Los últimos movimientos respecto del país caribeño. El diálogo con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, los países europeos y el papa Francisco. El fracaso del Grupo de Lima.
El interés de Fernández de colaborar en la situación caribeña no es nuevo. Antes de asumir su presidencia, le había anticipado al entonces consejero norteamericano Mauricio Claver Carone sus críticas sobre el rol corrosivo del Grupo de Lima, impulsado por Estados Unidos para presionar a Venezuela. En marzo pasado concretó la salida del país de ese núcleo. Fue un mes después de la salida del republicano Donald Trump del poder y la asunción del demócrata Joe Biden.
Esta semana, el presidente concretó una medida que no tomó por sorpresa a los nuevos inquilinos de la Casa Blanca. Se retiró de la demanda que Argentina había presentado junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La demanda había sido radicada en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones a los Derechos Humanos y contó con el activo impulso del entonces presidente Mauricio Macri.
La decisión sólo tuvo rechazo en el sector más duro de la oposición venezolana y una citación firmada por 13 diputadas y diputados de Juntos por el Cambio para que Solá explique las razones del giro ante la Cámara baja. No hay chances de que prospere. Tampoco hubo planteos de preocupación del Departamento de Estado ni pronunciamientos públicos o privados de la embajada en Buenos Aires. «Estamos hablando con todos, incluso con los opositores que responden al autoproclamado presidente Juan Guaidó y ven con interés que podamos jugar, porque también somos escuchados por el gobierno bolvariano», explicó a Tiempo una alta fuente del Palacio San Martín.
Los movimientos existen y son «incipientes», pero suceden en un momento donde Washington y Caracas se dedican señales de distención luego de la alta tensión de los útimos años.
Entre fines de abril y principios de mayo, el gobierno bolivariano aceptó la ayuda alimentaria internacional que había rechazado en los últimos años. Sumó dos representantes de la oposición al Consejo Nacional Electoral y aceptó que seis ejecutivos de la firma petrolera norteamericana Citgo, que estaban encarcelados, tuvieran arresto domiciliario. Mientras tanto, la administración de Biden dijo que está revisando su política hacia Venezuela y examina el alcance del embargo impuesto por Trump, que implicó el congelamiento de los activos venezolanos en Estados Unidos, la prohibición de ingreso para cualquier ciudadano de ese país que fuera acusado de tener vinculos con el gobierno bolivariano y la anulación de las importaciones a Estados Unidos de petróleo venezolano. Al igual que lo hace sobre Corea del Norte e Irán, EEUU amenaza a las empresas o individuos de todo el mundo que tengan operaciones financieras o acuerdos comerciales con Venezuela.
La posición de Argentina cobra otra relevancia en ese contexto. Desde el año pasado respalda «con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet» y le pide a Caracas que «coopere plenamente» con la misión que denunció numerosas violaciones a los Derechos Humanos y detenciones arbitrarias. «No dejamos de repudiarlas, pero también nos negamos a que eso implique o justifique ataques contra la instutitucionalidad venezolana. No es el modo. No avalamos intentos de derrocamiento ni interferencia en asuntos internos, pero ponemos el tema de los Derechos Humanos como política de Estado y mantenemos la tradición de no intervención», explicó un diplomático que interviene en el tema.
Esa posición «empieza a ser mirada desde Estados Unidos y Europa como una forma razonable de afrontar la situación venezolana», aseguró.
Solá habló del tema en Portugal, Francia, Italia y el Vaticano. En todos los casos, le preguntaron sobre el punto de vista argentino sobre Venezuela. Solá cuenta con información de primera mano sobre la situación en el país, a partir de la embajada en Caracas que mantiene conversaciones permanentes con el gobierno y la oposición. El punto también es una preocupación para el papa Jorge Mario Bergoglio y para el secretario de Estado, Pietro Parolin, que fue nuncio apostólico en Caracas durante el gobierno de Hugo Chávez. Según reconstruyó este diario, el tema fue abordado en detalle durante el último encuentro que se concretó hace dos semanas en la Santa Sede.
La distención entre Caracas y Washington que comenzó el mes pasado incluye contactos de alto nivel entre los dos gobiernos. La agencia Bloomberg reveló que hay tres interlocutores de Biden con Maduro. Se trata del exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y el titular del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks. El mismo que impulsó el proyecto de declaración para que Estados Unidos respalde a la Argentina en la negociación con el Fondo.
A principios de este mes dijo en la conferencia anual del Consejo de las Américas que su país «debería hacer más para encontrar una solución a largo plazo para Argentina en las conversaciones de reestructuración de deuda».
Así como la renegociación con el FMI forma parte de la hoja de ruta entre Washington y Buenos Aires, el rol argentino en Venezuela también lo es. El tema fue abordado a mediados de abril cuando el consejero de Biden para América Latina, Juan González, visitó Argentina y mantuvo un encuentro virtual con Fernández, que por entonces cursaba la Covid-19. Y lo habló con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en la cena que compartieron juntos, antes de que mantuviera una charla virtual con Meeks. También sucedió con Solá en dos oportunidades. Primero en Buenos Aires y el domingo pasado en Quito, cuando se encontraron para participar de la asunción del nuevo presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. «
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