Columna de opinión.
No sólo existen incumplimientos logísticos y administrativos, el Poder Judicial y el Congreso han tomado en sus manos el acuerdo para modificarlo de fondo a sus conveniencias; aforando a militares y civiles comprometidos con violaciones a los Derechos Humanos, han negado la participación especial de las víctimas en las elecciones parlamentarias, y dejaron en el congelador la reforma rural integral, a la espera de que el próximo gobierno reverse este avance democratizador para las comunidades rurales, fundamentales para construir la paz. El Poder Judicial y parlamentario ligado al latifundio está en una cruzada para impedir que las FARC participen en el sistema político, el retorno de las víctimas a sus tierras, y a cualquier reforma que genere justicia social. En las elecciones estarán representados por el uribismo y por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quienes con candidaturas separadas tratarán de ganar mayorías parlamentarias y la presidencia.
La centro-izquierda está organizando coaliciones para el cambio, aunque la dispersión de esfuerzos y la multiplicidad de liderazgos debilitan sus opciones, mientras las Farc, convertidas en partido político, se preparan para sus primeras elecciones en condiciones difíciles por las amenazas de seguridad para sus militantes. Sergio Fajardo (exalcalde de medellín), Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Clara López y Piedad Córdoba representan las opciones de paz y democracia, cuyos desafíos pasan por consolidar una campaña que genere esperanza, logre convergencias, bloquee el voto de derechas y rompa con la abstención (del 55 por ciento).
El camino de la paz tiene enemigos poderosos, como lo demostraron con el plebiscito de 2016, aunque existe también una sociedad joven que está mirando hacia delante, y una ciudadanía adulta cansada de tanta corrupción, del neoliberalismo y de la guerra. «
*Investigador Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe-UBA
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