La negociación impositiva sigue abierta. Dilemas por los fondos a Vidal y señales negativas en el Senado.
En materia de impuestos internos, el Ejecutivo aflojó con la intención de gravar el vino, ante los reclamos de provincias como Mendoza y San Juan. También reordenó el aumento de los impuestos para fabricantes de electrónicos en Tierra del Fuego, pero aún no llegó a un punto de equilibrio con las provincias azucareras y tabacaleras, cuyos gobernadores, como el tucumano Juan Manzur, o el salteño Juan Manuel Urtubey, ya pusieron el grito en el cielo ante el aumento del 17% para las bebidas gaseosas.
Hoja de ruta
En la agenda de los Ministerios de Hacienda, que conduce Nicolás Dujovne, y de Interior, en manos de Rogelio Frigerio, confirmaron que esta semana comenzarán las mesas de negociación con las provincias azucareras. Será el primer capítulo de la agenda política y económica irresuelta: las leyes de responsabilidad fiscal para los municipios que deben presentarles los gobernadores a sus Legislaturas, y el envío de borradores clave, como el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que, como anticipó Tiempo, impactará en forma negativa sobre los haberes de los jubilados. Para evitarlo, los gobernadores habrían aceptado que ninguna jubilación sea menor al 82% móvil y que la actualización inflacionaria sea trimestral. «No ganaron, pero tampoco perdieron. En ese tire y afloje nos fue muy útil la propuesta de compensación que hicimos con el bono de 80.000 millones de pesos que emitiremos en 2018», confiaron en Interior.
El equipo de Frigerio procura evitar cualquier declaración de euforia, bajo la línea discursiva de «no exagerar el triunfo de esta semana». Aunque el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tildó el acuerdo como un hecho «histórico», en algunos despachos moderan la caracterización, mientras recuerdan que el borrador del pacto estuvo a un paso de naufragar en el encuentro previo que tuvo Frigerio con los mandatarios en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un día antes de la firma en la Casa Rosada. «Las provincias querían quedarse con una parte del Fondo del Conurbano para la provincia de Buenos Aires, y nos negamos hasta el final, pero el saldo fue otro diseño en la deuda que emitiremos», detalló un funcionario clave.
Números
Con la anulación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias no sólo desaparece el Fondo del Conurbano, sino que se obliga a las dos principales administraciones de Cambiemos a establecer el mecanismo legal para desembolsar 20 mil millones ahora, 40 mil en 2018, y 65 mil en 2019. Una caja que, por ahora, se desconoce quién administrará y al frente de qué tipo de organismo. La otra asignatura que resta definir son los 51 mil millones que Macri se comprometió a pagarle a Santa Fe antes del 31 de marzo para cancelar la deuda de la Nación con esa provincia por la anulación del 15% de fondos coparticipables que le retuvo la ANSeS durante más de una década.
Cuando esas cuitas sean resueltas, el Ejecutivo comenzará a contar los porotos políticos, para sumar aliados peronistas a Cambiemos, como Urtubey o Manzur. Los recaudos para contener a los gobernadores dialoguistas del peronismo tienen un objetivo determinante: controlar al PJ que esta semana, en el Senado, no pudo garantizar la nueva ley de reforma del Ministerio Público, que había sido firmada por Federico Pinedo, del PRO, Angel Rozas, de la UCR y Miguel Ángel Pichetto por el PJ. El rionegrino no pudo contener a su tropa y fue virtualmente desautorizado por su bancada, un dato que incomodó al gobierno en la hoja de ruta legislativa que tiene por delante. «Pichetto se cortó solo y quedó en el aire, y nosotros le creímos. Fue un error, Macri debería haber puesto esa negociación en la mesa con los gobernadores», dijo a Tiempo un influyente dirigente de la UCR. «
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