La licuación de los salarios sienta las bases para una creciente conflictividad

Sólo en la última semana se llevaron adelante diversas medidas gremiales que dan cuenta del clima que se vive entre los trabajadores. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) protagonizó un paro de 48 horas en su rama siderúrgica luego de una medida de 24 horas la semana anterior. Además, preparan un paro de 72 horas para esta semana. En días vencerá la conciliación obligatoria que la Secretaría de Trabajo dictó para la rama metalúrgica que, de no mediar un acuerdo con las empresas, podría llevar a una escalada del conflicto en un sector estratégico de la industria.

Los docentes y no docentes de las 57 universidades nacionales pararon el jueves contra la política de asfixia salarial y presupuestaria. El empantanamiento de la paritaria nacional docente plantea la posibilidad cierta de un nuevo paro docente nacional en los próximos días. Los trabajadores de prensa escrita y televisiva realizaron el jueves una jornada de paros y asambleas contra la propuesta empresaria de incrementar los salarios con bonos de supermercado. Lo mismo los trabajadores del SAT (televisión). Los pilotos y tripulantes de cabina anunciaron un paro aeronáutico para el jueves y viernes de Semana Santa por el atraso salarial que proyectan en un 83%.

Se trata de emergentes de la situación que viven los trabajadores registrados desde la llegada al gobierno de Javier Milei. Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA (CIFRA-CTA), basado en datos oficiales, sólo en los meses de diciembre y enero los trabajadores registrados resignaron un 21,3% de su poder adquisitivo. Se trata de un retroceso equivalente al que sufrieron durante todo el mandato de Mauricio Macri (20,7%) al que debe añadirse el retroceso de 10,9% que se verificó durante la gestión de Alberto Fernández.

El mismo informe indica que, en términos reales, los salarios de los trabajadores registrados cayeron a la mitad en el período que va desde diciembre de 2015 hasta enero de 2024. Los datos no incluyen el retroceso que habrían sufrido durante el mes de febrero en tanto todavía no se cuenta con la información de AFIP. Sin embargo, tomando en cuenta que durante ese mes la suba de precios fue de un 13,2% es de esperar que, una vez que se conozcan los datos, haya que añadir algunos puntos más a la caída del salario real.

Esa es la realidad que sufren los trabajadores registrados que gozan de los beneficios que implica la existencia de los convenios y, sobre todo, de representación sindical. El sector informal, que ya representa más del 40% de la fuerza de trabajo ocupada y sobre cuya evolución salarial aún no se cuenta con datos, con seguridad está sufriendo un nuevo embate sobre sus ingresos tal como lo ha venido padeciendo en los últimos años. De hecho, mientras que entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2023 los salarios registrados habían retrocedido un 20% en términos reales, los no registrados perdieron un 49,2%.

Una pauta que permite analizar la evolución de ese sector es el piso salarial que, al menos simbólicamente, implica el salario mínimo vital y móvil. Ese haber, desde noviembre a febrero de este año, retrocedió un 29% con relación a la canasta alimentaria. En solo tres meses.

Según el informe de CIFRA, el retroceso entre los trabajadores registrados resultó más oneroso para los empleados del sector público que para los del sector privado. Mientras que para estos últimos en los dos primeros meses del gobierno la caída salarial fue del 19,3% para los del sector público llegó a un 25%. El resultado es coherente con la política de ajuste del gasto que impulsa el gobierno para reducir el déficit fiscal. Esto implica la licuación en forma directa de los salarios de los docentes universitarios y empleados públicos nacionales y, a través del ajuste en las transferencias a las provincias, del salario de los empleados provinciales y municipales así como del de los docentes que dependen de esos presupuestos.

Sin embargo, el gobierno no parece dispuesto a que se produzca una brecha entre los salarios públicos y privados. En nombre de la desindexación de la economía apuesta a licuar también los haberes de los trabajadores del sector privado. Por eso, por indicación del ministro de Economía, Luis Caputo, la cartera laboral se ha negado a homologar acuerdos ya alcanzados entre sindicatos y cámaras que excedieran los pronósticos inflacionarios hacia adelante, independientemente de que los mismos pudieran estar recomponiendo haberes hacia atrás.

Es lo que ocurrió con los acuerdos alcanzados por el sindicato de Camioneros y por los aeronáuticos. La libertad que pregonan no alcanza a los acuerdos salariales que se pudieran alcanzar.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA–A, adelantó a Tiempo que “es pronto para tener una estimación de febrero. Sobre la base del IPC del 13,2% y con paritarias que venían acelerando el ritmo de actualización nominal de los salarios (el RIPTE de enero superó ese 13%), es posible que la caída del salario no haya sido tan importante o incluso haber ganado alguna décima. Todo eso aclarando que seguimos alrededor de un 20% abajo con relación a noviembre”. Además, explicó que “para marzo la cosa viene muy complicada porque son pocas las organizaciones que tienen firmadas paritarias con aumentos para ese mes. Las que firmaron aumentos para marzo se enfrentan al problema de la no homologación por parte del ministerio. Por su estacionalidad la inflación seguro va a estar por encima del 13%. Debería haber aumentos de al menos un 15% pero todo indica que el gobierno va a hacer lo imposible para que sean menores”. «