Entre forcejeos con padres, madres y docentes, la fuerza de seguridad quiso requisar a un alumno que supuestamente tenía marihuana para consumo personal.
Alertados por la intromisión del policía, los compañeros se manifestaron en contra de la maniobra ilegal e inmediatamente, padres, madres y docentes armaron un cordón para proteger al alumno, quien logró ingresar al establecimiento, donde todavía permanece. Durante ese cordón protector, policías de la Ciudad forcejearon con adultos y algunos padres terminaron en el piso.
Tras los graves hechos, el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini emitió un comunicado.
«Hoy a las 5pm un policía se acercó a un compañero menor de 16 años en la puerta de la Escuela, exigiéndole que le muestre el contenido de su mochila, pidiéndole su identificación y amenazandolo con llevárselo preso.
Ante esto la comunidad educativa se reunió en la puerta para evitar que se lo lleven dado que esta estipulado por las normativas vigentes la ilegalidad del hecho.
La policía inicio un forzejeo (sic) para llevárselo de todos modos, golpeando a docentes y estudiantes menores, y tirando gas pimienta para dispersarnos. Y llego al punto tal de sacar una arma para que retrocedieramos
En este momento hay compañeres, docentes y estudiantes, hospitalizades».
Mas tarde, fue la Asamblea de Familias del Pelle (Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini – UBA) la que emitió un comunicado de repudio «en los términos más enérgicos, y con profunda consternación, el accionar policial perpetrado hoy, viernes 9 de noviembre de 2018, por efectivos de la fuerza en la puerta de la institución, en horario de clases y en plena circulación de chicos en la vía pública.
En un desborde ilegal de violencia, que incluyó golpes y uso de gas pimienta contra niños, niñas y adolescentes entre 13 y 18 años, una vez más la Policía de la Ciudad atropelló la legalidad y el sentido común. Hoy se pasó, en minutos, de una tarde normal en el cambio de turno de una escuela secundaria, a una situación dantesca que dejó a personal educativo, una madre y una alumna con golpes de diversa intensidad, personas afectadas por los gases (entre ellas una niña de 13 años), un fuerte shock emocional en el estudiantado, y la sensación de que las fuerzas de seguridad han perdido definitivamente el rumbo y el juicio.
Estando en la zona de incumbencia de la Escuela y sin ninguna consideración por el entorno, el personal policial omitió seguir los protocolos de actuación vigentes para niñas, niños o adolescentes; evitó dar inmediata intervención a los organismos competentes —como lo establece la ley 26.061—, y se negó a colaborar con la institución educativa para evaluar la situación y obrar preservando el interés superior de los estudiantes. Lejos de ello, la Policía redobló el uso de la fuerza, desenfundando armas de fuego que provocaron pánico a los alumnos, sumando efectivos y repartiendo golpes a diestra y siniestra.
Este comportamiento, además de ser ilegal, brutal y lesivo de nuestros hijos, es francamente siniestro y trae a nuestra memoria la imperdonable violencia de Estado en el período más terrible de nuestra historia.
El despliegue de brutalidad policial en una situación de absoluta calma en la puerta de la Escuela contrasta fuertemente con la ausencia de la Policía para evitar los robos y acosos que sufren los estudiantes en las inmediaciones —convertidos en zona liberada para el hurto—, y que las familias venimos denunciando en vano en la Comisaría.
Asimismo, expresamos nuestro enérgico rechazo a la manipulación tendenciosa de estos hechos por parte de los comunicadores de los medios masivos, que además de divulgar ilícitamente filmaciones de menores de edad sin su consentimiento, construyen una imagen desvirtuada del alumnado y de las autoridades escolares para promover el desprestigio de las instituciones de educación pública y para legitimar la violencia policial.
Por todo lo dicho, reiteramos nuestro repudio, exigimos una respuesta política de las autoridades competentes, que la Policía de la Ciudad respete los protocolos y las leyes vigentes en relación al trato a menores, que se investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias con el personal policial que hizo un abusivo uso de la fuerza, sin perjuicio de iniciar las acciones de amparo y actuaciones a que tengamos derecho ante la justicia».
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