistencia en el pago de salarios y en la carga impositiva. Los prestadores quieren cobrarle más a las prepagas.

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