La Fiscalía General pidió que Guaidó no pueda salir de Venezuela

El titular del Ministerio Público elevo la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia. "No estoy desestimando una amenaza de cárcel", respondió el líder opositor.

La Fiscalía General de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que cierre las fronteras y congele los bienes del líder opositor Juan Guaidó, jefe del parlamento y autoproclamado presidente encargado, dijo este martes a periodistas el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab.

«Requerimos al TSJ la imposición de las siguientes medidas cautelares innominadas de prohibición de salida del país, de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas bancarias», dijo Saab a la prensa.

El fiscal general también comunicó el inicio de una investigación preliminar a Guaidó por su presunta responsabilidad en los hechos violentos que comenzaron la semana pasada. Desde que comenzaron las protestas opositoras el 21 de este mes han fallecido 35 personas, según la organización de derechos humanos Provea.

Minutos después del anuncio de Saab, Guaidó se manifestó. «No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tomé así, pero muy responsablemente les digo, nada nuevo bajo el sol (…) la única respuesta es represión, persecución», dijo Guaidó ante una pregunta de la corresponsal de Sputnik poco antes de ingresar a la sede de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

Guaidó subrayó: «Que Venezuela está decidida a cambiar, que el mundo está claramente consciente de lo que ocurre en Venezuela. Así que más que otra amenaza a mi persona, al parlamento, a la presidencia encargada de la República, no hay nada nuevo».

El jefe del parlamento había dicho el lunes que comenzaba a tomar medidas para sustituir a las autoridades de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y para asegurar que sus activos en EEUU fueran bloqueados y entregados a la oposición.

El anuncio de Guaidó coincidió con la imposición de nuevas sanciones de Washington a PDVSA, que congeló 7.000 millones de dólares de activos en EEUU y dispuso que todos los pagos que realicen empresas estadounidenses por compras de petróleo venezolano vayan a cuentas bloqueadas de las actuales autoridades.

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