La economía peronista: una apuesta por el Estado y la industria nacional

La muerte de Perón fue el golpe de gracia al plan trienal que elaboró José B. Gelbard, el ministro de Economía que asumió con Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, y se mantuvo en funciones hasta octubre de 1974.

El plan trienal 1973-1976 fue el programa económico del tercer gobierno peronista. Se basaba en dos premisas: un fuerte intervencionismo estatal y un pacto con el empresariado nacional, organizado en torno de la Confederación General Económica (CGE), y con el movimiento obrero, a través del acuerdo con la CGT.

El plan señalaba: «El dinamismo de la economía se debe trasladar de los monopolios extranjeros, como ha ocurrido durante el último período, hacia el conjunto del sector productivo nacional, el Estado y los empresarios nacionales». Y agregaba: «A tal efecto, corresponde dotar al sector público de los instrumentos jurídicos y financieros que hagan factible este proceso».

Los objetivos centrales, políticos y sociales, eran el crecimiento económico sostenido junto con una distribución de la riqueza que diera una participación cada vez mayor de los dos sectores sociales que sostenían el plan: la burguesía nacional y los asalariados, en detrimento del capital extranjero y la burguesía agraria y ganadera.

Los instrumentos jurídicos del plan trienal fueron una cantidad de leyes que apuntaban a la protección de la industria nacional de las importaciones, a favorecer al capital nacional respecto del extranjero y a financiar la expansión de la industria nacional. A pesar de contar con amplia mayoría en el Congreso tras las elecciones legislativas del 11 de marzo de 1973, el gobierno no logró hacer pasar una ley agraria que buscaba modernizar la economía rural. Este paso era fundamental para el plan trienal porque una parte de su financiamiento debía surgir de un incremento de la producción y la exportación agropecuaria, para lo cual hacía falta mecanizar y electrificar la actividad rural.

La pata financiera del plan aceptaba un déficit fiscal a partir del esfuerzo estatal para sostener las inversiones públicas y subsidiar a la industria liviana. Ese déficit se financiaba con las transferencias desde la actividad rural (por medio del control de los precios internos) más la emisión monetaria y deuda interna. Además, el ahorro interno sería canalizado hacia la actividad productiva.

Las limitaciones del plan surgieron por la oposición tenaz de lo más concentrado de la clase patronal, la que se agrupaba en torno de las grandes empresas nacionales y extranjeras y de los grandes productores rurales. La huelga de inversiones fue una constante, con lo que los números que preveía el plan trienal quedaron como un dibujo en papel mojado. Esta patronal buscó recomponer sus márgenes de ganancia -erosionados con el control de precios y la suba de los insumos importados, como el petróleo- aumentando los precios, con lo que la inflación volvió a convertirse en un problema. El gobierno amenazaba con intervenir en los mercados (la Ley de Abastecimiento se sancionó en junio de 1974), pero no pasó de algunas fintas que ni siquiera fueron aleccionadoras.

El comportamiento de la clase dominante exacerbó la lucha económica de los sindicatos, que veían cómo se violaba el pacto social y, al mismo tiempo, caía el poder adquisitivo de los asalariados. Esto en un contexto de disputas al interior del movimiento obrero por el surgimiento de vastos contingentes de sectores obreros organizados por fuera del peronismo (ver página 12).

La muerte de Perón terminó de liquidar el pacto social y fue la señal de una nueva ofensiva de la clase capitalista, en procura de liquidar el poder sindical para acrecentar sus márgenes. En octubre de 1974, Gelbard fue reemplazado por Alfredo Gómez Morales, aunque el nombre de Celestino Rodrigo, impulsado por el ministro José López Rega, ya asomaba en el horizonte. Gómez Morales fue bienvenido por los factores de poder. El nuevo ministro arrojó el plan trienal y se embarcó en un fuerte ajuste de las cuentas públicas. Al boicot abierto de los factores de poder, cada vez más encolumnados detrás de la idea de que había que cortar de cuajo el intervencionismo estatal y el poder sindical, se sumó incluso la CGE, que hasta ese momento había sido un baluarte del plan de Gelbard.

La gestión de Gómez Morales no escapó a la impasse general del gobierno de Isabel Perón y en junio de 1975 entregó su cargo a Rodrigo, el autor del célebre «Rodrigazo», es decir, el furibundo golpe a las condiciones de vida de la población siempre detrás de la idea política de que el pacto social estaba caduco y había que reemplazarlo con el «realismo». El «Rodrigazo» fue un golpe político contra las masas para abrir una nueva etapa de acumulación basada en la preeminencia del capital. Ese camino desembocó en el golpe de 1976 y la dictadura.

50 años después, la Argentina asiste a un nuevo intento de consolidar esa misma hegemonía. Un balance de aquella experiencia debería incorporar el debate acerca de cuánto aporta colocar al movimiento obrero como furgón de cola de sectores del capital nacional que, a la postre, privilegiarán sus intereses respecto de los de la nación.