La comunidad audiovisual rechaza el ajuste impulsado por el INCAA

La decisión del INCAA de suspender el otorgamiento de créditos a las producciones audiovisuales hasta 2019 puso en estado de alerta a todos los sectores de la industria y al mismo tiempo dejó abierto un final de película. La decidida reacción de los afectados –que se movilizaron de inmediato, entre otras cosas para seguir de cerca la primera reunión del Consejo Asesor el último viernes– dejó en suspenso el previsible «corte final», uno en el que los buenos no ganan, no hay romance ni épica posibles.

El tema en concreto tiene la complejidad de las leyes, que acostumbran a ser instrumentos surgidos del consenso de varias partes a fin de conseguir un amplio apoyo de todos los sectores involucrados. Así, y yendo atrás en el tiempo, en 1994 se sancionó la Ley de Cine. Ese instrumento con el correr de los años sufrió modificaciones que intentaron ampliar derechos a través de la implementación de mecanismos que hicieran más accesible el acceso a fondos para el financiamiento de productos audiovisuales. De esta manera en 2001 se dispuso «que los créditos otorgados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales sean canalizados a través de una entidad bancaria que cuente con una red nacional y resulte seleccionada mediante licitación pública». Un artículo al que el deseo de un gobierno por acelerar el desarrollo de la industria, más la ansiedad de los realizadores por acceder al financiamiento, dejó en desuso. Y del que nadie se acordó mientras que, por decisión política –sea para aumentar los fondos o para reasignar su uso de ser necesario-, hubo dinero para satisfacer a la mayoría de las partes.  

Con el discurso de la transparencia y la angustia por limpiar a «la grasa militante», lo sacaron del olvido las nuevas autoridades del INCAA designadas por decreto en abril pasado por el Ejecutivo nacional. Ellos son Ralph Haiek (amigo de la infancia del presidente de la nación, Mauricio Macri), el ex Clarín, Nicolás Yocca (como su segundo en el mando) y Juan García Uriburu, hombre al que muchos consideran el Marcos Peña del INCAA. Todos ellos encontraron en el artículo mencionado la posibilidad de reorganizar los mecanismos de otorgamientos de créditos a fin de reorientar el tipo de cine que se hace en el país, siempre a su modo de ver el mundo. O, si se prefiere, menos arte y más negocio. 

La antesala fue la resolución 942, fuertemente criticada por todas las entidades del sector, porque abre el camino a que sólo puedan filmar y acceder a subsidios y créditos aquellos que cuenten con un fuerte respaldo financiero propio; o sea sólo los productores más grandes.

Finalmente, el 8 de diciembre se publicó en la página web del Instituto: «El INCAA pone en conocimiento del público la evolución de los fondos destinados a créditos, en el marco de las acciones en curso para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 27.275). Los fondos por la suma de 170.000.000 pesos destinados al otorgamiento de créditos a la producción para el ejercicio presupuestario 2017 fueron ejecutados en su totalidad. Adicionalmente, y con un gran esfuerzo, se realizaron reasignaciones destinadas a dar continuidad al financiamiento de la producción audiovisual, por un monto de $ 85.000.000 que también fueron adjudicados íntegramente. Por ende, el total asignado a créditos en el año en curso es de 255.000.000 pesos, arrojando una sobreejecución de esta partida de más del 50%».

«El año pasado hubo una subejecución de 144 millones porque hicieron algo parecido a lo que quieren hacer este año: entregaron el presupuesto a último momento y no hubo tiempo de analizarlo ni de aprobarlo. El Consejo Asesor debería estudiarlo y aprobarlo, y ni siquiera se convocó a una reunión», dice uno de los nuevos miembros del Consejo Asesor, Fernando Krichmar Porto, introduciendo otro punto que resulta fundamental para entender mejor cómo funciona el INCAA, el Fondo de Fomento y las arbitrariedades de las autoridades actuales. El Consejo Asesor tiene las funciones de aprobar los presupuestos y el nombramiento de los comités de selección de proyectos. «Por todo lo que dicen, tenés que confiar en su buena fe, porque no hay nada posible de ser chequeado», completa Krichmar. Pero el Consejo Asesor recién fue creado en septiembre, y su primera reunión fue convocada para anteayer en la Enerc.

Así, desde la resolución 942 en adelante, todo fue incertidumbre en el sector. Desde la perspectiva oficial se sostiene: hay 500 expedientes en distintas etapas administrativas a la espera de resolución; y 180 créditos en ejecución por un total de 147 millones de pesos: 57 de ellos por 237 millones aún no están del todo aprobados, mientras que en los últimos meses se les sumaron 31 por 110 millones. Eso totaliza 494 millones, cifra que excede las posibilidades presupuestarias del INCAA.

«Desde el comienzo del conflicto este año, el INCAA publica cifras que para entenderlas hacen falta datos –dice la directora de cine Sandra Gugliotta–. Y más cuando el Consejo Asesor no las vio. La pregunta es qué pasó con el dinero de los créditos y qué va a pasar. Porque si bien la bancarización está contemplada legalmente, el tema es: ¿cuáles son los requisitos para calificar para un crédito?, ¿qué tipo de garantías hay que presentar?, ¿cuáles serán las comisiones de los bancos?», y muchas preguntas más que escapan a la comprensión del mortal que no es leguleyo, categoría a la que también pertenecen los cineastas. Como mínimo, el resultado es un aumento de los costos por asesoría legal, o una mayor burocratización del INCAA para ofrecer ese asesoramiento. 

«Además esto frena varios proyectos avanzados –continúa Gugliotta–. En el reciente Ventana Sur (a principios de diciembre) muchos productores extranjeros que habitualmente participan en forma minoritaria de producciones argentinas se mostraron preocupados y muy cautos para concretar proyectos». Por eso, Alejandro Rath, miembro de DOCA (Documentalistas Argentinos) y Colectivo de Cineastas, dice: «Queremos discutir en qué se gastan la plata. No hubo ningún cambio con respecto a la administración del gobierno kirchnerista, cuando el Consejo Asesor no se reunía, pero la plata siempre aparecía porque se reasignaba desde otros sectores del mismo INCAA. Es muy difícil que a un banco le resulte negocio los plazos que se manejan en el cine (de tres a cinco años para una película) y los términos de una producción. Por eso los daba directamente el INCAA, para agilizarlo y para que el crédito no sea más caro. Para que sea negocio para el banco algo le tenés que dar. ¿Qué les vas a dar?». 

Así y todo, tanto en on como en off de record, la mayoría se muestra moderadamente optimista. «Estamos logrando defender ciertas conquistas a partir de la movilización –dice Rath–. El movimiento (del cine) ha dado muestras de fortaleza: 3000 personas movilizadas cuando fue la 942, asambleas de 1500 participantes; el gobierno toma nota. Hemos logrado morigerar el ataque». «