La empresa de capitales alemanes y norteamericanas no acató la conciliación obligatoria que dispone la reincorporación de los activistas cesanteados.
El ministro bonaerense y dirigente del sindicato del cuero Walter Correa decidió intervenir de oficio y establecer una conciliación obligatoria que diera tregua al conflicto que comenzó en diciembre de 2024 pero tomó mayor impulso a partir del 31 de enero cuando la empresa decidió despedir a seis trabajadores con actividad gremial luego de una extensa conciliación obligatoria dictada a fines del año 2024.
Los trabajadores resolvieron, día a día, una seguidilla de paros que terminaron paralizando las cinco plantas de la empresa de capitales alemanes y norteamericanos durante 96 horas y que incluyó actos, cortes de la Panamericana y movilizaciones masivas con la participación de decenas de organizaciones políticas, sindicales y sociales solidarias.
Así, la escalada entró en una tregua cuando la empresa propuso el jueves una reunión para el lunes a condición de que los trabajadores suspendieran las medidas.
A instancias del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico (SPIQYP), las asambleas aceptaron conceder esa tregua a la empresa y, con la excepción de la planta de Pacheco donde se desempeñan los despedidos, suspendieron los paros hasta la reunión del lunes. Allí, sin embargo, el SPIQYP no se presentó y, a la vez, la empresa, según confiaron los delegados de la comisión interna, “no trajo ninguna propuesta, escuchó y adelantó que no reincorporaría a todos”.
El miércoles 12, a partir de la conciliación obligatoria que, según la legislación laboral vigente en el país implica retrotraer las condiciones existentes previas al comienzo del diferendo, los seis trabajadores despedidos se presentaron en su horario de trabajo habitual esperando que la empresa acatara la resolución ministerial. Sin embargo, el personal a cargo de la seguridad informó que “por motivos de seguridad” los mismos no podrían ingresar a la planta.
Mediante un comunicado de la comisión interna, los trabajadores informaron que “a las pocas horas de no permitir el ingreso de los despedidos, el Ministerio de Trabajo envió una inspectora que identificó a los trabajadores cesanteados e impedidos de ingresar a su puesto de trabajo, exigió a la apoderada de la empresa Agustina Noelia Barone que cumpla con la Conciliación Obligatoria y labró un Acta de Infracción contra la empresa que significará multas millonarias pero que es evidente que la patronal prefiere pagar antes que ceder su actitud discriminatoria y antisindical”.
El acta labrada por la funcionaria de la cartera laboral bonaerense Viviana Milla a la que pudo acceder Tiempo Argentino indica que la empresa incurrió en la “inconducta tipificada en el Articulo 42° de la ley 10149 y en el Articulo 8° del Anexo II del Pacto Federal de Trabajo, ratificado por la Ley N° 12415” en referencia a la obstrucción a la actividad de los organismos administrativos del gtrabajo o de sus funcionarios negando o suministrando información falsa o no acatando las resoluciones o disposiciones serán sancionadas con multas”.
El comunicado informa que mediante asambleas se determinarán los pasos a seguir luego de que los delegados y despedidos rechazaran la propuesta que la empresa presentara en una reunión al mediodía que consistió en la reincorporación de sólo uno de los despedidos y la mejora de las indemnizaciones de los restantes cinco.
El documento concluye que “una vez más quedó en evidencia que a Linde Praxair nada le importan las leyes e instituciones argentinas y solamente le importan sus ganancias”.
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