El jueves 12 una impresionante multitud recorrió las calles de la Capital Federal. La comunidad universitaria en pleno, como no lo hacía desde 2001, salió a protestar contra el ajuste macrista. Sin embargo, la contundencia de la movilización no hay que medirla tanto por la cantidad de participantes (los números oscilan entre 50 y 80 mil personas), sino por la grosera omisión de la noticia en los poderosos medios oficialistas. La calle era un verdadero infierno y en la televisión dominaba el invierno.
No hay proceso de concentración económica que no vaya acompañado de un proceso de concentración comunicacional. El reparto antidemocrático de la riqueza necesita también de una cobertura antidemocrática de la información. No es casual que entre las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri se cuenten los DNU que podaron el articulado antimonopólico de la Ley de Medios. Porque del mismo modo que se digita, a través de políticas económicas regresivas como las que vivimos, una fenomenal transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos de la sociedad, los medios que representan a los grupos favorecidos administran hasta el ocultamiento la difusión de noticias que pongan en discusión las políticas que los enriquecen cada día más.
El resultado es una enorme lesión al derecho ciudadano a la información. Lo ocurrido el jueves lo confirma. La comunidad universitaria, pese al aporte y la significancia social de su actividad, no tuvo espacio en la agenda comunicacional. Fue prácticamente silenciada. Censurada empresarialmente. Un día más tarde, de la prensa gráfica, sólo
Página/12 tomó la noticia y la convirtió en tema central de su tapa. Para el resto, en el mejor de los casos, fue un tema más entre otros temas de mayor jerarquización.
La razón política del silenciamiento puede ser rastreada en una definición casi obvia: el gobierno, y los medios que lo apoyan, no quieren dar malas noticias. Pero si se hila un poco más fino, si se revisa la historia reciente, una marcha similar a la del jueves, hace 15 años, terminó con la renuncia del entonces ministro Ricardo López Murphy, que aplicó medidas calcadas a las que aplica hoy el macrismo de asfixia a la educación pública mediante el recorte presupuestario.
También hay que agregar al análisis que la comunidad universitaria es un actor político relevante. Se trata de una usina generadora de opinión pública. Su protesta no es equivalente a cualquier otra protesta: es la voz airada de capas medias que ejercen influencia en toda la pirámide social, hacia arriba y hacia abajo. Y el contexto donde esa voz potente hoy se está haciendo escuchar no es la paz de los cementerios, precisamente. A tan sólo cinco meses de asumido el gobierno, hay un escenario cada vez más evidente e innegable de conflictividad social producto de los tarifazos, los despidos, las suspensiones, las paritarias a la baja, la persecución ideológica y una enervante parálisis estatal que afecta tanto el normal funcionamiento de las provincias como la ejecución de la obra pública.
El oficialismo esto lo sabe. Del mismo modo que avista el agrietamiento, incluso, hacia el interior de la coalición de gobierno, donde circulan varios papers con críticas a los propios ministros, y a la comunicación gubernamental. Casi todos los produce el radicalismo, que se siente como convidado de piedra del gobierno macrista, que es pródigo en ayudas a los propios y no tanto con sus aliados. El tema de la universidad es especialmente sensible. La UCR siente que la UBA es una extensión partidaria, casi como el peronismo percibe al sindicalismo. La mirada elitista y despreocupada del macrismo en relación con la universidad pública confronta, en este caso, con el corporativismo radical, aunque sea de derecha y acompañe a un gobierno de derechas.
Pero detrás de las intrigas palaciegas que envuelven a los socios de gobierno ocurre algo mucho más potente en términos políticos. La del jueves fue la sexta protesta masiva en Capital Federal contra el ajuste macrista. A saber: 1) la del 24 de Marzo; 2) el paro y movilización de las CTA a Plaza de Mayo; 3) la de los cooperativistas y piqueteros nucleados en la izquierda sobre la Avenida 9 de Julio; 4) la del retorno de Cristina Kirchner en Comodoro Py; 5) la de las cuatro centrales obreras al Monumento al Trabajo el 29 de abril, y 6) la de la comunidad educativa. Todas fueron multitudinarias, y en todas se apuntó al gobierno macrista como adversario o responsable de sus padecimientos.
Son muchas en muy corto tiempo. Es verdad: no están articuladas. Son sectores agredidos por las políticas neoliberales, que pueden confluir a veces, pero cuyos reclamos van por ahora separados. No llegan a ser compartimentos estancos, hay vasos comunicantes. Sin embargo, tienen motivaciones y existencias casi en paralelo. En parte, porque las dirigencias de cada uno de esos sectores (trabajadores públicos, trabajadores industriales, cooperativistas de la economía social, estudiantes, desocupados, sectores pymes) no llegan a asumir por completo que el conjunto de las protestas obedecen a una única razón: el retorno del Estado neoliberal y sus consecuencias.
Es mucho más sencillo entender esto para la gente que para los dirigentes, que todavía miran este presente con los ojos de 2015. Aquel era otro país. El actual está cambiando a una velocidad inusitada, produciendo realineamientos políticos, sociales y culturales que ya no son los del pasado reciente. Hay un nuevo paradigma. Uno donde el Estado, lejos de acompañar aun con sus deficiencias, como lo hizo en los tiempos del kirchnerismo, tiene como propósito reemplazar regulaciones, normativas y sentidos comunes que dominaron los últimos años.
En la Casa Rosada ya no está CFK: están los CEO del Foro de la Convergencia Empresarial. Que creen que deben destruir empleo público y privado para que baje la inflación, que el alto costo salarial es un impedimento para el desarrollo, que hay que abrir indiscriminadamente las importaciones para que otros países nos dejen exportar, que el endeudamiento soluciona la falta de competitividad de la economía, que el populismo es una rémora democratista inútil, que el gasto social no es inversión sino derroche, que la educación no debe ser para todos sino para los más aptos, que los ricos deben ser más ricos para que los pobres dejen de serlo, que el mercado resuelve los males, que el alineamiento con los Estados Unidos es lo más conveniente, en fin, que la Argentina debe parecerse a países a los que las cuentas fiscales les cierran, aunque para lograrlo haya que privar a la mitad de la población de derechos básicos como el acceso a la tierra, la educación, el salario, el techo y el trabajo.
Es toda una política diseñada para reconvertir a la sociedad argentina y llevarla a sobrevivir con niveles de inequidad y desigualdad aún más graves que los que atravesó en la década del ’90. Entre otras cosas, porque el mundo está peor que hace 20 años. Mientras no se advierta que el conjunto de decisiones del macrismo afecta los derechos, no de una parte sino el de todos, este proceso de precarización y exclusión va a seguir profundizándose sin vueltas.
Para concebir una alternativa a este modelo es imprescindible que las marchas sectoriales de resistencia vayan confluyendo en una nueva articulación que eleve sus demandas al campo de la representación política. Lo ocurrido en Diputados esta semana, con la Ley de Emergencia Ocupacional, fue un aviso: ni cuatro centrales obreras, ni decenas de miles de trabajadores movilizados, pudieron torcer la voluntad de un sector de la casta política que está más interesado en satisfacer a Macri y al Foro de la Convergencia Empresarial, mediante el falso debate de kirchnerismo/antikirchnerismo, que en honrar el pacto con sus votantes. La mayoría de la Cámara Baja actúa de manera autónoma, sin que los diputados registren para qué fueron votados, o cuál fue el resultado de las últimas elecciones.
Del mismo modo que existe una cadena concentrada de la comunicación que invisibiliza o interfiere con malicia censora sobre cualquier crítica al modelo y sus secuelas, como sucedió con la movilización universitaria.
Hay un dispositivo político y cultural que desconoce y pretende ignorar lo que pasa en la calle.
Y hay una calle que protesta sin asumir la necesidad de desmontar ese dispositivo de manera coordinada y colectiva.
Esta es la encrucijada de 2016, con vistas a lo que viene.«
