«La nueva Constitución es el certificado de defunción del neoliberalismo»

Chile tendrá por primera vez en su historia una Constitución discutida en democracia. En un paso inédito, el gobierno de Sebastián Piñera acordó con la oposición reemplazar la Carta Magna por una nueva. Serán los ciudadanos quienes decidirán mediante un referéndum, el próximo abril, los términos para sepultar el texto heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

Se trata de un momento refundacional. Los anteriores textos –1833, 1925, 1980– estuvieron precedidos por una guerra civil y un golpe de Estado. Las Constituciones estructuran la política y el poder. Reconfigurar esta relación es una de las principales demandas de quienes llevan 31 días manifestándose en las calles de Chile. Un estallido social que dejó al menos 22 muertos.

El poeta chileno Nicanor Parra graficó magistralmente la desigualdad de su país: «Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona». Durante tres décadas, los datos macroeconómicos construyeron la imagen de Chile como un «oasis de desarrollo». Pero el pasado octubre, el aumento de la tarifa del subte capitalino en un 3,75% provocó protestas e hicieron detonar las falsas bonanzas del modelo.

Álvaro Flores, vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Chile, dialogó con Tiempo. El también juez laboral de Santiago y presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo afirmó que una nueva Constitución será «el certificado de defunción del modelo neoliberal imperante».

–La sociedad chilena reclama resolver problemas urgentes. ¿La solución depende de cambiar la Constitución?

–Ha sido un debate que marcó toda la época post Pinochet y que en estos días se resuelve en favor de una respuesta afirmativa. Todas las demandas económico-sociales asociadas al estallido se relacionan con la imposibilidad de introducir cambios a leyes que han generado la gran desigualdad de Chile. El anclaje de esas normas es una Constitución que se redactó entre cuatro paredes y respondió estrictamente al modelo ideológico neoliberal. Los cambios posteriores no alteraron su esencia. Una nueva Constitución desde una «página en blanco», como se habla en estos días, es claramente el certificado de defunción del modelo neoliberal imperante.

–¿Por qué es tan polémica esta Constitución?

–La Constitución fue creada por los ideólogos de la dictadura para salvaguardar su proyecto. Además de plasmar en ella las bases fundamentales del  modelo político económico neoliberal, se valió de mecanismos para asegurar que fuera imposible su modificación, las «trampas» o «cerrojos» constitucionales. Reglas de súper mayorías que suministra a los herederos políticos de Pinochet un gran poder de veto. Y el Tribunal Constitucional puede derogar una ley completa que haya sido aprobada por ambas cámaras.

–La actual Constitución fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005 ¿ Pero estas «trampas» hacen imposible enfrentar al poder económico y proteger al ciudadano?

–Dos ejemplos lo ilustran. Mediante una reforma se buscaba reforzar tibiamente la capacidad negociadora de los sindicatos, muy menguada en la legislación vigente. En esta pasada, el encargado de debilitarla aun más fue el Tribunal Constitucional, negando la titularidad negociadora exclusiva del sindicato y resaltando la facultad de grupos «espontáneos» y temporales de negociar. Estos grupos suelen ser prohijados por el poder patronal para debilitar la acción del sindicato. Otro caso similar se vivió con la derogación, por parte del mismo Tribunal, de mayores facultades fiscalizadoras para el Servicio Nacional del Consumidor. La norma buscaba proteger a los consumidores de los abusos de los grandes consorcios.

–¿La Constitución es una suerte de congelamiento de los derechos sociales?

–Esa es una de las definiciones fundamentales para franquear a los privados la comerciabilidad y lucro en todo. En Chile, se ha logrado reducir el rol del Estado como agente del bien común. El sistema de seguridad social, por ejemplo, no es más que un ahorro forzoso que opera como mercado de capitales para grandes empresas, basado en una concepción individualista. En rigor, en el país sí hay gestión pública de bienes como la educación y la salud, pero el gran problema en esos ámbitos es que el modelo neoliberal bloquea las políticas que fortalezcan esas áreas y garanticen tales derechos. Se trata de áreas sumidas en una profunda crisis.

Las distintas fuerzas políticas pactaron cambiar la Constitución por una nueva. Habrá un plebiscito popular de entrada y otro de salida. De esta manera, el pueblo decidirá sobre el mecanismo para elaborar el texto y podrá ratificarlo o rechazarlo. La incógnita es si la forma en que se lleve adelante el proceso hará que la Carta Magna tenga mayor o menor legitimidad. Flores asegura que «es uno de los nudos gordianos de la hora actual: cómo será recibida por la ciudadanía la propuesta que nazca de un amplio acuerdo político. Es un momento crucial. El mecanismo es muy relevante, pues allí radica la profundidad que tendrá la participación ciudadana. Está muy fuertemente instalada la idea de una Asamblea Constituyente y con menos apoyo una Convención Mixta, con los actuales representantes y otros elegidos para la tarea constituyente. Deberá resolverse en un plebiscito.

Respecto de su la nueva Constitución, escrita desde cero, que no tendrá como base el texto de 1980, solucionará los reclaman, advierte que la nueva Carta Magna «debiera ser una gran oportunidad para edificar una sociedad más justa. En especial en todos aquellos ámbitos en que se han generado las grandes brechas económico sociales como salud, educación, seguridad social, retribución del trabajo, reconocimiento de pueblos originarios, alto precio de bienes básicos. Una redefinición más orientada a un Estado social que se sacuda de las lacras del experimento neoliberal. La tarea que se avecina en Chile es complejísima y de largo aliento».

–Las fuerzas de seguridad fueron acusadas por distintos organismos de violar los DD HH

–Desde la Asociación de Magistrados le Advertimos a carabineros y militares que debían hacer un uso contenido de la fuerza respetando las garantías de los individuos, vigentes aun en el marco de la situación de excepción. Hoy hay querellas, denuncias y antecedentes, que han quedado registrados en imágenes, que dan cuenta de un uso desbordado con lamentables resultados. Las calificaciones en torno al uso de la fuerza y si la acción represiva se ha ajustado a los estándares de respeto a los DD HH han sido efectuadas por órganos muy acreditados tanto nacionales como internacionales, y el juicio hasta ahora es muy negativo.

–El Poder Judicial hizo un mea culpa por su accionar durante la dictadura, ¿los jueces están más alertas?

–Ese mea culpa que hizo la Corte Suprema en 2013, tras 40 años de silencio, fue una respuesta a una petición expresa de la Asociación de Magistrados. Si usted considera que a pocas horas del estallido social se dispuso Estado de Excepción Constitucional, se decretó toque de queda con militares en las calles y el propio presidente de la República habló de «guerra», la evocación de ese pasado luctuoso fue inmediata para muchos jueces. Pero esta es una nueva generación de magistrados, con conciencia del rol de garantes de los derechos fundamentales que cumplen. Y saben que la mejor garantía para cautelarlos es simplemente no abdicar jamás de la función de ser juez en circunstancias como las que vive el país.