La falta de formación y matriculación sanitaria es un delito tipificado en el Código Penal. Por qué el Chat GPT no puede reemplazar a los profesionales. Y los riesgos de más pseudoprofesionales con un gobierno que promueve la desregulación y la ida del Estado.
En su momento y con intervención de las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires ese contrato se dio de baja, en medio de las críticas de organizaciones profesionales.
Seguramente la explosión en la agenda pública del tema se debió a que cruza dos asuntos de suma actualidad: la salud mental, por un lado, y el avance de la inteligencia artificial como algo que podría reemplazar tareas que hasta ahora son realizadas por las personas, de carne y hueso.
El aumento de las demandas en salud mental de los últimos años ha sido notorio y todas las autoridades sanitarias y los equipos asistenciales lo confirman. Esto ha presionado sobre un sistema de salud fragmentado en distintos subsectores que se han visto además desfinanciados, con lo cual la capacidad de respuesta ha sido baja. Adicionalmente, muchos hospitales públicos, centros de salud y clínicas privadas no ofrecen atención completa en salud mental, con lo cual el problema se agrava.
La ley de salud mental ha permitido, con distintos grados de avance según las provincias, aumentar la oferta asistencial y también volver a incluir en la comunidad personas que han estado abandonadas muchos años en los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, falta mucho y las demandas siguen en aumento.
Sobre este telón de fondo, aparece esta propuesta que, según Ansaldi “democratiza” el acceso a la salud mental y permite atender situaciones complejas, como por ejemplo “ataques de pánico” (SIC). Luego de estallado el escándalo, se intentó amortiguar las críticas diciendo que no se trataba de una propuesta de salud mental sino de “salud emocional”, pero lo dicho estaba dicho y no dejaba lugar a dudas.
En primer lugar, la falta de formación y matriculación sanitaria de quien ofrece una terapéutica sin estar habilitado para ello, delito tipificado en el artículo 208 del Código Penal. En nuestro país hay excelentes psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, y otras profesiones que deben formarse seriamente y por muchos años en nuestras universidades para poder integrar los equipos interdisciplinarios que nuestra ley de salud mental promueve.
En segundo lugar, toda tecnología aplicada a la salud debe estar habilitada por ANMAT o por el organismo competente. Es cierto que podría haber vacíos regulatorios en cuanto a como evaluar la seguridad y validez de una herramienta de estas características, pero lo que esta claro es que no se puede ofrecer ninguna herramienta tecnológica aplicada a la salud sin autorización previa, como sucede con medicamentos, vacunas o aparatología. En este caso esta claro que eso no ocurrió.
Por último, yendo a la cuestión más de fondo, es preciso hacer una distinción. Una cosa es poner herramientas tecnológicas al servicio de los profesionales, como por ejemplo la receta electrónica o la atención remota por plataformas virtuales, y otra cosa es que esas herramientas reemplacen a los profesionales.
La atención en salud mental se base centralmente en la relación entre personas, porque los procesos de surgimiento y evolución de los padecimientos mentales provienen también de relaciones entre personas, a través de las historias familiares y los contextos sociales que nos constituyen como sujetos.
En salud mental existen distintas escuelas y teorías, pero todas ellas -sin excepción- basan sus terapéuticas en la importancia del lazo entre las personas que consultan y el profesional. Algunas lo conceptualizan como “transferencia”, otras como “rapport” o “vínculo terapéutico”, pero en todos los casos se trata de una relación humana, no anónima.
La inteligencia artificial, en tanto tal anónima, es incapaz de reconocer al otro como un sujeto y, por lo tanto, incapaz de reconocer su singularidad y acompañar desde ese lugar el necesario trabajo de encontrarse con las causas que están en la base de todo padecimiento y que son absolutamente particulares, como lo son también los modos de superar esos padecimientos.
Cuando vamos a buscar atención en salud mental porque estamos deprimidos, o porque no podemos superar un duelo, o porque estamos atrapados en una relación de pareja conflictiva, o porque sentimos que el mundo se nos ha vuelto en contra, por cualquier causa que fuera, no podemos encontrarnos con un robot con respuestas pre fabricadas. Porque si las respuestas son ostensiblemente prefabricadas, como las de un contestador automático de un call center, entonces no nos habla a nosotros. No existimos.
Necesitamos que se nos reconozca como sujetos únicos, y necesitamos también importarle al otro. Es decir, no se trata sólo de recibir atención desde un saber, sino de poder ser alojado por un ser humano que esté interesado en lo que nos pasa. Que tenga conocimientos, pero también tenga deseo y le pasen cosas como a todos.
“Si las respuestas son ostensiblemente prefabricadas, como las de un call center, entonces no nos habla a nosotros. No existimos“
La respuesta a las necesidades de salud mental está en la implementación y desarrollo de la ley nacional 26.657, para lo cual desde el colectivo Salud Mental y Democracia presentamos hoy en la Cámara de Diputados de la Nación 15 propuestas concretas.
La intención de que una IA pueda reemplazar la labor profesional en salud mental es, en última instancia, la extensión de un fenómeno que ha ido en aumento y es la aparición de pseudo-profesionales que han tomado algún curso de dudosa procedencia y se creen habilitados para atender algo tan complejo como la realidad humana y sus sufrimientos.
El riesgo es que frente a un gobierno nacional que hace alarde de la desregulación absoluta y del retiro del Estado, estas propuestas que necesariamente necesitan controles públicos, encuentren terreno fértil para multiplicarse.
Afortunadamente en este caso la rápida reacción de las asociaciones profesionales y las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires desestimaron esa oferta.
*Leonardo Gorbacz es Lic. en Psicología (MN 17558) y autor de la ley nacional de salud mental
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