El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas consideró que se vulneró la independencia judicial y advirtió que la dirigente es una presa política. La resolución completa.
La resolución de Naciones Unidas determinó que Sala es una presa política, lo que constituye una exigencia para el presidente Mauricio Macri. Si bien no es vinculante en el comunicado, los organismos detallaron que el gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de Trabajo.
Luis Paz, integrante del equipo de abogados de Milagro Sala, expresó: «La expectativa que tenemos es que se cumpla inmediatamente la resolución del Grupo de Trabajo». Además, explicó que el Estado «no puede hacer caso omiso a la resolución». »Esta resolución obliga al Estado a dar una respuesta efectiva porque la Argentina ha ratificado la Convención de Derechos Humanos, que tiene rango constiutucional desde 1994″, detalló.
El Grupo de Trabajo de la ONU aclaró que en el caso de Sala existió un entramado de «acusaciones consecutivas» e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. Y precisaron que al analizar las causas judiciales por las que la referente de la Tupac Amaru está detenida, el Grupo concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva.
En ese sentido, precisó que en no se demostró que existen riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
La resolución del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria es consecuencia de una denuncia internacional realizada en febrero por CELS, ANDHES y Amnesty que motivó presentaciones de los tres organismos y del Estado Argentino. La resolución a favor de la dirigente social detenida ilegalmente, se convirtió en un nuevo traspié para Cambiemos, que finaliza una semana en la que sufrió duros golpes políticos.
La respuesta emitida por el Grupo de Trabajo consiste en un documento de 20 carillas en el que comprobaron la arbitrariedad de la detención de Sala, la violación a sus derechos humanos y al derecho de defensa, la falta de independencia judicial y el resto de los hechos denunciados por la defensa de la dirigente y los organismos de derechos humanos que la respaldaron. «Se apoyaron en la gran cantidad de irregularidades y nulidades que fue presentando la defensa», contó Paz.
En el comunicado los organismos explicaron que Naciones Unidas consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. Además, resaltaron que la dirigente tenía fueros por ser parlamentaria del Mercosur.
El comunicado completo:
El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas decidió que «la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria» y en consecuencia solicitó «al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato».
El Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de «acusaciones consecutivas» e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo. El Grupo concluyó que en este caso se está vulnerando la independencia judicial.
Además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.
El Grupo entendió que la detención de Sala «se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos», solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo.
Esta decisión del Grupo es consecuencia de una denuncia internacional presentada por Amnistía Internacional, el CELS y ANDHES en febrero de este año, luego de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy. El trámite incluyó sucesivas presentaciones de las organizaciones y del Estado argentino.
La resolución completa de la ONU:
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