El “Triángulo del Litio”, que comprende áreas de Argentina, Bolivia y Chile, reúne más de la mitad de las reservas mundiales de este mineral. Su máxima concentración se halla en el desierto de alta montaña de Bolivia: el Salar de Uyuni. La revista Forbes bautizó esta zona como “la nueva Arabia Saudita del petróleo blanco” debido a que, en un futuro no muy lejano, el litio podría convertirse en sustituto principal de los combustibles fósiles. En la actualidad su principal uso es considerado estratégico producto del enorme impulso que ha cobrado la fabricación de baterías eléctricas recargables, fundamental para la industria tecnológica.
Son oficiales las conversaciones que, desde enero de este año, mantienen el gobierno de Bolsonaro y Elon Musk, CEO de Tesla, a fin de acordar la instalación de una fábrica de autos eléctricos en Santa Catarina, al sur de Brasil. En el marco de estas negociaciones, el empresario boliviano Samuel Doria Medina invitó públicamente a la compañía estadounidense a construir una “giga-factory” en el Salar de Uyuni “para sus baterías de litio”. Se supone que el proyecto de Doria Medina, quien también es candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Jeanine Áñez para las próximas elecciones, prevé completar los volúmenes de litio requeridos por Tesla para sus potenciales proyectos en Sudamérica. Musk no sólo se jactó de haber apoyado la ruptura democrática en el país andino: los mensajes posteriores del magnate, en los que redobló la apuesta, demostraron que, lejos de un mero exabrupto, se trató de un claro posicionamiento político.
Por otra parte, a finales del pasado abril, José Luis Parada, ex ministro de Economía del gobierno de facto, participó en un foro organizado por la Universidad Privada de Santa Cruz. Allí declaró que «dos o tres empresas de diferentes países invertirán en el litio» extraído del Salar de Uyuni. “Se trabaja en una serie de políticas de inversión con el fin de atraer financiadores o socios externos” a Bolivia, concluyó.
En diálogo con Tiempo Argentino, el ex gerente ejecutivo de YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), Juan Carlos Montenegro, advirtió sobre el riesgo privatizador que impera en Bolivia y afirmó que, más allá de la concreción de estos planes, “manifiestan la intención política de cambiar el rumbo que había tomado Bolivia respecto a la industrialización (del mineral)”.
Según Montenegro, debido a los escollos legales con los cuales se encontraría una eventual privatización, otra de las opciones que manejan las distintas variantes neoliberales para el futuro energético de Bolivia, desde Jeanine Áñez hasta Carlos Mesa, es “la inacción y la paralización de YLB” con el fin de llevar la empresa a la “quiebra” y favorecer la entrada de capitales estadounidenses. En este sentido, explicó que la empresa estatal “ha estado funcionando todos estos años a través de un crédito otorgado por el Banco Central de Bolivia” y que las obligaciones financieras contraídas en relación a los plazos de pago de 2020 “no se están cumpliendo”.
Durante los últimos años, la gestión de Evo Morales había avanzado en varios proyectos de industrialización del mineral que incluían la instalación de al menos 40 plantas hasta el año 2030. Antes del golpe de Estado, el gobierno plurinacional había acordado la creación de algunas sociedades mixtas con China y Alemania, que se sumarían a las empresas puramente bolivianas. Según el ex funcionario, “EEUU veía con preocupación y temor el hecho de que Bolivia tuviera una relación más estrecha con Europa, a través de Alemania, y con China” lo que abona la tesis sobre los verdaderos motivos de este golpe. «
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