La intervención de la AFI sigue arrojando noticias. Un punteo sobre las últimas novedades y el informe de la SIGEN.
La lista de disparates que aparecieron en la Agencia Federal de Inteligencia durante las primeras semanas de intervención a cargo de la fiscal Cristina Caamaño es larga y sorprendente. Pero lo más preocupante es que está incompleta: a cada rato surgen episodios que ameritan un capítulo de la vieja serie “El Superagente 86”. Y van derecho a convertirse en causas judiciales.
Caamaño resolvió que una oficina de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se instale en la sede de la AFI para auditar pasado y presente de un organismo históricamente oscuro, al que quiere transparentar. La SIGEN encontró de todo. Lo que sigue es una pequeña enumeración de lo hallado:
-La AFI compró un programa informático por casi cuatro millones de pesos. Pagó, además, 115 mil pesos en clases de capacitación, 500 mil en horas extras para que los agentes aprendan a usarlo y 925 en una actualización. El programa no está y nadie sabe para qué debió haber servido.
– La AFI es depositaria judicial de pruebas recolectadas por la UFI AMIA sobre el atentado. Están en carpetas guardadas en un edificio semiderruido, con riesgo de incendio, goteras y filtraciones. Cuando Caamaño ordenó repararlo le respondieron que no había un procedimiento administrativo para hacerlo porque esos gastos se debitaban de partidas reservadas, sin rendir cuentas.
– La AFI cuenta con 210 automóviles de alta gama que no están en los registros patrimoniales. De ellos, cinco son blindados. Y se destaca una camioneta Grand Cherokee que utilizaba personalmente Gustavo Arribas y que costó 120 mil dólares y la llaman “la bestia” porque es similar al vehículo que hizo traer desde Estados Unidos Donald Trump para la Cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018.
– Pese a una disposición que obliga a la AFI a cargar combustible YPF, los vehículos se proveían de Shell (la empresa de la que fue accionista el ex ministro de Energía Juan José Aranguren) porque la estación de servicio más cercana a la sede de la central de espías de la calle 25 de Mayo es de la petrolera holandesa.
– La AFI está obligada por una normativa de 2012 a comprar los pasajes para sus misiones al interior y exterior a través de la agencia de viajes Optar, de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, durante los últimos años los compró a dos agencias privadas y pagó en promedio el triple del precio de cada pasaje.
– Pese a que desde 2012 los trabajadores están obligados a percibir sus salarios mediante el sistema bancarizado, la mayoría de ellos siguen cobrando en efectivo, en sobres de papel que les son entregados en mano en las sedes de la AFI, especialmente en la casa central.
– Agentes de la AFI se infiltraron en marchas de reclamos docentes, especialmente las encabezadas por Roberto Baradel. También hay registros de infiltraciones en las marchas del “Ni una menos”.
– Desde la AFI se vendían armas, escudos antitumultos y máscaras antigás a los empleados. El importe era descontado de los recibos de sueldo. La auditoría encontró registros por 1,7 millones de pesos. Pero el dinero descontado no está en ninguna parte, nadie sabe adónde fue a parar ni para qué se utilizó.
– La intervención cesó con la utilización de seis polígrafos, aparatos conocidos vulgarmente como “la máquina de la verdad”, similares a los utilizados por el periodista Samuel “Chiche” Gelblung en sus programas de TV.
– Los polígrafos eran utilizados en interrogatorios ilegales, incluso en investigaciones internas. Generaban terror entre los empleados, a punto tal que una mujer llegó a contar entre llantos cómo había sufrido abuso sexual cuando era niña, para “demostrar” que decía la verdad.
– La AFI no informaba al Estado sobre su nómina de personal. De sus registros internos se desprende que entre 2018 y 2019 pasaron de planta transitoria a planta permanente 905 agentes, gran parte de ellos después de las PASO de 2019.
– Muchos de esos agentes fueron sometidos a exámenes de capacitación para asignarles tareas con la llegada de la intervención. Demostraron desconocer la Ley de Inteligencia. En un esquema de pruebas múltiple choice, la nota promedio fue 3,8.
– Una de las preguntas del examen era “quién escribió el libro Operación Masacre?”. La mayoría lo desconocía, pero hubo quienes dijeron que el autor era Jorge Rafael Videla.
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