El bloque que responde a Horacio Rodríguez Larreta buscará aprobar el convenio que habilita al Grupo Irsa a construir edificios de hasta 45 pisos. La votación podría postergarse ya que un juez ordenó "suspender precautelarmente el trámite".
La sesión, con modalidad mixta presencial-virtual, prevista para las 11:00, incluirá también el debate sobre el proyecto de rezonificación del predio de Avenida La Plata donde San Lorenzo planea construir un segundo estadio.
En la reunión de labor parlamentaria realizada este miércoles en la Legislatura porteña, el convenio para cambiar las normas urbanísticas del predio de la Costanera Sur quedó incluido en el temario, sin embargo, fuentes legislativas indicaron que la votación podría ser postergada, ya que hay una orden judicial vigente de «suspender precautelarmente el trámite».
De esta manera, está en duda si el oficialismo porteño, representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos (VJ), logrará esta semana la primera votación para el convenio entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el grupo IRSA, que busca modificar las normas urbanísticas del predio de 71 hectáreas ubicado al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno.
Dicho acuerdo autoriza el desarrollo inmobiliario del IRSA que prevé la construcción de edificios de hasta 45 pisos.
Sin embargo, debido a un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otras organizaciones, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler ordenó «suspender precautelarmente el trámite».
La resolución de Scheibler fue apelada por VJ, pero la Cámara de Apelaciones del Fuero en la Contencioso, Administrativo y Tributario todavía no se expidió.
El diputado Diego García Vilas, jefe del bloque VJ, dijo el miércoles en la reunión de labor parlamentaria que la precautelar de Scheibler es «manifiestamente arbitraria» y, en un mensaje publicado en Twitter, anticipó que presentará un jury de enjuiciamiento contra el juez.
Los terrenos sobre los cuales gira el conflicto fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fueron donados al club Boca Juniors, a fin de que allí se construya un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendidos a privados.
Sin embargo, en 1997, IRSA adquirió esos terrenos por 50 millones de dólares.
Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización dirigida por el abogado Jonatan Baldiviezo, el proyecto inmobiliario de IRSA va en contra de la Constitución local, la cual ordena que se deben «preservar e incrementar» los espacios verdes en la ribera porteña, debido a su importancia para la calidad del medioambiente.
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