La obra pública, el motor del crecimiento económico en 2021

El gobierno nacional decidió tomar un rol protagónico en la tarea de volver a poner en marcha la economía después de la pandemia. Además de los aportes que hizo al sector privado en los últimos meses y de otros planes de asistencia en carpeta, resolvió duplicar los fondos destinados a la obra pública. Para ello incluyó en el Presupuesto 2021 partidas por $ 842.683 millones destinadas a tareas de infraestructura. Entre ellas se encuentran la extensión de las redes de agua potable y cloacas, mejoras en los corredores viales y ferroviarios y en las condiciones de los edificios escolares.

La decisión significa un claro posicionamiento de ideas sobre el papel que debe tomar el Estado en la economía. Pero también tiene una explicación mucho más pragmática: los estragos que causó el Covid-19 y la debilidad en que quedaron tanto las empresas (sobre todo las pymes) como las familias para motorizar la salida de la depresión. «Este marco general posiciona al Estado como un protagonista central y necesario del complejo proceso de reactivación de la producción y el empleo. A diferencia de otras experiencias de recuperación, este proceso no podrá reposar exclusivamente en medidas de estímulo a la demanda», reconoce el mensaje con que el Ejecutivo elevó el proyecto de Presupuesto 2021 a Diputados para su tratamiento legislativo. La educación, la ciencia y tecnología y la infraestructura son calificadas como «áreas estratégicas para el crecimiento potencial de la economía argentina que sufrieron grandes desinversiones en el último cuatrienio».

Según los gráficos elaborados por el Ministerio de Economía, los gastos de capital (destinados a mejorar los servicios públicos y la producción, sean realizados por el Estado o mediante transferencias a terceros) alcanzarán el año que viene el 2,2% del PBI. Esa cifra es exactamente el doble que en 2019 y supera en nueve décimas porcentuales las previsiones del año en curso. Así y todo, estará por debajo del promedio de la década anterior (2,43% entre 2009 y 2018).

«La infraestructura urbana y la mejora de la infraestructura municipal en toda la República Argentina serán prioridades en 2021. Merece especial mención la inversión en infraestructura a cargo del Ministerio de Obras Públicas y los organismos descentralizados que de este dependen, con énfasis en obras de transporte vial, obras sanitarias (relacionadas con el acceso al agua potable y a redes cloacales) y ambientales», indica el mensaje. Muchos de esos trabajos serán realizados a través de Aysa, del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) y también del programa Argentina Hace, que se encargará de obras de ejecución rápida, controladas por provincias y municipios, que podrán utilizar en ellas mano de obra local (pymes y cooperativas).

En cuanto a la red de carreteras, se trabajará en la continuación de la Autopista del Buen Ayre, desde Ituzaingó hacia La Plata, y en tramos de las autopistas Luján-Junín, Pilar-Pergamino, Córdoba-San Francisco, Rosario-Sunchales y Mendoza-San Juan, entre otros. Además, se planea reanudar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y avanzar en la electrificación de la línea San Martín. En materia social se proyecta un fuerte impulso al plan Procrear, con el inicio de la construcción de 30 mil nuevas viviendas, mientras que el Ministerio de Educación supervisará un programa que hará eje en la provisión de servicios básicos (agua, gas y cloacas) para todos los edificios escolares y la ampliación y construcción de salas para los jardines de infantes. El resumen asegura que los proyectos involucrados son 6562 y que el monto a invertir supera en 89,8% el destinado a gastos de capital en 2020. En otras palabras, de cada 100 pesos que se gasten el año que viene, 10 serán para la obra pública.

¿Hay caja?

La pregunta inmediata es si habrá plata para sostenerlo. Sobre todo si, como ocurrió en los primeros meses de este año, la recaudación en términos reales (una vez descontada la inflación) se derrumba. En ese sentido, en el Palacio de Hacienda aclararon los supuestos bajo los cuales elaboraron las cuentas: creen que los ingresos tributarios mejorarán 43,9% (casi un punto del PBI) gracias a una recuperación del producto del orden de 5,5 por ciento. Para ello confían en la capacidad ociosa con que cuentan las industrias y apuestan a poder canalizar el ahorro doméstico en pesos hacia proyectos de inversión. «El apoyo directo del Estado mediante subsidios de tasas y otorgamiento de garantías es imprescindible», señalan.

Además, confían en que se sentirá el alivio del frente externo tras los exitosos canjes de deuda y que los pagos de capital comprometidos ante el FMI y el Club de París lograrán ser postergados más allá de 2023. En las planillas sólo se consignan pagos de intereses en dólares por U$S 154 millones.

De todas maneras, el déficit primario previsto es muy alto, de $ 1,7 billones, lo que equivale a 4,5% del PBI. La cifra asusta pero supone un progreso de cuatro puntos con relación al 8,5% al que apunta el cierre de este año. «Si se netean los refuerzos para paliar la crisis originada por la pandemia Covid-19, se prevé un incremento del déficit primario del 33,6% para el próximo año», señalan en Economía. Con la inclusión de los intereses de la deuda, el rojo financiero trepa a $ 2,2 billones. Se contempla la remisión de utilidades del Banco Central al Tesoro por $ 800 mil millones, adelantos transitorios de la misma entidad y emisión de deuda en pesos para cubrir ese agujero.

Por encima de esas cuentas y de la desconfianza que puedan despertar las presunciones sobre el nivel de actividad, inflación y tipo de cambio incluidas, el verdadero punto débil del presupuesto es la pandemia y los gastos extra que puede deparar la situación sanitaria. El ministro Martín Guzmán reconoció a un grupo de legisladores oficialistas (a los que explicó los lineamientos básicos del proyecto para que puedan defenderlo en el Congreso) que los cálculos son «naturalmente flexibles» y están hechos sobre la hipótesis de que la emergencia estará conjurada a comienzos de 2021. Si se prolongara, los números podrían variar.

De hecho, muchos de los cuadros que acompañan el proyecto comparan lo que se espera para 2021 con dos puntos de partida: las proyecciones totales para el año corriente y las que descuentan de ellas el efecto de las medidas dispuestas para atravesar la pandemia, las que se estima que para fin de año habrán insumido $ 1,019 billones. Así, el total de gastos previstos por la administración pública nacional para el año que viene ($ 8,284 billones) supera en 37,7% a los normales de 2020, pero sólo es 17,7% más alto si se incluye el paquete anti-Covid.

Rispideces

Mientras el trámite de discusión parlamentaria se va poniendo en marcha, ya asoman otros puntos ríspidos que seguramente serán eje de las peleas entre el oficialismo y la oposición. Una es la confirmación de que el cepo cambiario vino para quedarse. La nota señala que el esquema de limitaciones al mercado de divisas «ocupa un rol central e insustituible para garantizar estabilidad cambiaria y de precios» y que el gobierno «recalibrará permanentemente el sistema de restricciones en función del nivel de incertidumbre de la economía y la evolución tanto de la oferta como de la demanda de dólares, siendo una prioridad absoluta que el aparato productivo cuente con las divisas necesarias para financiar su crecimiento».

También se avizoran novedades en materia energética, donde se pondrá el foco en «asegurar el abastecimiento energético y garantizar a toda la población el acceso equitativo, confiable, asequible y sostenible» a la energía, lo que preanuncia una continuidad de los subsidios en las tarifas. En esa dirección, se promete «la formulación e implementación de nuevos marcos regulatorios y de estímulo que permitan explotar las potencialidades de nuestros recursos», como camino más directo hacia el autoabastecimiento y el consecuente ahorro de divisas.

Fomento de las exportaciones, con un guiño al agro

En medio de los fuertes debates que se produjeron con respecto a la disponibilidad de la divisa extranjera y al ajuste al cepo cambiario que se operó durante la última semana, el gobierno nacional ratificó que se dispone a encarar acciones para el fomento de las exportaciones.

Allí prometen, entre otras medidas macro, financiamiento estatal a largo plazo, promoción de las ventas al exterior y desarrollo tecnológico, en un marco en el que esperan trabajar de manera conjunta con el sector privado.

Aunque se mantendrán las retenciones, se envió desde el oficialismo un mensaje conciliador hacia la dirigencia del campo. “La estrategia para incrementar las exportaciones será estrictamente pragmática y rechazará las falsas antinomias del pasado entre el sector primario, la industria y los servicios. Por el contrario, el gobierno nacional impulsará una amplia agenda de promoción que permita profundizar la tradición exportadora del sector agropecuario con mayor valor agregado, reposicionar a la industria nacional en el escenario mundial y seguir impulsando la venta de servicios argentinos”, señala uno de los párrafos del texto oficial.

PRESUPUESTO

Se estiman recursos por $ 6,030 billones y gastos por $ 8,284 billones. De estos últimos, $ 842.683 millones serán para obras públicas y de infraestructura.

El déficit primario será de $ 1,703 billones (4,5% del PBI). El financiero (que incluye los intereses) trepará a $ 2,253 billones (6% del PBI).

Se aguarda una inflación anual de 29% para 2021, que irá menguando a 24% al año siguiente y 20% en 2023.

Para fin de 2021, el tipo de cambio fue estimado en $ 102 por dólar. La paridad se elevará a $ 124 a fines de 2022 y $ 146 en 2023.

La balanza comercial tendrá un saldo favorable de U$S 15.087 millones, producto de exportaciones por U$S 74.432 millones e importaciones por U$S 59.346 millones. El superávit comercial se reducirá levemente en los años siguientes: sería de U$S 14.302 millones en 2021 y de U$S 12.928 millones en 2022.