¿La etapa superior del lawfare?

Fue como si todos los acontecimientos de casi cuatro décadas –que arrancaron al finalizar la última dictadura– hubieran transcurrido con el único propósito de confluir en ese preciso momento: las 20:51 del 1 de septiembre de 2022.

Aquella noche, cuando las estrellas se encendían en un cielo tan negro y denso que parecía de metal, CFK llegaba a su residencia, situada en la esquina de Uruguay y Juncal del barrio de Recoleta, a bordo de un automóvil blanco secundado por otro con cuatro efectivos de la Policía Federal vestidos de civil. La vicepresidenta venía de encabezar una sesión del Senado. 

Al descender fue rodeada por una multitud.

Hacía casi un mes que ese gentío se concentraba diariamente allí, luego de que un fiscal federal, el doctor Diego Luciani, iniciara, con un exagerado histrionismo, su alegato en la denominada “Causa Vialidad” (sobre presuntos desvíos hacia empresarios amigos de contratos referidos a la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015). Ella era la principal procesada.

Lo cierto es que, en los tres años que llevaba aquel juicio, sus abogados habían destrozado, punto por punto, la acusación.

Pero, pasado el mediodía del 22 de agosto, tras aclararse la voz con un trago de agua, Luciani clavó los ojos en la cámara, antes de soltar:

–En función a lo expuesto, esta parte solicita que se condene a Cristina Elizabeth Fernández (su nombre de soltera) a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Esa frase bastó para tornar más tumultuosa la romería en los alrededores del hogar de la aludida.

Así fue que, diez días después, faltando tres segundos para las 20:52, aquella mujer, envuelta por la muchedumbre junto al vehículo blanco, repartía saludos y hasta llegó a firmar algunos ejemplares de su libro, Sinceramente.

Fue cuando, de pronto, emergió delante de su rostro una mano con una pistola Bersa calibre 32 para gatillar dos veces. Pero sin fogonazos ni estruendos. Los proyectiles no habían salido del arma.

En ese instante, la escena se congeló.

Tal imagen, captada con la cámara de un celular, dio la vuelta al mundo. Era el primer fotograma de una historia hecha con fragmentos.

En el plano fáctico, el caso se “esclareció” de inmediato con la captura in situ del agresor, un tipo con gorra de lana negra y barbijo blanco.

En ese instante, por TN, que transmitía el asunto en vivo, una voz en off muy parecida a la de Nelson Castro, decía: “Falló la seguridad”.

En realidad, lo que había fallado era el magnicidio, cuya planificación aún es un secreto guardado bajo siete llaves.

Pero el frustrado tirador –identificado como Fernando Sabag Montiel– ya estaba en manos de la policía. Un problema.

Pues bien, si algo enseña la Historia es que cualquiera puede matar a las personas más poderosas del planeta.

Eso, por caso, lo supo en carne propia el archiduque Francisco Fernando de Austria, al ser asesinado en Sarajevo –con dos disparos a quemarropa– por el separatista bosnio Gavrilo Princip el 28 de junio de 1914, comenzando así la Primera Guerra Mundial.

 Eso también lo llegó a comprender John F. Kennedy en Dallas (1963) o Indira Gandhi en Nueva Delhi (1984) o Isaac Rabin en Tel Aviv (1995), entre otros jefes y jefas de Estado.

Claro que a tales episodios se le agregan algunos magnicidios fallidos, como los de Juan Pablo II y Ronald Reagan (ambos en 1981).

Cabe destacar que el Sumo Pontífice fue herido por Mehmet Ali Ağca. Y el presidente norteamericano, por un tal John Hinckley Jr. El primero era un sicario turco al servicio de “Los Lobos Grises”, un grupo de extrema derecha con base en Estambul; el otro, apenas un súbito cuentapropista del terror.

¿Acaso el perfil del atacante de CFK coincidía con esta tipología?

Ahora, al cumplirse dos años del hecho, Sabag Montiel ocupa –junto a sus presuntos cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo– el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal Nº 6.

Allí, dos meses antes, durante la primera audiencia, se pudo oír su voz.

Había que ver a este muchacho de mala traza, muy atento a las cámaras de TV, al hablar con la actitud de quien da una conferencia de prensa.

¿Habría estado Patricia Bullrich entre los televidentes?

Lo cierto es que, en paralelo al inicio del juicio oral, la actual ministra de Seguridad tuvo la gran ocurrencia de designar a Jorge Adolfo Teodoro en la Dirección Tecnológica de su cartera. Es el perito que, unos días después del atentado, borró –por pedido de ella– toda la información de los celulares del diputado Gerardo Milman, (por entonces, su brazo derecho) y de su secretaria, Ivana Bohdziewicz, luego de trascender la ya famosa frase de aquel hombre: “Cuando la maten, yo estaré camino a la costa”, pronunciada durante la tarde del 30 de agosto de 2022 en la confitería Casablanca, cuando también estaba con ellos Carolina Gómez Mónaco, otra colaboradora suya.

No menos vidrioso habría sido el rol de Rossana Pía Caputo (hermana del actual ministro Luis “Toto” Caputo y tía de Santiago, el asesor estrella del régimen libertario), quien, en nombre de la firma Caputo Hermanos S.A., supo financiar con miles de dólares– hasta el momento del atentado– a la “orga” de ultraderecha Revolución Federal (RF), comandada por Jonathan Morel, con la cual Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo mantenían un vínculo político.

¿Y la vecina de CFK, Ximena Tezano Pintos? Ya se sabe que ella solía invitar a los muchachos de RF, sospechándose que desde su departamento se habría hecho parte de la inteligencia previa del atentado.

Pero nada de eso figura en el expediente instruido por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Bien vale poner en foco en ella.

Hija del comisario general Carlos Alberto Capuchetti –quien fue jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal, hasta ser eyectado de la fuerza en 2006 por diversos actos de corrupción–, la buena de María Eugenia logró, a comienzos de 2019, ser entronizada en el Juzgado Federal Nº 5 gracias a dos padrinos de lujo: Daniel Angelici y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En lo que hace a la causa del fallido magnicidio, la magistrada –junto al fiscal Carlos Rívolo– cumplió con creces el mandato de ignorar las terminales políticas del hecho, circunscribiéndolo, de modo casi pornográfico, a la acción solitaria de tres alocados lúmpenes. Los resultados están a la vista.

De hecho, tanto la escueta declaración de Sabag Montiel en el tribunal, como así también el silencio de sus cómplices, se aferran a tal libreto, para la tranquilidad de Bullrich, Milman, los hermanos Caputo y Tezano Pintos.

¿Acaso el plan del complot era que el sicario debía morir tras liquidar a CFK? Es posible que eso jamás se sepa, al igual que otros nombres y detalles.    

De lo que sí existe la certeza es que el llamado lawfare es –dicho de una manera técnica– la continuación de la política por otros medios, a través de la triple alianza de los servicios de inteligencia, la prensa hegemónica y un sector del Poder Judicial. En semejante contexto, no es una exageración decir que la Argentina se ha convertido en su vanguardia mundial. Tal vez, porque –en contraposición a lo que indican los manuales– su ejercicio ya no es un secreto para nadie. No obstante, aún así palpita un interrogante: ¿acaso, en medio de esta silenciosa guerra civil, el fallido magnicidio de CFK indica que la etapa superior del lawfare es el asesinato? Habría que saberlo. «