La presentación estuvo a cargo del abogado Carlos González Quintana y se hizo en el marco del expediente Santiago Maldonado-desaparición forzada de persona.
Ratifiqué el pedido de las tres medidas cautelares, dos de ellas pendientes de resolución por el alto comisionado de la OEA. Esas medidas tienen que ver con la protección integral de la PuLof y todos sus integrantes, expresa el comunicado que dio a conocer el letrado. Todo en relación a la permanencia pacífica de los comuneros en el territorio ancestral recuperado a la multinacional Benetton desde el 13 de marzo de 2015.
El escrito detalla que en la provincia de Chubut se pone en riesgo de manera constante la vida de las personas de origen mapuche. Se responsabilizó al gobierno provincial y federal por los permanentes hostigamientos, actos represivos, criminalización, estigmatización, procesamientos, desapariciones y muertes en los lugares de conflicto, agrega.
Por otro lado, González Quintana aclara que durante la reunión, también hizo referencia a la demanda que inició al grupo Clarín por la información acerca del testigo E. Puse en conocimiento formal de la CIDH que el Estado Argentino filtró información confidencial y reservada sólo a las partes intervinientes en la causa, ya que entregó documentación en manos al grupo Clarín que no sólo publicó nuestro informe completo, si no que expuso a un testigo esencial (testigo «E») como lo hizo la ministro Bullrich con Ariel Garzi y Matías Santana.
El abogado explica también que en una reunión de carácter informal, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren recibió a los voceros de la PuLof en resistencia Cushamen Soraya Maicoñio y Fernando Jones Huala quienes expusieron su histórico reclamo de pertenencia al territorio ancestral que ocupan e instaron a un diálogo sensato y serio, de carácter político. Situación que no se concreta a pesar de intensos reclamos en ese sentido.
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