La Cámara de Diputados aprueba la ley de amnistía para independentistas catalanes

La Cámara de Diputados de España aprobó este jueves, con 178 votos a favor y 172 en contra, la ley de amnistía pactada entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y las formaciones independentistas. El proyecto favorecerá a los implicados en el proceso secesionista en Cataluña de 2017.

«Se ha debatido y se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia respecto a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, con 178 votos a favor y 172 en contra. La iniciativa del Grupo Socialista continuará su tramitación parlamentaria en el Senado», reza en la nota de prensa oficial de la Cámara Baja del Parlamento español.

Ahora el texto pasará al Senado, dominado por el opositor Partido Popular (PP), que había intentado frenar su tramitación mediante un escrito con el que reclamaba la supresión de los cambios realizados. Se trata de tres enmiendas al articulado y una al preámbulo de la ley con las que ampliar la medida de gracia a los posibles delitos de terrorismo, alta traición y malversación de fondos públicos que se pudieron cometer durante el proceso independentista en Cataluña.

Pero es de esperar que en el Senado la tramitación de la ley se demore hasta dos meses, pues el PP cambió el Reglamento de la cámara alta para que esta iniciativa legislativa no se tramite por el procedimiento de urgencia. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, recalcó que la amnistía «no es reconciliación, es sumisión» y que «divide» a España y Cataluña «en dos».

«Esta ley no pasará el filtro del Senado, de la justicia y de las instituciones que la tienen que evaluar. No pueden saltarse la Constitución así», añadió.

¿Se pasa página con la amnistía?

A tenor de lo dispuesto por el texto, cualquier independentista encausado puede beneficiarse de la amnistía, pues la ley adapta a la legislación europea los delitos mencionados, al incorporar a tal efecto las recomendaciones de la Comisión de Venecia (un órgano consultivo del Consejo de Europa). Queda así «ajustada a derecho y preparada para el recorrido y el encaje europeo», en palabras de Josep María Cervera, diputado de Junts.

«Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y el encuentro», declaró por su parte Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.

Pero en este aparente clima de entendimiento, las formaciones independentistas no reniegan de sus objetivos políticos. «Esto no es un punto y final, continuamos, ahora podremos comenzar a hacer política de igual a igual y nuestro objetivo sigue siendo el de la independencia», manifestó a los medios la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a la salida del Pleno. ERC lo expresa en términos incluso más explícitos. «Seguiremos el camino de la liberación nacional», dijo su diputada Pilar Vallugera.

Para unos la ley abre una vía al apaciguamiento, para otros solo supone un punto desde el que tratar de retomar su agenda. Es decir, el mundo independentista catalán «no percibe» la amnistía como «un punto y aparte del que pasar página», explica a Sputnik Toni Aira, profesor de Comunicación Política e Institucional de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM).

«Los socialistas también lo saben, pero ellos tienen que vender a su electorado la idea de la reconciliación, cosa a la que no apelaban vía amnistía antes de las elecciones del 23 de julio, porque entonces no necesitaban los votos de Junts. Nadie cree que esto suponga pasar página, aunque algunos lo tengan que escenificar y otros ponen el énfasis en que no es así», afirma.

Aira recuerda que hasta esos comicios, la amnistía se percibía como una opción «casi imposible», también por parte del PSOE, y solo era defendida por organizaciones independentistas de corte social, como Omnium. «Era más bien una apelación retórica antes que una apuesta nítida». Pero todo cambió tras el 23-J, cuando los siete votos de Junts se revelaron imprescindibles para que Pedro Sánchez pudiera investirse presidente.

«Junts puso la amnistía como condición, y para que no se anotase el tanto en solitario, ERC puso ahí también todo el acento, diciendo que ellos también la querían», concluye Aira.

El encaje europeo y su ajuste a derecho

En principio, las enmiendas a la ley supervisadas por la Comisión de Venecia han buscado apuntalar la robustez del texto legal, también de cara a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de España (TC), que es quien decide en última instancia si una norma es legal o no, pues a buen seguro el PP y Vox invocarán su arbitrio.

«Técnicamente, la ley sigue igual. Lo que sucede es que ahora permite aplicar la amnistía a algunos delitos que están tipificados como terrorismo», asegura a Sputnik Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (US) y ex magistrado del TC, que explica que la ley se aplicará a los acusados de aquellos delitos de terrorismo que la normativa de la UE no contempla como tales, para que el texto «no pierda constitucionalidad».

«¿Cómo lo hacen? Pues refiriendo como supuesto de hecho la amnistía a la directiva europea 2017/541,[S1] que define qué es el terrorismo; básicamente, atentar contra la vida de las personas. Quien lo haya hecho, no podrá beneficiarse de la amnistía, pero cualquier persona cuya acusación de terrorismo no haya consistido en atentar contra la vida de las personas, pues sí podrá beneficiarse. De esta manera se consigue que la amnistía siga siendo proporcional».

A juicio de Urías, la labor del TC será examinar esa proporcionalidad. «Es decir, si el sacrificio del Derecho que se realiza al no aplicar la ley, es proporcional y acorde con la finalidad que se busca. Y la finalidad que se busca es la concordia social», precisa.

En suma, si, como es previsible, el PP recurre la ley ante el TC, este deberá establecer si, en aras de calmar los ánimos en la sociedad catalana, el perdón a acusados de terrorismo sin finalidad homicida es desproporcionado o no. «Porque no puedes desproteger el derecho a la vida para proteger la paz social», apunta Urías. Pero retirado este punto, la ley asume que deja de protegerse algún otro derecho (a la propiedad, al orden público, etc.) para lograr la concordia. «Y eso sí que es una relación proporcional, luego yo creo que el TC debería abordarlo de esa manera», concluye J. Urías.

Amnistía y elecciones

Luego de no poder aprobar en el Parlamento catalán los presupuestos de la región, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, convocó elecciones anticipadas para el 12 de mayo, un mes antes que los comicios al Europarlamento y sin posibilidad material de que la Ley de amnistía se ratifique definitivamente en el Congreso de los Diputados tras su previsible vuelta del Senado.

Y al no ser todavía de aplicación el 12 de mayo, Carles Puigdemont, por ejemplo, no podrá personarse en Cataluña para participar en la campaña electoral. No obstante, tanto Junts como ERC buscarán desgastar a los socialistas catalanes, la fuerza más votada en la anterior cita electoral de 2021. El anuncio ha sacudido el tablero político en España, no solo en Cataluña. Así, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el Congreso antes de la votación de la Ley de amnistía, aludió a estos próximos comicios.

«Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este Gobierno», dijo desde la tribuna de oradores, desde donde, mirando a los diputados socialistas, añadió: «La calle la tienen perdida», al tiempo que reivindicaba para el PP un papel protagónico en Cataluña. «De aquí al 12 de mayo va a haber un partido que defienda los intereses de la mayoría de los catalanes (…) y que no va a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los independentistas», concluyó Feijóo.

Con información de Sputnik