El triunvirato había dado por cerrada la negociación y brindado su apoyo al proyecto que el gobierno pretende debatir en el Congreso en febrero. Ante el cambio de escenario y las tensiones internas, el Consejo Directivo abrirá la discusión para intentar unificar un criterio.
La conducción de la CGT espera llevar adelante una reunión de Consejo Directivo antes de que termine el primer mes del año. Allí se dará la discusión. Desde Azopardo también esperan por la cumbre, ya histórica y que se repetirá este año, entre Hugo Moyano y Luis Barrionuevo en Mar del Plata.
Más allá del panorama abierto, el clima dentro de la CGT no parece mejorar. «La reforma laboral no tiene el apoyo mayoritario», disparan sin miramientos desde las entrañas de uno de los sindicatos más poderoso de la central y encienden la mecha de lo que desatará según los propios sindicalistas- un escenario de conflicto tanto «hacia adentro como hacia afuera».
«La reforma es rechazada por la mayoría del Consejo Directivo, lo que diga el triunvirato no tiene nada que ver. La reforma no tiene sustento y no hay un postura mayoritaria», explican desde las filas de uno de los gremios combativos.
La UOM, Peajes, Camioneros, La Bancaria, Calzado y Curtidores, entre otros, ya se manifestaron públicamente en contra del proyecto que pretende sancionar el Gobierno durante las sesiones extraordinarias del Congreso, de febrero próximo.
Para el Poder Ejecutivo, el anclaje para la negociación sigue siendo el blanqueo laboral. Es el punto de mayor consenso entre los funcionarios y los dirigentes sindicales. Atado a eso aparece la Agencia Nacional de Tecnología Médica, que servirá para «bajar el gasto de las obras sociales» y aplicar un Programa Médico Obligatorio revisado. Un paso más atrás en cuanto al supuesto consenso se ubica la nueva regulación de las pasantías.
El discurso del triunvirato que conduce la CGT, pese a la ebullición interna, no se ha modificado. «La CGT ha acordado la reforma», dijo Juan Carlos Schmid en una entrevista radial hace pocas semanas. Así, ratifico lo dicho en una de las últimas conferencias de prensa brindadas en el histórico edificio de la calle Azopardo, en medio del conflicto por la reforma previsional. En aquel entonces la cúpula sindical había señalado que «habían finalizado las negociaciones» y que «quedaba en manos de los senadores».
Si bien desde el entorno del triunvirato aseguran que la postura no se ha modificado, también confirmaron que «el tema se volverá a tratarse en la próxima reunión del Consejo Directivo». En ese marco, y con la mira puesta en los sindicatos «combativos», advirtieron: «Por más que sean miembros del Consejo, hay que ver qué peso tienen. Por ahora la pelota sigue en el Senado».
El clima que se vive dentro de la CGT parece ser una factor que el gobierno no tuvo en cuenta y que puede operar como excusa para el peronismo parlamentario en caso de que decida no avanzar con el proyecto del Ejecutivo hasta tanto no haya una unidad de criterio dentro de la CGT.
Por eso, en la próxima reunión de la cúpula sindical se tratará, por lo menos esa es la aspiración del triunvirato, de unificar un criterio respecto a la reforma laboral. A esta hora, eso parece casi una misión imposible sobre todo cuando ya hay gremios que tienen decido movilizar en contra de la modificación del régimen laboral ni bien se retome la actividad en el Congreso de la Nación.
Un 20% para las paritarias de 2018
La suba del costo de vida de diciembre y la modificación de la meta de inflación por parte del gobierno nacional despejaron las dudas dentro de la CGT de cara a las paritarias de este año. «Ningún gremio puede pedir menos de un 20%» es la frase que repiten los voceros sindicales cuando son consultados sobre las negociaciones por venir.
El cálculo de inflación que realiza la central obrera dio como resultado un 2,7% de incremento en diciembre y determinó que la carestía de todo 2017 fue del 27,12%. Según estos números, el promedio de los aumentos negociados en paritarias fue del 21%, por lo que los sueldos quedaron seis puntos por debajo de la inflación anual.
Más allá de este cálculo, los dirigentes sostienen que habrá que esperar hasta marzo para saber realmente cuál fue la pérdida salarial final, la que será el resultado de la comparación del promedio de los aumentos salariales con la medición de la inflación interanual de marzo a marzo.
Sobre la medición propia, que no diferirá mucho de la difundida por el Indec, se pararán los dirigentes sindicales para volver a remarcar la pérdida de poder adquisitivo y la falta de credibilidad de las previsiones que realiza el gobierno. El caso de la Bancaria es sintomático. El 9% anual que ofrecieron los bancos ya es historia.
El fin de la emergencia económica dictada en 2002
El gobierno resolvió no renovar la ley de emergencia económica, sancionada el 6 de enero de 2002, en medio de la peor crisis política, económica y social de la historia argentina.
La emergencia delegaba en el Poder Ejecutivo facultades extraordinarias. Podía establecer impuestos extraordinarios, como las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y fijar tarifas aduaneras. También le otorgaba la facultad de renegociar los contratos de los servicios públicos.
El Poder Ejecutivo también podía determinar los precios de los bienes que conformaban la canasta básica y establecer el mecanismo por el cual se determinaba el valor del tipo de cambio.
La emergencia económica se renovó en todos estos años, tanto en los que fueron de transición como en los siguientes. El macrismo continuó el esquema en los primeros dos años de su gobierno. Ahora no la renueva porque, asegura, «va en contra de su modelo económico». «
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