La iniciativa cuenta con el consenso de la mayoría de los bloques y comenzará a discutirse esta semana. Fue impulsada por Leandro Halperín de la UCR-Evolución con la idea de que la Ciudad adhiera a la Ley nacional 27.350.
La nueva norma contempla la autorización del cultivo personal, promoción de la investigación científica y creación de un consejo asesor con representación de los usuarios. De aprobarse, la Ciudad de Buenos Aires adherirá a la ley nacional 27.350 de «investigación médica y científica» del cannabis, pero adecuada al ámbito porteño.
Entre otros puntos, se destaca la habilitación para «sembrar, cultivar o guardar cannabis y sus derivados, en las cantidades y formas que determine la legislación vigente, previa autorización de la autoridad de aplicación», que será el Ministerio de Salud local.
Dicha habilitación será para «todo paciente, representante legal, tutor o curador que se encuentre comprendido en las previsiones de la ley nacional 27.350». El proyecto de ley también prevé que el Estado brinde capacitación a los cultivadores para obtener un mejor producto y que produzca los efectos deseados en la salud de los usuarios.
La iniciativa también declara de interés sanitario para la Ciudad «las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados, sea tanto con fines medicinales, paliativos y/o terapéuticos, como así también en el programa de reducción de daños en materia de adicciones y consumos problemáticos».
El Ministerio de Salud de la Ciudad, por su parte, promoverá «estudios e investigaciones clínicas relacionadas con el uso del cannabis con fines terapéuticos».
«Regular el cannabis para garantizar el derecho a la salud es una necesidad, y proteger a las familias que cultivan su propia medicina es imperioso», dijo el principal impulsor del proyecto, el diputado Leandro Halperín (UCR-Evolución), al participar de la reunión de comisiones que dio dictamen de mayoría a la iniciativa.
“Muchas de esas familias son criminalizadas todavía hoy. El Estado puede ofrecerles una mejor cara que mandarle policías, jueces y enviarlos a las prisiones. Eso es lo que estamos proponiendo”, agregó el legislador.
Halperín presentó por primera vez este proyecto en 2018, unos meses después de aprobada la regulación del cannabis medicinal a nivel nacional. «Hace varios años venimos trabajando con legisladores y legisladoras de distintos bloques, organizaciones cannábicas y universidades», describió Halperín.
Entre las organizaciones que acompañan la iniciativa se encuentra la Asociación Jardín del Unicornio, el primer club de cultivo del país, que funciona en el barrio porteño de Boedo. «Hay muchos grupos de personas que cultivan colectivamente pero no se visibilizan, nosotres hace ocho años que decimos qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos y cuáles son los costos, que sostenemos de manera colectiva», dijo a Télam Rossana Zappia, presidenta de la asociación.
«Acompañamos –continuó Zappia-, apoyamos y festejamos que probablemente salga el autocultivo en la Ciudad de Buenos Aires, algo que es muy importante para mejorar la calidad de vida de miles de personas. Estamos muy contentes de que todos los bloques partidarios estén de acuerdo en visibilizar una necesidad y en dar una respuesta que el Estado viene negando hace mucho».
Desde 2016, la asociación Jardín del Unicornio es parte del proyecto «cannabis y salud» de la Universidad Nacional de La Plata, que genera acceso seguro y gratuito al aceite derivado de esta planta a unos 300 pacientes con distintas patologías.
La diputada del Frente de Todos, María Rosa Muiños, afirmó en el plenario de comisiones que dio dictamen a la iniciativa que «este es un primer gran paso. Priorizamos el consenso y nos comprometemos incluso a más». Muiños se refería, así, a la nueva regulación del cannabis medicinal que se espera a nivel nacional, ya que varios sectores quedaron disconformes ante la reglamentación de la ley vigente, que no habilita el autocultivo.
«La ley nacional 27.350, vinculada a la salud pública, deja algunas zonas grises e intersecciones con la ley de drogas 23.737, vinculada principalmente al derecho penal», dijo Halperín, y consideró que «cada jurisdicción, en el ejercicio de su autonomía, debe producir regulaciones que dejen claro qué derechos prevalecen».
De esta forma, febrero cerró con el nivel más bajo de reservas en 5 meses.
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