Ratificó su compromiso con la gobernabilidad y reclamó una mesa de diálogo y el funcionamiento de las paritarias. Sindicatos se pronunciaron a favor de marchar el próximo 20.
El encuentro, realizado en la sede de la UOCRA, agrupó a la denominada mesa ampliada, que reúne los consensos necesarios para emitir una posición política. De allí salió un comunicado que aseguró que «el ajuste lo paga el pueblo» y no «la casta».
El pronóstico que realizan los líderes cegetistas resulta sombrío en tanto aseguran que «el plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el gobierno generará una fuerte aceleración inflacionaria que dinamitará el poder adquisitivo de los trabajadores formales e informales». Es que la apreciación del dólar oficial, por encima del 130%, acompañada de una reducción de subsidios a las tarifas y la liberación de los precios, implicará una carestía que, se estima, podría superar el 90% sólo en los primeros tres meses del año.
Para los dirigentes «de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias», se generará una «situación socioeconómica desesperante».
El diagnóstico no tuvo un correlato en el anuncio de medidas de rechazo o de mecanismos para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. «Sigue siendo nuestra vocación contribuir a la gobernabilidad», aseguró el comunicado y reclamó «una convocatoria al diálogo de parte de las autoridades gubernamentales». También advirtió que «la CGT no se va a quedar de brazos cruzados».
La estrategia de la CGT privilegiará la cautela y pasará por la búsqueda de la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores registrados en cada uno de los gremios a través de las paritarias y, evaluar nuevamente la situación después del verano. Así lo acordó la llamada mesa chica en una reunión previa en la que primó el criterio de respetar el mandato popular conquistado por la Libertad Avanza. Héctor Daer, al salir de la reunión, señaló que «si los salarios y jubilaciones son pisadas, la CGT va a actuar» y que, por el momento, «no estamos hablando de medidas de fuerza».
También antes de la reunión de la mesa grande, La Bancaria, que dirige Sergio Palazzo, sacó un comunicado titulado «Salvajes», en el que advirtió que se declaraba «en estado de alerta» y afirmó que evaluará «los pasos a seguir» ante el ajuste.
Por su parte, Omar Plaini, uno de los referentes de la disidente Corriente Federal de Trabajadores de Pablo Moyano adelantó que «el movimiento sindical argentino es racional y responsable» y que, por eso, «primero vamos a ver las medidas: qué va a pasar con las paritarias, los jubilados y con el trabajo de los argentinos».
Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, tampoco anunció medidas frente al plan que calificó de «brutalmente recesivo y regresivo que abre la puerta a la hiperinflación y al desempleo».
Para el dirigente, «la quita de subsidios y el levantamiento de todo tipo de control de precios provocará una escalada inflacionaria con el único anclaje de la recesión provocada por el vaciamiento de los bolsillos». El titular de la CTA-T se lamentó de que «ahora descubrimos que la casta eran los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores, en definitiva, el pueblo argentino».
No esperar más
Sin embargo, dentro del movimiento obrero organizado se oyen voces disidentes. En diálogo con Tiempo Argentino, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, señaló que «sería importante que la CGT descruce los brazos porque hace rato, más de ocho años, que están de brazos cruzados y la pobreza invade cada vez más al país. Después de una inflación que va a ser de un día para el otro de casi el 120%, hay que actuar más rápido. Los trabajadores y los desocupados hace muchos años que vienen esperando que la CGT no se quede con los brazos cruzados».
Para el dirigente, «eso implica llamar a todos los dirigentes nacionales y hacer un plenario para ver lo que se hace con las nuevas medidas y las que van a venir».
Por cuerda aparte, los sindicatos que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), como AGD-UBA, la Unión Ferroviaria de Haedo, Ademys y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), entre otros, resolvieron participar de la movilización del próximo 20 de diciembre. El Sutna señaló en un comunicado que «el 20 de diciembre se debe expresar la clase obrera» ante lo que calificó un «macabro ajuste». Agregó que el ajuste de Milei y Caputo «busca quebrar la moral de los trabajadores, haciéndoles creer que los derechos fundamentales conquistados con tanto esfuerzo, son los culpables de la crisis económica». Para el sindicato liderado por Alejandro Crespo, «no se puede esperar a que pasen los ataques, ya que sus efectos negativos no terminaran y por tanto la CGT debe convocar rápidamente a acciones, paros y movilizaciones nacionales de lucha de todo el movimiento obrero».
El Sutna afirmó: «Apoyamos la manifestación convocada por los compañeros de organizaciones de desocupados, de Derechos Humanos, estudiantiles y del movimiento obrero en Plaza de Mayo», el próximo 20. En sentido similar se manifestó Daniel Yofra: «Vienen teniendo necesidades hace muchísimo años y hacer una medida ahora no contrasta con lo que vienen haciendo. No la hacen ahora porque viene un nuevo gobierno, sino porque las medidas que tomaron son perjudiciales para ellos y van a pasar una navidad y un año nuevo de mierda». «
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas emitió un comunicado en el que calificó de inconstitucional la resolución 943/23 que establece el protocolo de mantenimiento del orden público. Para la entidad «el nuevo Protocolo tiene como finalidad impedir y criminalizar la protesta social, el derecho de huelga y demás expresiones de autotutela y de organización colectiva en un contexto de ajuste económico y social».
Para la AALL, el mismo «realiza una interpretación regresiva del controvertido artículo 194 del Código Penal» y aclara que «ninguna conducta tipificada resulta punible cuando existe otra norma que autoriza su realización, como en el caso de los derechos de reunión, de peticionar a las autoridades, de protesta, de huelga, de asociación y de libre organización sindical, que se encuentran reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos». La entidad exigió su derogación inmediata.
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