Fueron detenidos al menos 12 altos cargos y provocó protestas en Barcelona. El presidente catalán, Carles Puigdemont, denunció que Madrid "suspendió de facto el autogobierno”.
A primera hora de la mañana, cumpliendo con órdenes de la Fiscalía, los agentes entraron en las oficinas del Departamento de Economía, Hacienda, Exteriores y Presidencia, concretamente al Centro de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Atención Ciudadana, confirmaron a Télam fuentes del gobierno.
«El motivo del asalto al gobierno de Castaña son la páginas web del referéndum», añadieron las fuentes.
Hasta el momento ocurrieron 12 detenciones, entre ellas las de altos cargos del área económica que dirige el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras. El nombre más destacado es el de Jose M. Jové Lado, secretario general de Hacienda.
«Están atacando las instituciones de este país y por lo tanto atacando los ciudadanos. No lo permitiremos», aseguró Junqueras en declaraciones radicales, mientras decenas de ciudadanos comenzaban a concentrarse en distintos puntos de la ciudad condal frente a las sedes del gobierno, donde cortaron la calle al tráfico.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, afirmó luego que el Estado español «suspendió de facto el autogobierno de Cataluña y declaró un estado de excepción».
Desde el Congreso de los Diputados de Madrid, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que el operativo «se ha hecho por decisión del juez» para que «se cumpla la ley».
«Lo que hemos visto en Cataluña es un intento de liquidar la Constitución, algo que no tiene precedentes. Hay una gente que se está saltando ley, el propio Estatuto, y el Estado tiene que reaccionar», argumentó el líder conservador después de que el diputado Gabriel Rufián, de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), le exigió que «sacara sus sucias manos» de las instituciones catalanas.
«Estamos actuando con proporcionalidad después de lo que hemos visto en Cataluña, que es profundamente antidemocrático», insistió el presidente del gobierno.
Sin embargo, la actuación policial contra el gobierno catalán provocó una inmediata reacción ciudadana, que implicó no sólo a los sectores independentistas sino también a la izquierda que se aglutina en torno a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
«Es un escándalo democrático que se registren instituciones y se detengan cargos públicos por motivos políticos. Defendemos instituciones catalanas», escribió Colau, en su cuenta de Twitter.
Frente a la puerta del departamento de Economía, donde estaba sucediendo uno de los registros, los gritos de los manifestantes pasaron de consignas como «votaremos, votaremos» a mensajes más duros como «fuera franquistas, de Cataluña» o «no pasarán», que hacen referencia al pasado más oscuro de la historia de España, la guerra civil y la dictadura.
«Protesten, pero sin violencia, porque eso es lo que ellos quieren», aseguró a los manifestantes del diputado de ERC Joan Tardá, quien se acercó a la concentración.
Las dos grandes organizaciones civiles independentistas llamaron a una concentración en defensa del referéndum y las instituciones catalanas para las 14 hora local (9 de Argentina) en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente a la sede del gobierno catalán.
El gobierno independentista de Cataluña, la región más rica de España, pretende celebrar el próximo 1 de octubre un referéndum unilateral de autodeterminación que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español por ilegal.
A pesar de que el movimiento secesionista es pacífico, la tensión escaló de forma acelerada en los últimos días a raíz de las medidas adoptadas por el Ejecutivo central del presidente conservador Mariano Rajoy, quien activó todos los mecanismos legales y coercitivos a su alcance para impedir la votación.
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