Superará el 40,9% del año 2002, tras el estallido de la Convertibilidad.
Tal como ocurrió en los últimos tiempos, habrá que tomar con pinzas los números finales. Es que la intervención del Indec a partir de 2007 y la manipulación de sus encuestas dificulta el análisis. El IPC se reformuló, luego se dejó de elaborar por varios meses y recién fue retomado a partir de mayo con otra metodología: desde entonces y hasta noviembre subió un 15,5 por ciento. El «apagón estadístico» de Cambiemos hizo que la referencia local más consultada fuera el índice del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que entre enero y noviembre acumula una variación del 39,3 por ciento. Si en diciembre la inflación fuera de 1,5% (cifra que parece exigua, teniendo en cuenta el alto consumo estacional por las fiestas navideñas) ese índice cerraría 2016 con un alza del 41,4 por ciento. El IPC Congreso, en base al promedio de varias consultoras, llevaba un 38,2% en los primeros 11 meses del año y cuando se le sume diciembre también rozaría el 41 por ciento. En general, la mayoría de los especialistas en el tema concuerda en que la tenue desaceleración del último trimestre no alcanzará para perforar el piso del 40 por ciento.
Los números son de tal magnitud que superan los de la traumática salida de la convertibilidad. La devaluación que ordenó Eduardo Duhalde en los inicios de 2002 provocó un alza de precios minoristas del 40,9% medido de punta a punta de ese año. La aguda recesión y los altos niveles de desempleo evitaron que el desborde fuera más grave.
Para encontrar valores aún mayores hay que retroceder hasta 1991, cuando la inercia de los dos procesos hiperinflacionarios previos, bajo Carlos Menem y Erman González, dejó como saldo un 84% de inflación anual. Durante el menemismo, la Convertibilidad que impulsaba Domingo Cavallo redujo la inflación a niveles casi europeos, pero el agotamiento de ese modelo provocó tal caída de la demanda que en el gobierno de Fernando De la Rúa hubo una inédita deflación (-0,9% en 2000 y -1,1% al año siguiente). Tras la devaluación y el consiguiente shock inflacionario que siguieron al estallido de 2001, el inicio del ciclo kirchnerista trajo cierta tranquilidad en la materia. Pero cuando la reactivación empezó a recalentar los precios se produjo la intervención del Indec.
A partir de 2007, el descrédito de las estadísticas oficiales, que se empeñaban en difundir un alza promedio del 10% anual mientras precios y salarios se actualizaban en torno al 25%, ayudó a la proliferación de índices alternativos. El gobierno porteño, con una cobertura geográfica bastante parecida a la del Indec, empezó a elaborar el suyo a mitad de 2012: hasta ahora, su pico había sido de 38% para 2014. En ese año, el índice del gobierno de San Luis (también tomado como referencia por su rechazo a las presiones políticas para manipularlo y porque su estructura representa la economía de buena parte del centro del país) calculó un 39 por ciento. Las estimaciones preliminares para 2016 también dejaron atrás esos números.
A sabiendas de que nada lo eximirá de cargar con la mochila de haber disparado la inflación más alta en un cuarto de siglo, en el Gobierno se resignan a confiar en que el índice de diciembre no se escape mucho más allá del 1,5 por ciento. Con esa cifra, creen, podrán tener bajo control la economía del año que viene. Esta semana, el Banco Central sacó pecho con que tiene indicios de que «la inflación de diciembre será menor a la del promedio del semestre, con lo que el BCRA estaría cumpliendo con su objetivo de inflación para el último trimestre del 1,5% o menor», lo cual adjudica al éxito de su política monetaria basada en las altas tasas de interés. Claro que ese ritmo mensual implica un anualizado del 19,6%, más a tono con las expectativas del mercado que con el 17% incluido como pauta en el Presupuesto y como meta del Banco Central para 2017. Todo eso, sin contar los tarifazos de gas, electricidad y naftas ya pautados. Con ese panorama, bajar la inflación a la mitad parece todo un desafío. «
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