La pelea político judicial y el interés de La Libertad Avanza detrás del caso Loan Peña

La desaparición del niño Loan Danilo Peña desnudó un sistema judicial penoso –tanto provincial cuanto federal– en Corrientes y, además, puso en superficie una sorda pelea política que escala hasta el gobierno nacional.

Legisladores de la Unión Cívica Radical firmaron en los últimos días un documento en respaldo al gobernador correntino, Gustavo Valdés, quien –sostienen– es víctima de un aprovechamiento político de una tragedia. El aprovechamiento político es real, existe; lo que no está tan claro es quién quiere aprovecharse de la desaparición de Loan y, menos aún, con qué objetivo.

El radicalismo supone que detrás de esa movida política está la mano de Sergio Massa. A su vínculo con el fiscal Guillermo Marijuan le atribuyen la presentación en Comodoro Py de una denuncia contra el gobernador Valdés y su primera línea de Seguridad por hechos que ocurrieron, todos, en Corrientes.

Quienes conocen el estilo de trabajo de Marijuan e hilan fino sobre sus denuncias y dictámenes coinciden en que el escrito que presentó contra Valdés y compañía no fue de sus piezas más cuidadas. “Cuando hay un tema que verdaderamente le interesa le pone más garra”. Incluso técnicamente es imperfecto, porque en una denuncia pidió dos detenciones. Eso lo hacen la fiscalía o las querellas. Marijuan no era nada de eso; sólo un denunciante en este caso.

Marijuan sabía perfectamente que Comodoro Py no era, ni podía ser, competente para intervenir en su denuncia. De hecho, el propio texto de su presentación, en el capítulo “Competencia”, explica que “corresponde a esta justicia de excepción la investigación de los hechos que influenciarían directamente con el encubrimiento y obstrucción de la justicia sobre las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Policía Federal Argentina que intervinieron en el caso, desde donde se toman las decisiones, y entorpecieron y afectaron directamente su efectividad y eficacia y, en consecuencia, el normal funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”. El documento dice que debe intervenir la Justicia Federal, pero nunca afirma que deba ser la de la Capital Federal.

¿Quién impulsaba el pase de la investigación sobre la desaparición de Loan a Comodoro Py? El abogado de la familia del niño, Fernando Burlando. Desde la UCR y desde la periferia de las defensas de los ocho detenidos por la desaparición de Loan están convencidos de que la presencia de Burlando tiene como fin último un objetivo político al que definen en cuatro palabras: “llevarse puesto a Valdés”.

Burlando fue el principal defensor de Marijuan ante las críticas que padeció por su casi insólita presentación en Comodoro Py. El respaldo cabalgó sobre las vacilaciones, decisiones erráticas y el blindaje del expediente a través de un tercer secreto de sumario decretado (en un mes y medio que lleva la causa) por la jueza Cristina Pozzer Penzo. Burlando sostiene que hay una suerte de sometimiento del Poder Judicial en Corrientes (tanto el local cuanto el federal) al poder político. Entonces, su solución consiste en llevar el expediente a Comodoro Py, donde –como todos saben y nadie duda– no existe subordinación alguna: todos los funcionarios son absolutamente independientes y sólo emiten fallos imparciales sobre la base de lo que establece la ley (una ironía).

Especialista en el manejo mediático de los casos judiciales en los que interviene, Burlando toreó a quienes cuestionan su presencia (a menudo virtual) en Corrientes y protagonizó escenas de pugilato verbal con algunos de los firmantes del documento radical en apoyo a Valdés. Con el diputado correntino Manuel Aguirre incluso protagonizó un picante cruce al aire en un canal de televisión, que se terminó cuando el legislador se resignó a que no lo dejaran hablar y cortó la comunicación.

En ese escenario de aguas turbulentas intenta pescar La Libertad Avanza (LLA). Imaginan que en las elecciones del año próximo en Corrientes obtendrán el primer gobernador propio del mileísmo. El problema es que hoy no hay un candidato. Entonces surgen dos posibilidades: o se fabrica uno en los próximos meses (para lo cual probablemente sea necesario recurrir a los manejos de lo que LLA define como “la vieja política” o “la casta”) o se apuesta por el Plan B, el senador que ingresó por el peronismo Carlos Mauricio “Camau”  Espínola, quien cristalizó su virtual alianza con el gobierno nacional al acompañar la sanción de la Ley Bases.

El juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa decretaron la incompetencia de Comodoro Py sobre la denuncia de Marijuán por dos razones: porque claramente los hechos ocurrieron en otro lugar, diferente de la Capital Federal, y porque en el juzgado federal de Goya, a cargo de la jueza Pozzer Penzo, tramitaba desde antes una denuncia similar y contra los mismos imputados promovida por el titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera.

“La prórroga de competencia por conexidad objetiva o subjetiva atiende a una razón práctica, cual es la necesidad de hacer posible la acumulación de causas cuando su vinculación deba producir unificación procesal (principio de economía procesal) procurando la reunión de todas las actuaciones en un mismo proceso y debate, con miras a favorecer la armónica aplicación de la ley evitando pronunciamientos contradictorios, y una justa individualización de las penas a imponer”, resumió el fallo de Casanello.

Son muy escasos los antecedentes de un supuesto delito cometido en un lugar que sea juzgado en otro. Sólo con un forzamiento (detrás del cual siempre hay un interés político) ocurrió. El último ejemplo saliente fue la Causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner terminó condenada en primera instancia a seis años de prisión. Las obras públicas cuestionadas por presunta corrupción están en Santa Cruz, pese a lo cual intervinieron jueces de Comodoro Py porque –según explicó la excusa utilizada para ello- el gobierno nacional tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Ese fue el tibio intento del fiscal Marijuán para traer la Causa Loan a los tribunales de Retiro: el perjudicado por la “obstrucción y el encubrimiento” fue el Poder Ejecutivo Nacional. “La razón esencial que inspira la competencia territorial en materia criminal y que se establece por el lugar de comisión del delito es procurar la mejor actuación de la justicia, permitiendo que la investigación y el proceso se lleven a cabo cerca del lugar donde se encuentran los elementos de prueba. La mención que hace el denunciante de que ‘…se entorpeció el normal funcionamiento de las actividades propias de la Policía Federal que se hallaban trabajando para dilucidar el caso desde esta Ciudad de Buenos Aires con personal también destacado en el lugar de desaparición de Loan’ no alcanza para sustraer la competencia del tribunal con asiento en el lugar en el que el hecho se habría cometido”, replicó Casanello.