El manual de economía ortodoxa asocia la recesión con la desaceleración en la suba de precios. La realidad argentina indica lo contrario.
El índice de producción industrial del mes de julio mostró una caída del 5,4% interanual, lo que agrava un retroceso acumulado del 14,6% desde enero de 2024. Sectores clave como el textil, cuero y calzado, junto con industrias vitales como la automotriz y el plástico, continúan en declive, evidenciando la falta de dinamismo económico. Esta contracción no solo afecta al sector productivo, sino también a los trabajadores que dependen de estos empleos, lo que genera un círculo vicioso: menos empleo, menos consumo y, por ende, menos producción.
Por otro lado, el índice sintético de actividad de la construcción (ISAC) mostró una caída mucho más pronunciada: un 20,4% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, y un acumulado cercano al 31% entre enero y julio. La construcción es un sector clave por su capacidad de generar empleo y dinamizar la economía, pero la contracción en el consumo de materiales como cemento, hierro y asfalto reflejan la disminución tanto en la obra pública como privada.
Lo anterior se debe fundamentalmente a que el gobierno ha reducido notablemente su inversión en obras públicas, lo que afecta directamente a la generación de empleo. Según datos oficiales, casi 100 mil puestos de trabajo se perdieron en el sector de la construcción hasta junio de 2024, una cifra que evidencia la magnitud de la crisis. Sin inversión pública que motorice la inversión privada, la recuperación parece lejana, mientras los efectos sociales de esta situación se hacen cada vez más evidentes.
En este sentido, la falta de inversión es uno de los puntos más debatidos entre el gobierno y el sector privado. Desde el oficialismo, se ha hecho un llamado constante a los empresarios para que inviertan y así reactiven la economía. Sin embargo, si algo queda claro es que los empresarios, como clase social, no invierten de manera autónoma. La inversión privada no responde simplemente a un apoyo político o a la voluntad de un sector empresarial, sino que es inducida por el nivel de actividad económica y la demanda del estado. ¿Esto significa que no hay límites al crecimiento? De ninguna manera, la restricción más importante sigue siendo la falta de dólares. Pero este tema se abordará en otra oportunidad.
En definitiva, los empresarios no invierten simplemente porque apoyen a un gobierno u otro. Invertirán si hay demanda suficiente, y esa demanda, en la mayoría de los casos, es motorizada por el Estado a través de la obra pública, el consumo público y otras políticas expansivas. Sin ese impulso estatal como en la actualidad, la inversión privada queda paralizada, ya que los empresarios no arriesgarán capital si no ven un mercado robusto que justifique esa inversión. Por todo esto es que el economista polaco Michael Kalecki decía: “Los empresarios hacen muchas cosas como clase, pero no invierten como tal”
Dicho rápidamente, la teoría económica convencional sugiere que una recesión debería reducir la inflación al disminuir la demanda, pero el caso argentino demuestra lo contrario. A pesar de la caída de la actividad económica, la inflación sigue siendo un problema grave. El índice de precios al consumidor de agosto registró un aumento del 4,2%, impulsado principalmente por las subas en tarifas de servicios básicos como agua, gas y electricidad, que aumentaron hasta un 7%. Este incremento en los costos se traduce directamente en el precio final de los productos, lo que a su vez genera reclamos por perdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Lo mismo con el transporte que aumentó un 5,1%.
En este sentido, el salario al ser un precio que tiene un carácter dual de costo macroeconómico y fuente de demanda también juega un papel importante en esta dinámica. Mientras los salarios privados registrados han logrado algunos aumentos del 7 al 10% en ciertos sectores, las empresas trasladan estos incrementos al precio de los productos.
Por todo esto, el ministro de economía Luis Caputo está evaluando la posibilidad de no homologar incrementos salariales por encima del 2% a partir de octubre, reconociendo al menos empíricamente la inflación de costos. Aunque la economía se enfríe o incluso haya recesión, si los costos mencionados continúan en aumento, podría ser difícil perforar ese piso de inflación. ¿Lo logrará?
En suma, los precios macro que influyen en el conflicto distributivo y, por lo tanto, sobre la inflación en el contexto actual, son las tarifas y los salarios nominales. Por otro lado, los factores que contrarrestan (anclas) son el tipo de cambio, los precios internacionales y los alimentos. El desafío del gobierno es administrar esos precios para ir bajando la inflación, tarea que en Argentina siempre resultó compleja, siendo el tipo de cambio (hoy principal ancla) el que habitualmente se dispara, dando origen a nuevos incrementos de precios y mayor recesión. Además, la imposibilidad de conseguir fondos frescos para sostener el tipo de cambio nominal y el disciplinamiento a los trabajadores a través de los despidos y la fijación de pautas salariales podrían recrudecer el conflicto distributivo en el mediano plazo.
En conclusión, precios y cantidades asunto separado. Mientras la actividad económica no muestra signos claros de recuperación por las políticas implementadas, la inflación sigue siendo una amenaza persistente. Este doble golpe afecta directamente tanto a las familias como a las empresas, y si no se logran medidas concretas que impulsen la inversión y el crecimiento, la situación económica podría continuar deteriorándose, agravando aún más la calidad de vida de los argentinos.
*Economistas del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo de la Universidad Nacional de Moreno (CEEPYD-UNM)
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