La represión policial en la Ciudad tiene un nuevo objetivo: los senegaleses

La comunidad senegalesa en la Argentina es, en términos estadísticos, marginal. No hay cifras oficiales, pero se calcula que no deben ser más de 5000, en su gran mayoría varones. La mitad tiene problemas de papeles y, sin embargo, no hay ningún plan oficial para regularizarlos. Ese es el estigma que pesa sobre unos 2500 senegaleses que recurren a la venta callejera para subsistir. Este reducido grupo de migrantes parece haberse convertido en el peor enemigo del “comercio legal” y de un Estado dispuesto a avanzar contra ellos utilizando todas las herramientas disponibles, incluida la violencia.

“Estamos muy preocupados por el grado de violencia que sufrimos. A algunos de nosotros no les queda otra que trabajar en la calle para sobrevivir. Se siente mucha impotencia cuando te sacan de tu lugar”, explica a Tiempo Arfang Diedhiou, quien llegó al país hace más de diez años y es hoy el presidente de la Asociación de Residentes de Senegaleses en Argentina (ARSA).

Arfang fue uno de los 2500 senegaleses que logró regularizar su situación en 2013, al acogerse a un régimen especial dispuesto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los que vinieron después no tuvieron esa suerte, y continúan en la cuasi-clandestinidad con un permiso de residencia precario. Arfang pudo traer al resto de su familia hace tres años. Pero ese recorrido no fue simple. Debió salir a la calle a vender de manera ambulante y compartir techo con varios amigos de amigos. Su historia se replica en cada uno de sus coterráneos: con su trabajo aquí y apenas subsistiendo, procuran sostener a sus familias a la distancia. Arfang logró romper ese círculo al regularizar sus papeles y hoy alquila un local donde vende ropa. “Cuando trabajaba en la calle personalmente no tuve problemas. A lo sumo la policía me sacaba un par de cosas, pero era mucho más tranquilo. No como ahora. Los que venden en la calle lo sienten como una persecución. Están muy preocupados”, señala Arfang.

Las investigadoras María Victoria Pita y María Victoria Pacecca coinciden en esta tesis. A finales de 2017, publicaron el libro Territorios de control policial, gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires, en el que se advierten las “distintas formas de gobierno policial para con estos grupos sociales”.

“En algún momento –precisa Pita- había un desempeño más autónomo de la Policía Federal, que gobernaba a su modo, lo que no quiere decir que se manejara bien, de modo legal, sino todo lo contrario: lo hacía a través de acuerdos inestables, irregulares, informales, muchas veces ilegales, por los que lograba cierta administración y gestión de esas poblaciones sin mayores niveles de violencia en la calle”.

En ese entonces, con Nilda Garré al mando del Ministerio de Seguridad, se había tomado la decisión de “no intervenir activamente por la vía de la represión en el campo contravencional, pero mientras ocurría el desplazamiento de la Policía Federal del territorio de la ciudad y se creaban la Policía Metropolitana y la Policía de la Ciudad, se generó una articulación cada vez más eficiente entre la policía, el Ministerio Público Fiscal y el Ejecutivo porteño para manejar el espacio público”, concluye Pita.

Ante la celebración de un nuevo Día del Refugiado –el 20 de junio-, Amnistía Internacional y unos 20 organismos más publicaron un duro comunicado en el que se expone la actitud cada vez más violenta de las fuerzas de seguridad porteñas que, avaladas por las autoridades políticas, avanza sobre esta comunidad africana.

“En muchas ocasiones los senegaleses terminaron hospitalizados, y en el último caso, con un corte importante de arma blanca. Se les imputa desde resistencia a la autoridad, ocupación del espacio público o faltas a la Ley de Marcas, se los detiene y, luego de horas o días en una comisaría, se los deja ir sin demasiada información”, se queja Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), que hace referencia a la detención de Kane Serigne Dame, de 30 años, en Flores. Según quedó registrado en un video, una turba policial lo golpea y reduce violentamente, aun con una fractura expuesta en su brazo.

Si se tienen en cuenta cómo manejan estas situaciones las fuerzas de seguridad, la situación de Kane podría haberse repetido en otros escenarios de Capital, La Plata o el Conurbano. “Hay una decisión política del gobierno de la Ciudad de sacar a los negros y particularmente a los senegaleses de la calle. Estamos ante una violencia racista y xenófoba nunca vista. Con la excusa de que el inmigrante nos saca el trabajo, estamos involucionando 20 años. Cuando todos sabemos que los mismos comerciantes son los que les guardan la mercadería en sus negocios”, resume Carlos Álvarez, presidente de la Agrupación Afro Xango, que adhirió al comunicado de Amnistía.

El ex presidente de ARSA, Moustafá Sene, activo miembro de la comunidad senegalesa, indica que están haciendo foco en la “concientización para tratar de evitar la confrontación y encontrar la manera de negociar. Necesitamos otro tipo de trabajo y un espacio donde ejercerlo. Queremos sentarnos con las autoridades para normalizar nuestra documentación, pero no nos reciben”. 

Extrema vulnerabilidad

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 , que busca agilizar los procesos de expulsión, los senegaleses quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Con este tipo de redadas, muchos de ellos cuentan con antecedentes penales por delitos federales por infringir, por ejemplo, la Ley de Marcas. O, por defender su fuente laboral, a muchos se les imputaron delitos tales como resistencia a la autoridad o lesiones a los policías.  Con la nueva normativa, hoy suspendida, podrían ser enviados a sus países de inmediato.

Sin estatus de refugiados

“La llegada de migrantes senegaleses a la Argentina comenzó a hacerse evidente hacia finales de la década del ’90. No es una población recién llegada, sino un flujo migratorio dinámico desde hace años, cuyas causas son complejas y tienen que ver con las condiciones de vida en el país de origen y con el cierre de fronteras de otros destinos más cercanos”, precisa Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes.

El grueso de la comunidad se instaló en Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y en las principales ciudades del interior. Generalmente, este no era el destino elegido por los senegaleses antes de salir de su patria, pero por distintas razones terminaron aquí.

Los que entraron al país lo hicieron de manera ilegal a través de pasos clandestinos desde países limítrofes o como turistas, pero una vez aquí solicitaron acogerse al régimen de refugiados. Para ello, debe comprobarse que hay “fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social” en su país de origen. Cuestión que, en principio, no ocurriría en Senegal.

Según estadísticas oficiales, en 2012 unos 706 senegaleses pidieron adherirse a este régimen especial; en 2013 fueron 78; en 2014, 100; en 2015, 419; y en 2016, unas 871 personas provenientes de este país africano. La mayoría habla el idioma wólof, y francés como segunda lengua.

“Muchos de estos solicitantes tienen una radicación precaria que los pone en situación regular mientras el Estado argentino evalúa esa petición. En todos los casos, se les deniega el estatus de refugiados, y allí vuelven a estar en condición migratoria irregular. Desde las organizaciones venimos solicitando al Estado que se los considere dentro del criterio de trabajador migrante con la opción de monotributista, ya que ello permitiría favorecer su regularidad migratoria”, argumenta Liguori.