La Argentina para pocos

En un año en el que la inflación dejó de bajar y volvió a acelerarse en marzo y abril, empujada por el precio de los alimentos, el superávit fiscal aparece como la única bandera del gobierno: con el superávit fiscal se come, se cura y se educa. El problema es que este gobierno logra ese superávit fiscal con el empeoramiento de nuestras condiciones de vida. El ejemplo más claro es el de los y las jubiladas: bono congelado hace más de un año, menor cobertura en los medicamentos y la finalización de la moratoria. Pero el ajuste también se siente en los tarifazos de luz, gas y transporte, en políticas desmanteladas y en rutas intransitables.

Nuestro país tuvo en 2024 el mayor ajuste fiscal de los últimos 31 años, según los cálculos del Instituto Argentino de Analisis Fiscal (IARAF). Casi una quinta parte de ese recorte pasó por jubilaciones y pensiones. La principal herramienta fue la licuación de ingresos, con un bono congelado desde hace 13 meses que afecta sobre todo a quienes cobran la misma, en su mayoría mujeres. Este sector, con una larga tradición de lucha, sigue resistiendo: cada miércoles se concentra frente al Congreso para reclamar contra el fin de la moratoria, la pérdida del poder adquisitivo y por la falta en la cobertura de medicamentos.

El segundo sector que explica gran parte de la motosierra, con un 15%, tiene que ver con el freno total de la obra pública nacional. Llama la atención el silencio actual desde el sector de la construcción, sobre todo porque hace un año denunciaban que el gobierno había dejado una deuda impaga por obras ya iniciadas y luego abandonadas en nombre de la motosierra. Hoy, el reclamo persiste sólo en boca de algunos sectores y gobernadores, pero quedó fuera de la agenda pública. Y eso no es menor: el parate en la obra pública complica el acceso a los puertos, interrumpe rutas comerciales, aísla regiones enteras y limita la conectividad en un país tan extenso como Argentina.

Si pasamos al tercero en el podio de los que fueron recortados (12%) para que el gobierno festeje el superávit fiscal tenemos los programas sociales y acá es necesario detenernos. La única prestación que este gobierno mantiene, y aumenta incluso en términos reales, es la Asignación Universal por Hijo. Se trata de una política clave, porque garantiza un piso de ingresos para las infancias, que son quienes más sufren la pobreza. En Argentina, hay más niñas y niños en hogares pobres que en hogares no pobres.

Esta línea de asignación social mínima para las futuras generaciones responde a consensos del propio Banco Mundial y a condiciones exigidas por los organismos multilaterales para acceder a financiamiento. Es decir: no es un gesto de bondad, ni mucho menos una muestra de interés de un gobierno que durante meses mantuvo alimentos sin repartir en galpones, mientras comedores se convertían en merenderos por falta de comida en los barrios.

Al mismo tiempo, la eliminación del programa Potenciar Trabajo, que buscaba reconocer y remunerar tareas de cuidado y trabajos de la economía popular, desde cooperativas hasta mujeres que sostienen ollas populares, dan apoyo escolar o participan en redes comunitarias, borró ese reconocimiento. Lo que quedó, como única forma de cuidado con valor económico a ojos del Estado, fue la maternidad, a través de la AUH.

No es que no haya resistencia: fue el sector de la economía popular el que encabezó la primera gran movilización contra el gobierno en diciembre de 2023. Pero ahí fue donde el gobierno respondió con mayor represión, incluso con persecución judicial a referentes de los movimientos sociales. El silencio de los medios y los prejuicios hacia la economía popular ayudaron a barrer todo esto debajo de la alfombra.

El 10% del mayor ajuste fiscal del siglo lo vivimos en cada factura de luz y gas: responde al recorte en los subsidios energéticos. Más allá de los reclamos por los cortes durante cada ola de calor o por la falta de GNC que dejó al país paralizado por un día, estos conflictos siguen siendo vistos como problemas aislados o vecinales. Cuesta identificar que detrás hay una desinversión prolongada y una falta de regulación sostenida por parte del Estado.

Un 9% del ajuste lo explicó la caída en los salarios públicos, tanto por el despido de más de 40 mil trabajadores y trabajadoras de ese sector como por la licuación en sus salarios. El sector público es el único sector paritario, es decir, se compone en proporciones similares por varones y mujeres, por lo que es un impacto fuerte para las trabajadoras que van a tener una dificultad más grande en el intento de reacomodarse en el mercado laboral recesivo que tenemos.

A su vez, los despidos a personas dentro del cupo laboral trans hablan no sólo del atropello de la normativa propia de este gobierno, sino también en la crueldad de quitar una fuente de trabajo a una población con los peores indicadores de nivel de vida debido a la discriminación que persiste sobre elles. Los prejuicios infundados, sobre trabajadores que, en su enorme mayoría, aprobaron con creces los exámenes diseñados para cuestionar su formación, alimentaron una narrativa que la actual gestión levanta como bandera de victoria. El resultado: programas sin personal para ejecutarlos y un Estado desarticulado que va a costar mucho rearmar.

Los siguientes ítems más recortados tienen que ver con las transferencias a las provincias, tanto las corrientes como las de capital, que hacen que las provincias y municipios hayan tenido que aumentar sus impuestos y tasas locales en un intento de compensar esta caída. El reclamo de parte de gobernadores está limitado a los opositores al gobierno que llevan el caso a una Corte Suprema que los ignora y a algunos dichos en exposiciones de gobernadores amigos del gobierno, pero que no se concretan en un avance por el reclamo de los recursos de la población de esas provincias. 

También hubo reducción en los subsidios de transporte, que explican los aumentos en el transporte público de todo el país y un puñado más de subsidios específicos que fueron recortados por la motosierra que vivimos en el último año. Por último, las transferencias a las universidades públicas representaron el 5% del ajuste total el año pasado. A pesar de las dos marchas universitarias federales, la situación no se revirtió. Hoy, la educación superior en Argentina está en riesgo real por el desfinanciamiento sostenido.

La motosierra ya no tiene que cortar

Con este panorama, pasamos a mirar lo que viene. Como se ve, ya no queda mucho espacio para seguir recortando.

La fórmula de actualización previsional fue impuesta por el propio gobierno, por lo que no tendría margen para modificarla, más allá de seguir licuando mes a mes la jubilación mínima con el congelamiento del bono. En el caso de la obra pública, el freno total ya ejecutado no deja espacio para más recortes. Los subsidios energéticos son un área donde el gobierno probablemente intente avanzar, pero con cautela, porque la reducción impacta directamente en la inflación, por lo que actuarán en función del dato de IPC mensual. Los programas sociales, como vimos, quedaron reducidos a su mínima expresión, por lo que avanzar sobre la AUH sería insostenible.

Lamentablemente, todo indica que el gobierno continuará con despidos, desmantelamiento de políticas públicas y recortes en partidas más pequeñas. En su búsqueda de aumentar el superávit fiscal en pesos, ante la falta de dólares, está llevando al Estado a una expresión mínima.

Este escenario, lejos de la desolación que se nos quiere imponer, nos obliga a pensar no sólo en cómo frenar el daño que se está cometiendo, algo que ya ocurre en distintas formas de organización y resistencia, como las movilizaciones de cada miércoles frente al Congreso, sino también en cómo reconstruir el tejido social y comunitario que hoy se está desintegrando. Pero no hablamos de una reconstrucción cualquiera: es momento de revisar, aprovechar y mejorar los cimientos y la estructura para construir algo superador, para todos, todas y todes.

Eso no está hoy en el centro de la campaña electoral. Nos toca sostener esa agenda. Nuestra agenda.