La fiesta trágica en Costa Salguero desnuda otras 45 concesiones irregulares

Detrás de la fiesta electrónica, el debate por el uso de drogas sintéticas y la connivencia de los organizadores con la seguridad, la tragedia de Costa Salguero refleja un manto que cubre de ilegalidad toda la Ciudad: el de las concesiones. Según denuncias judiciales y un dictamen de fiscalía del año pasado, son al menos 45 las que se encuentran en una situación irregular, similar a la del lugar donde se desarrolló la Time Warp.

El 1 de mayo de 1991, la empresa Telemetrix obtuvo una concesión de uso por 30 años de Costa Salguero, a través de la Administración General de Puertos. Vence el 30 de junio de 2021. La firma pertenece a Federico Bensadon y Alberto Gutiérrez, también dueños de la constructora Emaco SA, que tiene varios contratos con el Gobierno de la Ciudad por casi $ 200 millones, entre ellos la construcción de viviendas en la Villa Olímpica. Como accionista figura Fernando Polledo Olivera, esposo de la diputada porteña del PRO, Carmen Polledo.

Actualmente, Telemetrix paga un canon irrisorio de $ 263.576,41, según el registro oficial de la Dirección de Concesiones, por un terreno de 17 hectáreas que posee 24 espacios subconcesionados, cuyas firmas abonan a Telemetrix al menos un millón de pesos mensuales. “La Ciudad cobra $ 1,5 por m² por mes, cien veces menos que lo que establece el mercado”, sostuvo Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La concesión original de Costa Salguero habla de destinarlo a obras civiles y a un polideportivo. Además, los terrenos poseen zonificación Urbanización Parque. Por ley, un evento como el Time Warp jamás debió realizarse. La empresa tampoco liberó hasta hoy los 35 metros del llamado “Camino de Sirga”. La titular de la Auditoría porteña, Cecilia Segura, anunció a Tiempo el inicio de una investigación desde su organismo.

Ante el juez Sebastián Casanello se presentó el martes el ex diputado porteño y dirigente del Partido Social, Facundo Di Filippo, con información que reúne estas irregularidades y responsabilidades del Ejecutivo porteño. Ya se había presentado en 2009 ante el juez Andrés Gallardo, reclamando la incompatibilidad del uso del lugar por la falta de Camino de Sirga, y por la ausencia de habilitaciones de los locales casi desde su origen. Sólo cuatro de las subconcesiones estaban habilitadas. Gallardo mandó a clausurar varias, pero en tiempo récord (menos de dos días), la Ciudad las habilitó a todas, menos a la estación de servicio que permanece cerrada, en un tramo donde bajan los aviones hacia Aeroparque. No quedó ahí la connivencia entre funcionarios y empresarios. Ante la resolución de liberar el Camino de Sirga, se aliaron para recusar al magistrado. La causa quedó «congelada», en manos del Tribunal Superior de Justicia.

En 2014, Di Filippo volvió a presentarse ante la Justicia junto con el actual diputado porteño Gustavo Vera y otro ex legislador, Pablo Bergel, pero agregando más concesiones ilegales al listado. La fiscal Paula Asaro tomó el tema y en octubre del año pasado elevó un dictamen pidiendo que la situación sea conectada al juzgado federal de María Servini de Cubría, que tiene a su cargo la causa por la entrega a precio vil del Vilas Raquet.
En su dictamen, Asaro menciona al menos 45 concesiones con situaciones irregulares, y apunta con dureza a la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico (en ese momento a cargo de Francisco Cabrera, hoy ministro de Producción de la Nación), que en los últimos períodos estuvo a cargo de Ezequiel Sabor, Silvia Imas y Gabriel Astarloa, actual procurador porteño. Astarloa habría realizado junto con otros investigados “diversas maniobras de defraudación en perjuicio de la administración pública”, afirma Asaro. “Habrían otorgado a lo largo del tiempo diversas concesiones, adjudicaciones o permisos de uso precario a título gratuito o bien bajo cánones irrisorios a favor de los concesionarios, al tiempo que habrían omitido el necesario control de esas concesiones y permisos”. La fiscal habló de una posible “asociación ilícita”, de “infidelidad defraudatoria”, y mencionó la metodología habitual del PRO, de concesionar por menos de cinco años –en muchos casos previo a su vencimiento– para evitar pasar por la Legislatura.

En la lista figuran los estacionamientos del Hipódromo de Palermo, que desde 2008 no pagan canon (actualmente envueltos en causa judicial), y Punta Carrasco, que pagaba un canon de 78 mil pesos, pero en la práctica eran aún menos, con locales bailables y gastronómicos dentro del predio sin habilitación. También nombra once estacionamientos bajo autopistas entregados a GEA 8 SA por 253 mil pesos en total. El ex Brisas del Plata, donde festejó fin de año el PRO, tiene concesión vencida en 2015 y paga apenas $ 26 mil de canon. Ni el Modena Design, en Recoleta, ni el estacionamiento subterráneo de Plaza Congreso abonan canon.

En el Parque Tres de Febrero, que en 1913 tenía un 88% de superficie verde y hoy no supera el 20%, Club de Amigos paga apenas 639 mil pesos. En el Parque Sarmiento, por las 12 canchas de tenis y servicios gastronómicos, Omar Galdino Carminatti abona 35 mil pesos mensuales. Su concesión figura vencida en 2014.

Mientras, en la Legislatura avanza un proyecto del PRO para crear un Distrito Joven en la Costanera Norte, donde en 2015 reconcesionaron terrenos a los empresarios, originalmente destinados a espacio público, cuyas concesiones estaban vencidas hace años. Es el caso del boliche Pachá. El año pasado se lo concesionaron por apenas 197 mil pesos mensuales a Dell Producciones SA, la misma empresa que organizó la fiesta Time Warp cuyo presidente continúa con orden de detención.

Costanera Norte, un territorio caro al PRO

Centro Costa Salguero SA es la firma que maneja el centro de exposiciones que reúne cinco pabellones, utilizados por el PRO como búnker en todas sus elecciones. El presidente es Fernando Adolfo Polledo Olivera, esposo de la diputada macrista Carmen Polledo (foto), vicepresidenta primera de la Legislatura. Esta semana debió admitir que su marido “tiene una participación del 10%” en Telemetrix, la empresa que concesiona todo el complejo. Esta y la subconcesionaria comparten varias personas en el Directorio. Polledo dijo que esa relación comercial se originó hace años, durante el menemismo, “cuando yo no soñaba con integrar el PRO”.

El matrimonio también comparte una empresa offshore en Panamá, con estatus “vigente”, revelada por los Panamá Papers. Figuran en el Registro Público de ese paraíso fiscal con la firma Rank International Corporation, originada el 3 de octubre de 1988, que la diputada nunca mencionó en sus declaraciones juradas. En 2002, Fernando Polledo ya había sido multado por la compra irregular de autos diplomáticos, y aparece mencionado en los juicios que se derivaron del informe de lavado presentado por Elisa Carrió en 2001.

Un triste «Monopoly» porteño

La escandalosa situación de las concesiones llegó a tal punto que se refleja en una curiosa web, , que a través de un juego y un mapa permite recorrer más de 500 concesiones del gobierno porteño. A cargo del llamado Partido de la Red, propone arrojar los dados, acertar en cada casillero el monto de la concesión y quedarse con ella. Así se puede caer en estacionamientos como el del Centro Cultural San Martín, con 260 plazas, abierto las 24 horas: apenas $ 177.400 por mes. Con un comodín, “tu concesión pasa desapercibida otra vez y el gobierno de turno te renueva sin preguntar”; con otro, el gobierno nacional “decreta facilidades para blanquear dólares y decidís poner un boliche en la Costanera”. Pero al caer en el casillero de Impuesto Extraordinario, “se hace público el canon que pagás mensualmente y perdés una concesión”.