La mutual israelita solicitó a la DAIA que se aparte de su rol de querellante en la causa iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y en la que CFK es la principal acusada. En una misiva, la entidad advirtió que ese proceso es "perjudicial para la comunidad". Los detalles del documento y las implicancias judiciales.
La noticia, adelantada por la Agencia Judía de Noticias (AJN) y confirmada a Tiempo por fuentes de la comunidad judía, causó conmoción y dejó al desnudo una gravísima diferencia de criterios en torno a la causa.
El pedido de la AMIA es, en concreto, que la representación institucional de la comunidad judía en la Argentina se desentienda, tácitamente, de la denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en el edificio Le Parc, del barrio porteño de Puerto Madero.
La AJN publicó un facsímil de la carta. La existencia de ese documento fue ratificada a este medio por otros representantes del credo judío que, sin embargo, no integran la comisión directiva ni de la AMIA, ni de la DAIA.
De acuerdo con el texto difundido, la permanencia de la DAIA como impulsora de la causa “es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica”.
“Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica. Cabe recordar que fue la oposición firme de la AMIA la que logró que el pacto de nuestro país con el enemigo de Israel nunca entrara en vigencia”, expresó la Comisión Directiva de la mutual judía en una carta enviada al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.
El texto deja entrever entrelíneas un argumento que fue sostenido por el juez federal Daniel Rafecas hace más de tres años, cuando resolvió archivar la denuncia de Nisman.
El Memo con Irán fue, en definitiva, una decisión política, cuyo acierto o error es ajeno a los Tribunales. Esas decisiones de los gobiernos se juzgan en las urnas y no en los estrados judiciales.
La AMIA tomó la decisión en un documento fechado el 15 de enero pasado. “La DAIA debe desistir de impulsar la causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum de entendimiento con Irán. La revisión de esa terrible decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la sociedad argentina y sus representantes”, argumentó.
La aceptación de la DAIA como querellante (hay otra querella, a cargo de dos familiares de las víctimas) fue la llave que permitió reabrir la causa que en dos oportunidades había archivado el juez Rafecas.
Al ser aceptada como querellante, la DAIA pudo pedir la reapertura de la investigación y, así, el juez federal Claudio Bonadio procesó y encarceló a media docena de personas, entre ellas el excanciller Héctor Timerman y al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.
Fuentes consultadas por Tiempo revelaron que dos factores recientes profundizaron las diferencias entre la AMIA y la DAIA: el desestimiento de la jueza federal de San Isidro y ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para seguir interviniendo en la causa por la muerte del padre de sus hijas, y el fallecimiento del excanciller Timerman, como una derivación de la falta de atención médica a la que se vio sometido por las idas y vueltas de la investigación.
El otro punto de diferencia parece girar en torno a una iniciativa para juzgar a los acusados iraníes por la voladura del edificio de Pasteur 633 sin que estén presentes en el debate. “AMIA no se ha expresado a favor del juicio en ausencia y que toda declaración acción o compromiso asumido por DAIA sobre ese tema u otro sin conocimiento y consentimiento de AMIA sería eventualmente desconocido por nosotros. Enfatizamos que el respeto mutuo es la única manera de preservar la unidad y la paz comunitaria”, sostiene el documento.
El pedido se conoce, además, horas después de que el extitular de la oficina política de seguimiento del juicio por el encubrimiento de la denominada “pista siria” del atentado, Mario Cimadevilla, difundiera un documento extremadamente crítico sobre la actitud del actual gobierno, en especial una supuesta intención de proteger a dos de los acusados, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
El gobierno desistió de acusarlos a ambos y, según Cimadevilla, fue por una instrucción que provino directamente del ministro de Justicia, Germán Garavano.
En ese contexto, la AMIA consideró “imperioso reforzar los mecanismos para mantener absoluta independencia de todas las instancias centrales de la comunidad”.
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