A pesar de las presiones en contra, los jefes comunales de la oposción también respaldan la cuarentena "hard".
La Fase 1 que comenzará el miércoles tuvo una semana de arduas negociaciones. Más allá de las diferencias explícitas entre Kicillof y Larreta por los runners y los comercios, el acuerdo comenzó a caminar cuando acordaron en La Plata mirar la curva de casos y el nivel de ocupación de camas del Conurbano y de la Ciudad como un solo distrito. Lo más conflictivo, aseguran en la Gobernación, fue definir la fecha en que debía volver la cuarentena dura. La aceleración de contagios de la semana eliminó dudas: Provincia saltó de 1000 a 1600 casos diarios y CABA de 500 a 1000 contagios. «Los números fueron marcando las necesidades y no había margen para esperar. Ninguno de los dos estaba dispuesto a tener muertos en los pasillos de los hospitales», señalaron a Tiempo cerca de Kicillof y consideraron que los intendentes opositores finalmente también lo entendieron así: «Están asustados».
Algunas semanas atrás, con la curva todavía controlada, Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Gustavo Posse (San Isidro) y Julio Garro (La Plata), se quejaban con insistencia porque Kicillof no les habilitaba una mayor apertura comercial. Algo similar ocurrió en el interior, donde los jefes comunales que no tenían casos comenzaron a reclamar «mayor autonomía» para tomar decisiones, aunque luego tuvieron brotes y debieron retroceder de fase. En el gobierno asociaron esos reclamos a la reaparición de la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien pidió a los militantes por Zoom que «busquen votos» para 2021.
Tras el anuncio de la cuarentena estricta, que durará hasta el 17 de julio, Kicillof envió un mensaje a intendentes opositores al agradecerles «el acompañamiento» a las medidas, rescatar el «trabajo coordinado» y asegurar «haber zanjado muchas distancias». Es que el rol de los jefes comunales en cada distrito será clave en lo que hace a los controles para que el aislamiento de las próximas dos semanas sea efectivo.
El pedido de endeudamiento que envió Kicillof esta semana a la Legislatura seguro reavivará la grieta tras la cuarentena dura. Luego de retirar el proyecto que había remitido en mayo, el mandatario giró una nueva propuesta aunque con los mismos números: 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos para compensar la caída de la recaudación, pagar deuda con proveedores, y afrontar la inversión que demanda la pandemia.
A diferencia del proyecto anterior, este incluye un punto que la oposición venía reclamando como un guiño para avanzar: extiende de 6 a 18 meses el plazo para que los municipios devuelvan los recursos del «Fondo Especial de Emergencia Sanitaria» otorgados por el COVID-19.
Aunque no habrá sesión mientras dure la cuarentena estricta, el oficialismo ya comenzó la negociación para evitar que ocurra lo mismo que con la ley impositiva, cuando Juntos por el Cambio terminó forzando modificaciones -a favor de los cableoperadores y los puertos- que no estaban en los planes de Kicillof. Ocurre que el macrismo en el Senado posee un bloque de 26 legisladores sobre 46 de la Cámara y el oficialismo está siempre obligado a buscar consensos.
En este marco Kicillof aprovechó las reuniones con intendentes por la pandemia para comenzar a trabajar en los votos. Lo hizo con el intendente Miguel Fernández, quien preside el Foro de Intendentes radicales dentro de Cambiemos, y también con algunos vecinalistas que tienen votos en Diputados. La negociación más complicada estará con el PRO, cuyo foro de intendentes es liderado por Jorge Macri, quien quedó en el ojo de la tormenta en el verano durante la negociación impositiva. “Esperamos que no ponga en riesgo un endeudamiento del que también se ha visto beneficiado su Municipio”, advirtieron en el oficialismo.
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