Varias escuelas rechazan ser usadas como”experimento” de esta iniciativa. Sostienen que la Ciudad impone la autonomía en escuelas de gestión estatal para que funcionen como escuelas privadas.
Tras las críticas y el rechazo de los gremios, la ministra de Educación envió otro correo a las escuelas donde aseguraba que esta reforma educativa “se encuentra en un proceso de construcción. No es definitiva ni contiene todas las definiciones”, y que tales modificaciones “continuarán elaborándose y enriqueciéndose en función del proceso participativo y las experiencias de las escuelas pioneras que trabajarán en la contextualización del modelo inicial”.
En el mismo correo, la ministra Mercedes Miguel aseguró que las escuelas pioneras (o piloto) elaborarán su propia propuesta de plan de innovación de acuerdo a los ejes presentados, que será acompañada por la supervisión y equipos de apoyo del Ministerio; además, que no se modificará el diseño curricular. Se mantienen los planes de estudio, orientaciones y la duración de la secundaria, que continuará siendo de cinco años para Media, Artística y Normales, y de seis años para la Educación Técnica; y prometió que tampoco habrá virtualidad.
“La escolaridad continuará siendo presencial, diaria y en el mismo horario, promoviendo en la organización escolar dispositivos que aseguren una mayor autonomía y acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes”, destacó.
El miércoles 4 de septiembre, la ministra recibió la visita de algunos gremios docentes de la Ciudad, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Educación UTE-Ctera, la Unión de Docentes Argentinos UDA, y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET. El encuentro ocurrió tras el envío de un cuestionario digital donde Mercedes Miguel esperaba propuestas de los sindicatos que, ante esta situación, exigieron encuentros personales y mesas de trabajo.
“Nosotros rechazamos la designación que hizo el gobierno de la Ciudad para que fuéramos escuela piloto. No queremos ser un experimento de la nueva reforma de la ministra Mercedes Miguel. Una reforma de la cual te puedo decir que en reuniones que sostuvimos no solamente con la rectora en la escuela, sino también con el supervisor de la región 4, ni siquiera ellos tienen mucha información”, señaló a Tiempo María Eugenia González, profesora del Liceo Nº 5 y delegada de UTE.
La docente señala que “esta reforma apunta a que cada escuela, con la supuesta autonomía que va a tener, pueda definir su plantel docente. Esto es darle un mayor poder a las conducciones con el peligro que ello implica, que pasarían a ser prácticamente como en una escuela de gestión privada. Por eso hoy realizamos un abrazo al Liceo 5 para rechazar esta iniciativa”, agrega.
Efectivamente, en el documento enviado a las escuelas, la ministra de Educación porteña aseguró, además, que ningún docente quedará sin opción de continuar trabajando y garantizando de este modo su estabilidad laboral y salarial y volcó esa responsabilidad en “cada escuela” que “trabajará sobre el rediseño de su Planta Orgánica Funcional (POF) en cumplimiento del Estatuto del Docente y la Ley de Profesor por Cargo.
“Algunas escuelas aceptaron ser piloto de esta reforma, y en ningún momento lo abrieron a la comunidad educativa, ni a los profesores, ni a los estudiantes, ni a las familias, mucho menos. Acá ya hicimos cuatro asambleas con los docentes y los centros de estudiantes también hicieron asamblea para rechazar esta reforma”, destaca Laura Brahim, profesora del Liceo 5 y delegada de ADEMYS.
Para Dario Balvidares, ex rector del Colegio Hipólito Vieytes, el gobierno porteño va en dirección a un cambio de paradigma: “suplantar la educación por saberes y desarrollar las capacidades con un perfil absolutamente economicista de los egresados de acuerdo con los intereses del mercado”, analiza el docente en diálogo con este medio.
Balvidares considera que, con algunos puntos de esta reforma, parece que la ministra Mercedes Miguel ha tomado momentáneamente la decisión de dar un paso para atrás. “Cuando aclara cómo se va a implementar la reforma propone de alguna manera que todos los cambios, agrupamientos de materias, inclusión de la inteligencia artificial, van de acuerdo a las temporalidades de cada una de las escuelas. Yo particularmente conociendo cómo operan en el terreno de la incertidumbre, me arriesgaría a decir que es una estrategia más para continuar con el convencimiento generalizado sobre todo en los estudiantes y en las familias, pero por supuesto que esto no es más que parte de un proceso de desposesión de la educación pública”.
En noviembre está previsto un taller “Secundaria Aprende”, con la participación de equipos directivos de toda la ciudad. Algunos de los ejes implicarán cambios en el régimen académico de la secundaria (reformado en 2022) y en el reglamento escolar. Pero, según la cartera educativa, no se prevé modificar nuevamente el Estatuto del Docente. Tampoco está en los planes cambiar el diseño curricular de la llamada “Nueva Escuela Secundaria” (aprobado en 2015), luego denominada “Secundaria del Futuro” (a partir de 2018).
El proyecto del gobierno porteño, gira en torno a la “integración de los aprendizajes” apunta a la articulación entre la escuela y el mundo del trabajo y de los estudios superiores, como se viene impulsando con las “actividades de aproximación” ACAP, que en realidad son las pasantías gratuitas que realizan 30 mil estudiantes de los últimos años de la secundarias en el sector privado, sin recibir paga ni viáticos por las labores realizadas.
Aparece la fusión de materias, o como los denomina el ministerio de Educación de CABA, “campos de conocimiento”. En este punto se propone que la organización curricular no sea por materias sino que esté agrupada en estos campos, por ejemplo, Ciencias Sociales y Humanidades, o Ciencias Exactas y Naturales; por temáticas o por problemas del mundo real.
El documento menciona cinco capacidades transversales que debería desarrollar todo estudiante: 1) autonomía, 2) comunicación, 3) pensamiento reflexivo y crítico, 4) resolución de problemas, 5) compromiso y participación.
Propone que las escuelas diseñen propuestas curriculares en las que los alumnos se agrupen por nivel de logro (y no por edad), siguiendo un modelo que se aplica en países como Singapur y Austria. También menciona que cada alumno podría tener un “plan personal” de progresión en sus aprendizajes, que podría estar “desacoplado” del ritmo anual del ciclo escolar (por ejemplo, podrían formularse objetivos semanales para cada chico).
El cuarto punto, sobre “autonomía estudiantil”, apunta a que los alumnos tomen algunas decisiones sobre su recorrido en la escuela, por ejemplo eligiendo materias optativas en función de sus intereses personales. Uno de los objetivos fundamentales es reducir el ausentismo: hoy los alumnos faltan, en promedio, 2 de cada 10 días de clase, según datos de la plataforma Mi Escuela. En tanto, un 32% de los alumnos falta más del 20% de los días de clase.
Desde el GCBA, aseguran que la propuesta de reforma implica también una revisión del rol docente, con la meta de que en todas las escuelas secundarias haya profesores “por cargo” (y no por hora cátedra), como lo estipuló en CABA la ley 2.905 de 2008. En la ciudad hay 169 escuelas secundarias de gestión estatal que suman 18.143 docentes.
Aunque pasaron 16 años desde la sanción de la ley que buscaba terminar con el problema de los “profesores taxi”, los datos oficiales muestran que la cuestión sigue sin resolverse: 3 de cada 4 docentes de secundaria (76%) trabajan en más de una escuela, mientras que 4 de cada 10 (41%) trabajan en 4 o más escuelas en simultáneo. Frente a este escenario, el documento señala la necesidad de profundizar la implementación del régimen de profesor por cargo y subraya la importancia de que “el equipo docente cuente con mayor dedicación horaria en cada institución para fortalecer el trabajo colaborativo, el sentido de pertenencia y la continuidad pedagógica”.
Además, reconoce que los profesores deben contar con “horas extra clase remuneradas para desempeñar otras actividades como planificación y tutorías”. Esos profesores no solo tendrán que saber enseñar y evaluar: el documento prevé que también puedan colaborar con otros colegas en el armado de trayectorias personalizadas para los estudiantes, el acompañamiento y la orientación para que cada alumno pueda organizarse de forma autónoma, y la atención a cuestiones de desarrollo personal y convivencia grupal, entre otros desafíos.
“Sobre los avances ya realizados en los últimos años, esta iniciativa busca acelerar y propiciar cambios estructurales que faciliten, motiven e incentiven las prácticas de enseñanza y aprendizaje antes impulsadas haciendo foco en la singularidad de cada estudiante”, señala el documento. La reforma tendrá impacto en más de 195.900 estudiantes que cursan la secundaria en alguna de las 508 escuelas de ese nivel en la ciudad. En total, esas escuelas suman más de 36.800 docentes y directivos (considerando el sector estatal y el privado).
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