El viernes envió a la Legislatura bonaerense el proyecto que contempla gastos por 1,9 billones de pesos. Juntos por el Cambio puede frenarlo en el Senado.
El presupuesto, que prevé gastos por 1,9 billones de pesos, una toma de deuda por 64.488 millones en moneda local, una pauta salarial del 32,4% y una fuerte inversión en obra pública, es el primero con el sello de Kicillof. Debido a la pandemia, este año se manejó con una prórroga del presupuesto 2019, el último de María Eugenia Vidal.
La ley impositiva, que ingresó junto al Presupuesto, prevé una suba de hasta 32% en los impuestos inmobiliario y automotor en el 99% de las partidas, en línea con la inflación oficial prevista, e incrementos más altos para las viviendas valuadas en más de 15 millones y autos por encima de los 5 millones de pesos. No prevé subas en las alícuotas de Ingresos Brutos para actividades productivas, excepto para los servicios financieros.
La negociación arrancará por la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos es mayoría, con 45 legisladores, y Cambiemos, la primera minoría, con 38. Los proyectos tomarán estado parlamentario en la sesión del próximo jueves y serán girados a la comisión de Presupuesto, que preside el diputado oficialista Juan Pablo De Jesús. Recién entonces comenzará el desfile de ministros de las distintas áreas a explicar cómo prevén ejecutar el gasto en 2021.
El gran escollo para el gobierno será, como siempre, conseguir los votos en el Senado bonaerense donde Cambiemos ostenta la mayoría -con un bloque de 26 legisladores sobre 20 del FdT- y tiene la llave para desbloquear el tratamiento de los proyectos, y la mayoría especial de dos tercios que requiere el permiso de endeudamiento.
Aunque hay silencio por ahora, los legisladores de Juntos por el Cambio ya comenzaron a mirar en detalle el articulado. En ese análisis tendrá un rol central la palabra del exministro de Economía, Hernán Lacunza, quien viene asesorando a los legisladores por expreso pedido de Vidal.
Uno de los reclamos será el de mayores recursos para los municipios, más aún teniendo en cuenta que 2021 es año electoral y que el presupuesto no incluye un fondo especial para las comunas. Este ítem es un clásico de cada negociación. De hecho, en agosto, el pedido de endeudamiento que envió Kicillof por 500 millones de dólares y 28 mil millones de pesos se destrabó luego de un acuerdo con los intendentes opositores.
En esa oportunidad, uno de los puntos clave fue la pulseada por los 4300 millones de pesos que fueron otorgados por la Provincia, como préstamos a tasa cero, a cada municipio por la pandemia. El Ejecutivo aceptó postergar la devolución hasta enero de 2021, por lo que ese vencimiento seguramente volverá a estar sobre la mesa.
El otro pedido que volverá a emerger es el del reparto de los cargos en organismos de control que, por «uso y costumbre», le corresponden a la oposición y que Vidal supo darle tanto al massismo como a un sector del peronismo. Se trata de una veintena de lugares arrancando por las sillas en el directorio del Banco Provincia que están vacantes, en Tesorería, en el Tribunal de Cuentas, en AUBASA y en otras empresas del Estado. Cambiemos ya le reclamó esos lugares a Kicillof apenas asumió, en diciembre y también durante el debate del último endeudamiento, pero el oficialismo no cedió.
La problemática que ya fue planteada y que atravesará la discusión es la presencialidad de las sesiones. Cambiemos viene pidiendo, desde hace ya varios meses, que la ley de leyes se debata con todos los diputados y senadores sentados en sus bancas. Actualmente, ambas cámaras sesionan de manera mixta, con los jefes de bloque en el recinto y, el resto, de manera virtual. El FdeT se resiste a cambiar la modalidad por la pandemia y también los gremios que representan a los trabajadores de la Legislatura.
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