Las autoridades de Migraciones estiman que ingresan al país alrededor de 16 mil chinos por año de manera ilegal. Son víctimas de grupos denominados "Cabeza de Dragón", que cobran 10 mil dólares para garantizar el viaje. La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano son los destinos más requeridos.
Cualquier chino que quiera viajar a América del Sur necesariamente deberá contar con una visa, excepto Ecuador, que recientemente cambió su regulación. Los que deciden venir aquí tienen que realizar este trámite vía consulado argentino en China, que tradicionalmente es reticente a aprobar los visados de los ciudadanos de ese país, sobre todo los procedentes de la superpoblada provincia de Fujian que ronda los 40 millones de habitantes. Más allá de la negativa, la gran mayoría de asiáticos radicados acá proviene de esa región.
Si bien hay países de la zona con mejores sueldos y una economía más floreciente, Argentina sigue siendo uno de los destinos más elegidos por el estado de bienestar general que se mantiene gracias a la calidad de la salud y la educación, explicó a Tiempo el subdirector de Migraciones Julián Curi.
El funcionario brindó algunas precisiones: Estas personas no cometen ningún delito. Son víctimas de organizaciones que contactan en China, a las que denominamos Cabeza de Dragón, y luego quedan supeditadas a ellas.
Los especialistas coinciden en señalar que los migrantes pagan no menos de 10 mil dólares a la mafia china por este servicio que incluye el traslado en avión, generalmente como turista, haciendo escala en Europa y por lo menos en un país latinoamericano. Finalmente, por aire o por tierra, llegan a Bolivia, Brasil, Paraguay o Uruguay. Esta etapa está cubierta de legalidad, pero más tarde los orientales quedan en manos de bandas locales que terminan el trabajo contratado en Asia: trasladarlos hasta diferentes provincias de Argentina, siendo la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano las opciones más preferidas.
La frontera entre la provincia de Salta y Bolivia es una de las más permeables al tránsito ilegal de personas pero no la única. El resto de los países limítrofes, con la excepción de Chile, también registraron maniobras similares.
En la actualidad hay unas 200 personas retenidas, un 300% más de lo que se hizo el año pasado. El 70% de estas retenciones se realizó en el norte argentino, aunque hay causas abiertas en todas las jurisdicciones, continuó Curi. De las estadísticas que maneja el organismo, se desprende que hay 80 mil ciudadanos chinos irregulares de los cuáles sólo uno fue encontrado en situación de calle.
El subdirector de Migraciones aseguró que en los meses que lleva la gestión macrista, sólo fueron expulsados cuatro chinos, aunque aclaró: Estamos abocados a acortar los tiempos procesales, que puede llevar años, para que se lleven adelante las expulsiones como lo establece la ley. La idea es combatir a la banda de tratantes y quienes lucran con la necesidad y la ilegalidad.
No vamos a perseguir a los migrantes pero sí a quienes les den trabajo, un lugar para vivir y, sobre todo, al traficante de personas. Estamos quintuplicando los controles para dar con quienes hacen negocios con la ilegalidad, aseguró Curi, quien resumió: La inmigración ilegal cercena derechos y obliga a las víctimas a ser invisibilizadas.
Al final de cuentas, los chinos que logran ingresar de manera irregular terminan en un supermercado o en un taller clandestino. A casi todos, los espera un familiar, amigo o conocido. Para regularizar su situación, generalmente acuden a la reagrupación familiar.
Por mencionar sólo algunas de las investigaciones en curso a las que este diario tuvo acceso, el lunes 16 de mayo, gendarmes apostados en Acceso Oeste a la altura del kilómetro 30, en Moreno, detectaron a nueve chinos que no registraban su ingreso en el país. Viajaban en un micro de larga distancia con un hombre oriundo de Orán, Salta, que quedó detenido. La investigación terminó con otros cuatro argentinos presos (ver aparte) y podría ser la punta del ovillo para dar con una de las bandas locales que lucra con los ilegales.
Cuatro días más tarde, en ese mismo control, un micro que venía de Tucumán llevaba cinco orientales más. En este caso, los chinos contaban con documentación irregular pero a los investigadores les llamó la atención que tuvieran recientemente confeccionadas las licencias de conducir emitidas por la Dirección de Tránsito de Famaillá, Tucumán.
Ocho mujeres chinas fueron liberadas por la Bonaerense a fines de mayo cuando la camioneta en la que se trasladaban volcó en la Autopista 9, a la altura del kilómetro 129, en Alsina, tras una persecución con la policía al intentar eludir un control. «
De Morón a Santiago del Estero
En el juzgado federal de Morón a cargo de Juan Pablo Salas, se sorprendieron cuando en menos de una semana y en dos oportunidades diferentes, dieron con dos contingentes de chinos que habían ingresado ilegalmente al país. Los dos procedimientos fueron similares y protagonizados por la División Vial de Gendarmería apostada sobre Acceso Oeste a la altura de Moreno.
En el primer caso, los gendarmes interceptaron en un control de rutina a un micro que provenía de Santiago del Estero que llevaba a nueve chinos que habían ingresado a Argentina de manera irregular. Los investigadores establecieron que habían entrado al país por diferentes pasos fronterizos y en distintos días, pero todos se habían encontrado en Ojo de Agua, un pueblo de Santiago del Estero, donde abordaron un micro de la empresa La Unión con destino a Retiro.
De urgencia, se ordenaron varios allanamientos: el más importante en el Hotel Termine, de Capital Federal, donde un grupo de argentinos oriundos de Orán, Salta, esperaban a los migrantes. En total, hubo cinco detenciones; mientras que los nueve chinos permanecen retenidos en un edificio de Prefectura. Otros cinco chinos fueron liberados bajo una fianza de 50 mil pesos. «Estas cauciones suelen ser abonadas por las mafias», analizó el funcionario Curi.
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