La derecha boliviana reclama que EE UU evite la continuidad de Evo

Marchas silenciosas con crespones negros para llorar la muerte de la democracia, bloqueo de rutas y aeropuertos, paros de asociaciones profesionales que desarrollan actividades de extrema sensibilidad social y hasta una huelga nacional indefinida a iniciarse diez días antes de los comicios del 20 de octubre. Son parte de los planes de la derecha boliviana para evitar la reelección del presidente Evo Morales. Todo vale aunque la economía se resienta y la imagen del país se hunda, para impedir que «el indio» siga liderando el proceso de cambios más profundo que hoy vive Sudamérica. Así lo han denunciado Evo Morales, Álvaro García Linera y las principales cabezas del gobierno, pero lo más patético es que así lo han proclamado los enemigos del Movimiento al Socialismo (MAS). Ante un aluvión de encuestas que coinciden en que el binomio Morales–García Linera seguirá al frente del gobierno, la derecha apunta directamente al boicot electoral y hasta le ha pedido a Estados Unidos que ejerza presiones de cualquier tipo para evitar que los comicios se realicen. No le importa el costo y por eso no ensaya, siquiera, el armado de un programa electoral.

En una carta dirigida al presidente norteamericano y divulgada por sus propios autores el 1 de abril, 12 senadores de la ultraderecha boliviana –los partidos Unidad Nacional, del empresario Samuel Doria Medina, y Acción Democrática Nacionalista, del fugaz expresidente Jorge Quiroga– le reclaman a Donald Trump que «tenga a bien interceder para evitar que Evo Morales vuelva a postularse a la presidencia». Los firmantes argumentan que «nuestra república se encuentra hoy en peligro de subsistencia democrática (…) debido a que el gobierno de Evo Morales dio un golpe judicial en la búsqueda de perpetuarse en el poder, atropellando nuestra Constitución Política y la soberanía popular». Tras otorgarle a Trump el papel de guardián de la democracia global, los senadores reiteran el pedido hecho al presidente norteamericano: «Por lo expuesto solicitamos a su excelencia que intervenga ante la OEA para que la misma se pronuncie ante la comunidad internacional y, de esta manera, se evite la consolidación de la dictadura totalitaria de Evo Morales Ayma».

Días antes, del ruego de los 12 senadores, una mayoría del Senado norteamericano había aprobado una resolución en la que le pedía a Morales que se aviniera a lo reclamado por la oposición boliviana, que amparada en un referéndum de sospechada validez, plantea que la dupla gobernante no puede repostularse, aunque una resolución del Tribunal Constitucional así lo haya dispuesto. Los legisladores estadounidenses sustentaron su posición en una resolución anterior, de agosto de 2018 en la que se estableció la estrategia de la Casa Blanca para Bolivia. En el documento, titulado «Integrated Country Strategy», Bolivia aparece citada como una «singularidad indócil», el «único gobierno indócil» de la región. El texto señala que tras 170 años de relaciones diplomáticas «la convivencia se tensionó desde que Morales fue elegido en 2006 y comenzó con una política de hostilidad pública hacia Estados Unidos, su embajada y las políticas económicas sugeridas». El documento, en el que la Casa Blanca asume el papel de víctima, señala que el gobierno de Morales desmanteló elementos vitales de la relación bilateral (expulsión de la USAID, de la DEA y del propio embajador norteamericano) (ver recuadro).

El gobierno no les da importancia a las encuestas. García Linera suele preguntarse irónicamente si son mediciones científicas o meros actos de campaña electoral. De todos modos, el 27 de julio, Morales volvió sobre el tema para explicar la preocupación que «tienen en el Departamento de Estado cuando leen esos números demoledores, que muestran que gastan mucho pero rescatan poco». Ese día, dijo por primera vez que «el Departamento de Estado está enviando agentes de inteligencia para reunirse con los dirigentes opositores». Un día después, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio «un adelanto de la información que se viene»: después del boicot y el intento de anular las elecciones «la oposición también acudirá a las acciones conspirativas, están recibiendo a personajes como Dimitri Neil Oponte, que cumplió funciones en Vietnam, en los ’70, y luego en Irak». Según Romero, «es un personal de inteligencia que se reunió en el hotel Los Tajibos, de Santa Cruz, con los principales dirigentes de las organizaciones cívicas del departamento».

Ese mismo día García Linera aseguró que la inteligencia boliviana «registró que durante el mes de julio los agentes norteamericanos han estado muy activos y se han reunido con partidos y fundaciones ligadas a los partidos opositores, a los que financian generosamente y les exigen una respuesta consonante. Seguirán llegando porque buscan afinar las acciones para desestabilizar nuestra democracia». Pese al secretismo de esas reuniones, trascendieron ciertos detalles sobre esos planes coordinados entre las autoridades civiles de Santa Cruz y otros departamentos con el llamado Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. Con el correr de esta semana se realizará una marcha con crespones negros para «llorar por nuestra democracia pisoteada». Para el 21 de agosto se programó un paro nacional de 24 horas y el 10 de octubre comenzaría una huelga nacional indefinida. En el medio, los camioneros cortarían las rutas, los controladores aéreos no asistirían los vuelos y los médicos dejarían de atender en los hospitales públicos. «

Apunten a Evo

La campaña made in USA para acabar con Evo –su gobierno y su vida– comenzó el día de su asunción: 22 de enero de 2006. Por entonces ocupaba la Casa Blanca el republicano George W. Bush a quien relevó en 2009 el demócrata Barack Obama. Las relaciones fueron como si uno y otro fueran lo mismo. Y el mayor factor de intromisión fue la United States Agency for International Development, que planta las banderas del terror en todo el mundo. 

La situación llegó a un punto de quiebre en 2008: Bolivia expulsó del país al agregado de seguridad, Vincent Cooper, y al embajador Phillip Goldberg, acusados de promover el separatismo de los departamentos de la «Media Luna»–Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando–, la rica región de los llanos orientales junto a Chuquisaca. La formación de los cuadros políticos y militares del secesionismo y su financiamiento a cargo la DEA. El día previo a la salida de de Goldberg, Eva Golinger y Jeremy Bigwood –investigadores de políticas de intervención en América– revelaron 14 documentos desclasificados, con los detalles del trabajo de la USAID y de la DEA en Santa Cruz, “bastión de la extrema derecha, el neofascismo y los movimientos separatistas violentos de Bolivia”.